Las entidades que integran el Foro Permanente de Discapacidad resolvieron un cese de actividades los días martes 21 y miércoles 22 de octubre, y una movilización nacional que partirá el miércoles desde la Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud. La medida busca exigir la aplicación efectiva de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso y suspendida por el Ejecutivo mediante decreto.
Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), explicó en FM de las Misiones que la protesta es la respuesta a una situación límite que afecta a instituciones, profesionales y familias en todo el país. “Desde comienzo de año hay cero por ciento de actualización de aranceles en discapacidad. Y los años anteriores se viene arrastrando un desfasaje bastante importante también”, señaló.
Según detalló, la ley de emergencia en discapacidad “fue aprobada en Diputados y Senadores, publicada en el Boletín Oficial y luego suspendida por decreto hasta que se aclare el origen de los fondos”. Goldman calificó esa decisión como una contradicción del propio Estado y sostuvo que “lo que pedimos no es nada que no tenga que ver con la aplicación de la ley. Pedimos la aplicación de la ley, nada más”.
El referente advirtió que las instituciones que atienden a personas con discapacidad se encuentran en colapso. Explicó que muchos centros de día y espacios terapéuticos están cerrando por falta de recursos y que “en la provincia de Buenos Aires, el veinte por ciento de los servicios ya cerró”. A ello se suma la pérdida de profesionales que abandonan su labor por la crisis económica del sector. “Profesionales se empiezan a dedicar a otra cosa porque no quieren seguir atendiendo a personas con discapacidad por las problemáticas que tiene el sistema hoy”, lamentó.
Goldman remarcó que la situación genera angustia en las familias, que temen no poder continuar con los tratamientos o apoyos. “Nos encontramos con testimonios de familias llorando, personas con discapacidad preocupadas por su futuro porque no saben qué va a pasar si esto no se resuelve”, afirmó.
El dirigente señaló que la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, debería ser el espacio de respuesta, pero hoy “no cumple ese rol”. Recordó que “las instituciones, los profesionales y los transportistas no tienen actualización de aranceles hace un año. Están percibiendo valores del año pasado y lo que se factura hoy se cobra a noventa o ciento veinte días”.
La movilización, que comenzará a las 11 de la mañana del miércoles, busca que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervenga para destrabar la situación. Desde el Foro se le exige que garantice el cumplimiento de la ley, dado que la aplicación depende de su cartera. Goldman sostuvo que “Mario Lugones es el máximo responsable de las políticas de discapacidad. De él depende la Agencia Nacional de Discapacidad, y lo que le pedimos es que cumpla la ley, porque está en contravención”.
El referente de CAIDIS también cuestionó la “falta de sensibilidad” del Gobierno Nacional ante el reclamo de un sector que considera desatendido. “Nos encontramos con un Ejecutivo Nacional que está enceguecido, que no escucha, que tiene un nivel de terquedad asombroso”, dijo. Sin embargo, confió en que “el pueblo se va a expresar” y que existe un amplio consenso social en torno a la necesidad de resolver el conflicto. “El setenta por ciento de la población argentina apoya la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. Quiere que se resuelva el tema”, expresó.
Goldman precisó que la ley no implica un gasto desmedido para el Estado. Explicó que “una de cada cuatro prestaciones se financia con el programa federal Incluir Salud, que cubre a treinta y dos mil afiliados”, mientras que el resto “se sostiene con la Superintendencia de Servicios de Salud, las prepagas y el PAMI”. En ese sentido, denunció que las actualizaciones se estarían frenando para proteger intereses privados. “Aparentemente no se está permitiendo hacer las actualizaciones de aranceles porque se está cuidando el bolsillo de estas grandes empresas, las privadas, que mientras tanto van generando un ahorro”, apuntó.
La convocatoria se replicará en distintas provincias del país. Según adelantó Goldman, ya confirmaron su participación organizaciones de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Salta, entre otras. “La situación en el interior es aún más difícil. Hay mucha dependencia de estas instituciones. No hay alternativas por fuera del sistema para las personas con discapacidad”, indicó.
