La semana que cierra no solo pasará a la historia por una nueva escalada en un escándalo político-judicial, sino por exponer el estado de desorden e inconsistencia que hoy define la gestión de Javier Milei. El caso del diputado y candidato a la reelección José Luis Espert, y sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado, se convirtió en una radiografía de la poca credibilidad del discurso oficialista. El guion de la crisis fue errático desde el minuto cero.
La primera respuesta de la “nueva política” fue un silencio total, roto recién el martes por un Presidente que intentó clausurar el debate con una frase lapidaria: “Son chimentos de peluquería.”
Pero lejos de calmar las aguas, esa declaración desató contradicciones internas que sepultaron la imagen de un Gobierno monolítico. En un quiebre público sin precedentes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pidió explicaciones a Espert, mientras Guillermo Francos reclamaba una “explicación clara”. La escena terminó mostrando un gabinete descoordinado, donde cada voz expone su propia versión.
El punto culminante llegó con la difusión de la transferencia por US$ 200.000, que confirmó la magnitud de la acusación. La puesta en escena oficial, con respaldos públicos y mensajes confusos, quedó opacada por un documento. La gestión libertaria convirtió un caso individual en una crisis de confianza colectiva. Lo que pretendía ser un sello de transparencia terminó siendo un espejo de improvisación. En paralelo, el frente económico sumó presión y dudas.
Tensión cambiaria y economía en alerta
Desde el lunes, la tensión cambiaria volvió con fuerza, desnudando las fragilidades del esquema actual. A pesar del “respaldo excepcional” de Estados Unidos y las intervenciones del Tesoro, el dólar retomó su escalada, mientras el Riesgo País volvió a niveles de default. La calma artificial se esfumó.
El fin del ciclo de liquidaciones extraordinarias de cerealeras dejó al descubierto la dependencia del plan oficial: de los US$ 6.300 millones ingresados, el Tesoro apenas pudo comprar US$ 2.200 millones. Un tercio, muy lejos de lo necesario para sostener la estrategia de reservas.
Los analistas coinciden: octubre será un mes difícil. La presión sobre el dólar se potencia con la acreditación de sueldos y pesos sin salida, lo que fuerza nuevas intervenciones. Cada venta de divisas sostiene un tipo de cambio que ya no convence a nadie y erosiona las reservas restantes.
En ese contexto, Luis Caputo se involucró personalmente, vendiendo entre US$ 200 y 280 millones diarios. Pero esa estrategia puede volverse un arma de doble filo: cada intervención sin rumbo alimenta la desconfianza.
La posibilidad de una devaluación controlada gana espacio entre los economistas. Para algunos, subir al techo de la banda flotante sería inevitable; para otros, un reconocimiento de la pérdida de control. En ambos casos, el costo político es enorme.
A mitad de semana, los mercados comenzaron a anticipar restricciones adicionales, tras los límites impuestos a las billeteras digitales, mientras el Riesgo País escalaba a 1.230 puntos, reflejo del creciente escepticismo.
El jueves trajo además un clima de desconcierto: los economistas advirtieron que sostener un tipo de cambio intervenido es inviable.
La pregunta que sobrevuela en la City es si el Gobierno podrá llegar a las elecciones sin un giro de rumbo o si optará por un endurecimiento del cepo.
El viernes, mientras la política digería el escándalo Espert, la economía confirmaba su propio temblor: la combinación de incertidumbre política y vulnerabilidad financiera conforma un escenario explosivo.
A pocas semanas de las elecciones, cada intervención para contener el dólar se percibe como una jugada desesperada. Cada contradicción pública erosiona el discurso de orden. Cada silencio oficial potencia la sensación de vacío. El Gobierno perdió el monopolio del relato.
El escándalo político mostró un gabinete fragmentado; el frente económico, una estrategia sin horizonte. En ambos casos, el denominador común es la fragilidad de la confianza.
Ofensiva comunicacional y daño político
Tras el temblor político, el oficialismo enfrentará una semana clave: reordenar la narrativa y reconstruir confianza. En Casa Rosada se espera una ofensiva comunicacional del entorno de Santiago Caputo, orientada a reinstalar la idea de “persecución política”.
Sin embargo, la credibilidad del mensaje será puesta a prueba por una oposición fortalecida, que prepara pedidos de informes y acciones legislativas sobre los vínculos entre Espert y Machado.
En lo económico, la atención estará en la reacción del mercado tras una semana de volatilidad cambiaria y dudas fiscales.
El desafío será recomponer autoridad y coherencia discursiva antes de que la crisis de confianza se transforme en una crisis política de mayor escala.
La lupa también se pondrá sobre el dato de inflación que se conocerá a mitad de semana.
El Gobierno apuesta a los precios como su activo visible, pero mantener la inflación a costa del enfriamiento económico podría ser un boomerang político.
En otras palabras, la política antiinflacionaria se convierte en un arma de doble filo: protege la estabilidad nominal, pero erosiona el consumo y la confianza.
El río no se vende: tensión en Misiones
En el ámbito local, la semana cerró con un conflicto que trasciende lo deportivo y toca el corazón de la soberanía territorial misionera.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) intimó a varios clubes náuticos de la bahía El Brete, en Posadas, a desalojar los predios donde funcionan hace décadas.
La excusa: reubicarlos en otro espacio menos estratégico y sin las condiciones históricas de seguridad y accesibilidad.
Pero detrás de ese argumento, se esconde un intento de privatizar patrimonio público.
Las versiones más firmes apuntan a emprendimientos turísticos y gastronómicos, lo que convierte el plan en un intento de desplazamiento simbólico y cultural.
Ante el repudio social, Yacyretá retrocedió parcialmente, postergando los desalojos y prometiendo diálogo.
En este escenario, la intervención del gobernador Hugo Passalacqua fue clave: repudió las intimaciones, ordenó a la EBY abstenerse de disponer de los terrenos e invocó la ley que faculta a Misiones a reclamar los espacios costeros.
El gesto marcó una defensa institucional del territorio frente a una entidad con autonomía que administra territorio además de energía.
El conflicto expone la tensión entre intereses públicos provinciales y decisiones unilaterales federales.
La disputa por los clubes náuticos simboliza la defensa de la identidad ribereña y el derecho a habitar el río como parte de la cultura local.
Presupuesto 2026 y respaldo político
El tema fue tan gravitante que opacó la aprobación del Presupuesto 2026, que volvió a ubicar a Misiones como la primera provincia del país en sancionar su ley de gastos.
El debate no estuvo exento de polémicas, tras el voto en contra de seis diputados (Miguel Núñez, Ariel Pianesi, Gladis Cornelius, Lilian Torres, Francisco Fonseca y Rosa Kurtz).
El hecho resulta llamativo, dado que la UCR y Cambiemos, partidos de origen de esos legisladores, votaron a favor de fondos para universidades y hospitales en el Congreso nacional.
“Darle la espalda a este presupuesto es darle la espalda a los misioneros”, advirtió el gobernador Passalacqua, quien además respaldó la candidatura de Oscar Herrera Ahuad rumbo al 26-O.
“Tiene cientos de virtudes… me interesa su coraje, su sensibilidad hacia la sociedad misionera y sus ganas de ejercer justicia social”, resumió.
El mensaje fue más que una bendición electoral: Misiones busca representación con voz propia ante un poder central que ignora el federalismo real.
