El Ministerio de Capital Humano oficializó este jueves la creación del Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia, una iniciativa que transforma la lógica de las políticas públicas en la materia: por primera vez, los recursos nacionales se transferirán a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exclusivamente tras la verificación y certificación técnica del cumplimiento de metas concretas, como la reducción de estancias residenciales prolongadas, la implementación de sistemas de información nominal y la articulación intersectorial en casos de violencia o abuso sexual infantil.
El programa, aprobado mediante la Resolución 633/2025 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SNNyF), se sustenta en la teoría del cambio -herramienta inédita en políticas sociales argentinas- y establece cuatro hitos obligatorios para las jurisdicciones adheridas:
- registración y gestión de información,
- fortalecimiento institucional,
- monitoreo y evaluación, e
- intersectorialidad.
Cada provincia deberá presentar un Plan de Acción Provincial (PAP) que incluya, como mínimo, acciones contra siete problemáticas prioritarias: violencia en todas sus formas, acoso y abuso sexual infantil, ludopatía y consumos problemáticos, niños sin cuidados parentales, fortalecimiento familiar, desinstitucionalización y medidas de protección excepcionales.
El modelo respeta la autonomía provincial pero exige estándares mínimos nacionales: el nivel nacional actúa como rector, define lineamientos y certifica resultados, mientras que las provincias -más cercanas a las realidades locales- son responsables de la ejecución directa. El incumplimiento reiterado de metas puede derivar en la suspensión de pagos o incluso en la exclusión definitiva del programa.
Los fondos provendrán del Tesoro Nacional, del Fondo Nacional del Menor y la Familia (Ley 22.359) y de cooperación internacional, y se canalizarán mediante convenios de implementación con cada jurisdicción. Un Manual Operativo -a elaborar por la Subsecretaría de Políticas Familiares- detallará los procedimientos, plazos y mecanismos de control.
La medida busca revertir décadas de transferencias sin rendición de cuentas y garantizar que, en todo el territorio nacional, primen el interés superior del niño y el acceso equitativo a sistemas de protección eficaces, ágiles y centrados en la familia.
