La Cámara Federal de Posadas rechazó la apelación de Gendarmería al fallo que avaló la querella por daños y perjuicios que el alférez Ramón Silvera presentó contra la fuerza de seguridad, en noviembre de 2019, tras su absolución en noviembre de 2016 en el juicio por exacciones ilegales y concusión que se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
Los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú firmaron la resolución el 9 de octubre pasado y ratificaron la sentencia de mayo de 2024 que obligaba a Gendarmería Nacional (Estado) a reparar con la indemnización actualizada, lo que superaría los 500 millones de pesos.
Ramón Silvera fue acusado en 2009 por sus jefes de región por exigir coimas en el puesto de control vial que tenía a su cargo en El Arco de la ruta nacional 12, límite de Posadas con Corrientes.
En noviembre de 2016 fue juzgado y no solo le correspondió la absolución de toda culpa, también anularon toda la investigación realizada en Instrucción y se ordenó la apertura de un expediente que incluyó a tres ex altos mandos de la Agrupación IV “Misiones” de Gendarmería Nacional.
“Monchi” Silvera, como se lo conoce en su pueblo natal, Concepción de la Sierra, fue el primer acusado en llegar a juicio por “cohecho y concusión” en la historia de la Justicia Federal de la provincia.
Fue acusado durante el debate como autor del delito de “exacciones ilegales en la modalidad de concusión, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y la fiscal Vivian Andrea Barbosa solicitó una pena de dos años y seis meses de prisión y cinco de inhabilitación (artículos 266, 248 y 54 del Código Penal).
El TOCF-Posadas, conformado entonces por los jueces Norma Lampugnani, presidencia, y los vocales Manuel Alberto Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi, encontró errores en la instrucción de la causa del fiscal Manuel Tesoriero (fallecido), la que se inició a mediados de 2009 y sospechaba sobre el cobro de coimas a transportistas en el puesto de control fijo en el límite entre Misiones y Corrientes, pero también en otros tramos de la ruta 12, como en el ingreso a Candelaria.
Cada paso de la causa, juicio oral y posteriores demandas y fallos fueron informados por PRIMERA EDICIÓN. Entre ellos, la apelación fiscal a la absolución que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, cuyos ministros entonces -noviembre de 2018- Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti respondieron ratificando el fallo que absolvió al alférez el martes 15 de noviembre de 2016 por el TOCF-Posadas.
Con esta decisión judicial firme, Silvera insistió en su búsqueda de justicia y decidió demandar al Estado (Gendarmería) por el daño moral y los perjuicios que le causaron los años acusado y al borde de la cárcel y pérdida absoluta de su carrera en Gendarmería, donde sus calificaciones siempre fueron sobresalientes.
La demanda, entonces, fue por 14 millones de pesos a Gendarmería Nacional y al comandante mayor Alfredo René Erben, quien en 2009 era jefe de la Agrupación IV “Misiones” de la misma fuerza federal.
El planteo ratificado fue presentado por un grupo de abogados encabezado por Ernesto Báez. En la presentación se remarcó que la intención siempre fue la de “reparar los gravosos daños sufridos por Silvera, falsamente denunciado, imputado y llevado a juicio, que deben ser reparados tanto en su faz material como extrapatrimonial, en su honor y en su equilibrio emocional”.
La demanda ingresó al juez Federal de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y contencioso administrativo de Posadas, José Luis Casals. El monto preciso de la demanda es por 14.696.500 pesos, sujeto a la tasa de interés del Banco Nación al momento de la sentencia. La decisión del juez Casals fue firmada en mayo del año pasado y coincidía con el planteo querellante.
En el fallo de diez páginas de la Cámara Federal de Posadas, al que este Diario tuvo acceso, Mario Boldú destaca que “en cuanto a los montos de condena, la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó el criterio que establece que la indemnización por daño moral configura el denominado ‘precio del consuelo’… Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado” siendo el dinero el medio para intentar compensar, mediante satisfacciones o deleites, el desequilibrio emocional que produjo el hecho dañoso.
“Para determinar el monto condenatorio, respecto del rol social que cumplimos los jueces, debemos considerar las circunstancias que enmarcan cada caso”.
Al respecto vale recordar que, el alférez Ramón Silvera después de su absolución solicitó nuevamente funciones y cargo en la fuerza de seguridad y fue destinado a la provincia de Buenos Aires, al partido de La Matanza.
Retornó a Concepción de la Sierra en 2019 y durante un año la vivienda de su familia permaneció con custodia de la Policía Federal por las amenazas que sufrió su entorno tras el fallo absolutorio de 2016.
Continuó trabajando como gendarme, destacándose como investigador que permitió concretar múltiples secuestros de estupefacientes y detenciones relacionadas.
Sus calificaciones volvieron a ser de 100, como las sostenía en 2009, y fue destacado por jueces y fiscales federales de Misiones.
