El Gobierno confirmó que promulgará la ley de discapacidad, ratificada por el Congreso tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, aunque aclaró que no la reglamentará hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación. La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien explicó las razones detrás del retraso en la aplicación.
La ley fue impulsada por la oposición y contó con un respaldo masivo en ambas cámaras, superando en Diputados y Senado los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. Entre los apoyos se incluyeron incluso fuerzas que habían sido aliadas del oficialismo, reflejando un amplio consenso parlamentario en favor de la norma.
Francos explicó que la promulgación será un hecho formal, pero la reglamentación depende de un análisis previo para determinar cómo se aplicará la ley y, sobre todo, cómo se financiará. El jefe de Gabinete aseguró que se debe evaluar la correcta asignación de pensiones existentes antes de comprometer nuevos gastos y que este análisis será coordinado con el Presidente, el ministerio correspondiente y las comisiones del Congreso.
Además, Francos puso en duda la posibilidad de reacomodar partidas presupuestarias internas para contemplar los costos, aludiendo a la obligación del Congreso de indicar el origen de los recursos en la sanción de la ley. Afirmó que “no me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas”, y planteó la dificultad de decidir si recortar fondos de jubilados para destinarlos a discapacidad.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley podría implicar un aumento significativo en el número de beneficiarios, entre 493 mil y 946 mil personas, con un impacto fiscal de entre 1,89 y 3,62 billones de pesos, equivalente a entre el 0,22% y el 0,42% del PIB. Además, el financiamiento para compensaciones a prestadores y talleres de producción también representa un gasto considerable.
La norma fue impulsada en medio de una crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad, generada por el congelamiento de recursos y una caída en la cantidad de beneficiarios tras una auditoría cuestionada. Estas tensiones se acentuaron tras la revelación de un supuesto circuito de coimas entre funcionarios y droguerías durante la gestión de Diego Spagnuolo en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El impacto político de estos hechos fortaleció el apoyo parlamentario a la ley, que se había presentado antes de que las denuncias fueran públicas. Inicialmente, desde el oficialismo se sugirió la posibilidad de acudir a la justicia para impedir la aplicación de la norma, pero la decisión actual es promulgarla y postergar la reglamentación hasta acordar el financiamiento con el Congreso.
La ley
Uno de los puntos centrales de la ley es el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, que establece criterios de acceso basados en el Certificado Único de Discapacidad y condiciones socioeconómicas. Además, la prestación será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y se mantendrá compatible con empleo registrado dentro de ciertos límites de ingresos.
La normativa también fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Personas con Discapacidad, actualizando automáticamente los aranceles según el índice de precios al consumidor. Además, crea un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores del sector, con beneficios como la condonación de multas e intereses.
Finalmente, la ley refuerza el financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encargada de articular las políticas públicas en esta materia, buscando mejorar la atención y los recursos destinados a las personas con discapacidad.
Fuente: Infobae
