El triple crimen de Florencio Varela, que mantiene en vilo a la sociedad bonaerense, fue vinculado por el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, a una organización narcocriminal transnacional con operaciones en la Ciudad de Buenos Aires y puntos de venta distribuidos en el conurbano sur. La hipótesis oficial sostiene que un traficante prófugo habría planificado el ataque que terminó con la vida de tres jóvenes mujeres, en un hecho que sacudió a todo el país por la violencia y la brutalidad con que se ejecutó.
En ese marco, el especialista internacional en seguridad Daniel Adler advirtió que el crimen organizado se ramificó en los últimos años y logró camuflarse para infiltrarse en economías locales y sectores sociales vulnerables. Según explicó, la Argentina enfrenta hoy un escenario de alta peligrosidad en regiones portuarias y de frontera, donde el narcotráfico, el tráfico humano y el contrabando avanzan de manera sostenida. Adler sostuvo que la triple frontera entre Foz de Iguazú, Puerto Iguazú y Ciudad del Este es “la más porosa del planeta” y remarcó que la penetración criminal se profundizó desde 2018.
El especialista describió la manera en que estas organizaciones actúan con total desprecio por la vida humana. Señaló que “cosifican a las personas” y que quienes cometen estos delitos aberrantes lo hacen sin remordimiento alguno. En diálogo con FM de las Misiones aseguró que los niveles de violencia alcanzan grados extremos de mutilación y tortura, comparables con las prácticas de grupos armados que operaron en Colombia y otras zonas de conflicto. Para Adler, el país necesita acelerar medidas disruptivas que permitan enfrentar a estos “chacales” con estrategias de inteligencia y contrainteligencia más efectivas.
La preocupación por la impunidad fue otro de los puntos que subrayó. Al analizar el caso de Varela, el especialista consideró que “no puede existir sin algún grado de complicidad judicial, policial, municipal o política”. Aunque aclaró que se trata de minorías, advirtió sobre la existencia de “manzanas podridas” dentro de las instituciones, cuya presencia genera la convivencia necesaria para que el delito organizado se expanda sin control.
En relación a la investigación en curso, Adler recordó que la causa se encuentra bajo secreto de sumario en la provincia de Buenos Aires. Advirtió que la demora en la obtención de resultados concretos puede derivar en impunidad y reclamó celeridad para evitar que los imputados recuperen la libertad. “Ya vamos prácticamente para el séptimo día y todavía no tenemos al cabecilla capturado” señaló, al tiempo que sostuvo que los cuatro detenidos podrían salir si persisten en negarse a declarar.
El experto se refirió además a la Ley Antimafias, impulsada por la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich, como una herramienta adecuada para este tipo de escenarios. Explicó que la normativa establece penas máximas tanto para los jefes de las bandas como para los cómplices menores, lo que obliga a romper los pactos de silencio internos.
Otro aspecto alarmante señalado por Adler fue la participación de ciudadanos extranjeros en estas redes. Indicó que en la Ciudad de Buenos Aires el 45 por ciento de los vendedores de drogas son extranjeros, en Rosario la mitad de los sicarios proviene de otros países y que más del 60 por ciento de las llamadas “viudas negras” son de nacionalidad foránea. A su entender, la criminalidad importada eligió a la Argentina como territorio de expansión y eso impone la obligación de revertir la tendencia con políticas más firmes.
El especialista también vinculó la problemática con la falta de confianza en el sistema de denuncias. Aseguró que ocho de cada diez víctimas optan por no presentarse en fiscalías o comisarías, lo que limita la capacidad de planificación estratégica de las fuerzas de seguridad y favorece la planificación criminal. Incluso, recordó que en el caso de Varela las familias denunciaron la desaparición de las jóvenes y que recién varios días después la Justicia formalizó la búsqueda, lo que retrasó la investigación y derivó en un hallazgo tardío de los cuerpos.
Para Adler, el impacto del narcotráfico excede la violencia callejera y repercute también en la economía cotidiana. Mencionó que comercios en distintos barrios comenzaron a cerrar más temprano y que el miedo se extiende en la población. “Hoy se percibe pánico, no solo en La Matanza o en Florencio Varela sino en distintos puntos del país”, afirmó.
El especialista señaló que trabaja en un plan de seguridad que busca ser disruptivo y distinto a lo intentado en los últimos años. Explicó que se trata de un programa de noventa días con nueve fases de ejecución, que prevé estrategias de capacitación policial, transparencia institucional, técnicas de contrainterrogatorio y leyes específicas. “Con noventa días es suficiente para poder eliminar la amenaza que tenemos hoy y volver a ser un país seguro”, sostuvo.
Al analizar las causas estructurales, remarcó que el narcotráfico se fortalece en contextos de exclusión social, falta de educación y ausencia de oportunidades. Describió que existe una “cultura narco” que se difunde a través de canciones, videos y contenidos digitales, con capacidad de influir en jóvenes. Planteó como respuesta la necesidad de crear más escuelas de oficios y programas de inclusión que permitan reconstruir el tejido social fragmentado.
Finalmente, Adler sostuvo que cada asesinato destruye también a las familias de las víctimas y que el triple crimen de Varela “era ampliamente evitable”.
