Durante la mañana y mediodía del sábado 30 de diciembre de 2023, cuatro posadeños habrían participado en maniobras de desvíos y comercialización de mercadería no perecedera destinada a familias en situación vulnerable de Posadas.
La denuncia la realizó un vecino del barrio Itaembé Miní que observó en el estacionamiento de un supermercado chino en el cruce de las avenidas 147 y 170 cuando un camión volcador ingresaba repleto de paquetes de yerba mate, arroz, leche en polvo, sal y aceite. Reconoció las marcas y alertó a un funcionario público allegado de la sospecha que se trataba de una maniobra de fraude, porque se alistaban a comercializar al contado la carga completa en el comercio señalado.
De inmediato se estableció que se trataba de insumos del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia que habían sido entregados a los referentes de una asociación civil de asistencia a sectores pobres. El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza y el vecino que alertó la maniobra denunciaron el presunto acto delictivo y se abrió la causa ante el Juzgado de Instrucción 6 de la Primera Circunscripción Judicial.
Un año y diez meses después, el fiscal de Instrucción 6, René Germán Casals, solicitó que el expediente se esclarezca en juicio oral y público por la configuración de un concurso ideal de delitos: “Defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta”.
La decisión a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, tiene como encartados a los hermanos Abel de Jesús, Ariel de Jesús y Fernando José Delgado, y Adán Antonio Zaleski. Los hermanos Delgado, como titulares de una cooperativa de ayuda a vulnerados, fueron acusados de ser quienes retiraron mercadería comestible del galpón de almacenamiento perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social en Comandante Rosales casi Uruguay de Posadas.
La mercadería fue transportada en un flete conducido por Zaleski y estaba destinada a familias sin recursos. Se trataba de arroz, fideos, harina, yerba mate, aceite, leche en polvo y sal para armar 850 bolsones o módulos alimentarios.
Los alimentos fueron sacados a las 10.30 y a las 12.30 parte de la mercadería fue vendida al encargado del supermercado chino. El resto fue almacenado en el domicilio de Abel de Jesús Delgado, dirección de la cooperativa Jordán. En cuanto a Zaleski, el fiscal Casals considera que fue partícipe necesario, mientras que a los restantes los imputa como coautores.
Para Casals: “El Estado depositó la confianza en el trabajo social que supuestamente hacían (los encartados) (…) Por lo que la venta de módulos alimentarios destinados a familias de extrema vulnerabilidad constituye un posible fraude a la administración pública provincial”. La pena prevista para el concurso de delitos es de dos a seis años de prisión.
