El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se refirió este miércoles a la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, y explicó las acciones legales que impulsó el Gobierno provincial para resguardar a las familias afectadas.
“Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para amparar y cuidar a los hermanos misioneros que están pasando por un acto de humillación, de vejación, con el personal y la política que llevó adelante el ANDIS. Yo nunca lo había visto, es algo impiadoso, espantoso, no tengo palabras”, expresó Passalacqua en declaraciones a la prensa en Salto Encantado
El mandatario provincial remarcó que “lo único que podíamos hacer seriamente, además de las declaraciones y todo lo que estamos haciendo, opinar, era actuar ante la Justicia, para que ellos se encuentren en algún momento delante de un juez y respondan por sus acciones. Y eso es lo que presentamos hace minutos en los federales”.
Consultado sobre las causas de la decisión nacional, señaló: “No lo sé. Hoy un funcionario no conoce la realidad de Misiones, no tiene idea del país, mucho menos del interior. Es una falta de sensibilidad total. Me pongo estresado con este tema, te juro, estoy explotado”.
A pesar de la tensión por la situación, el gobernador continuó con su agenda oficial y sostuvo que “lo otro, que es la justicia, veremos cómo responde”.
Contexto de la acción judicial
La presentacón del Gobierno provincial quedó registrada bajo el expediente Nº 2128/2025 “Misiones Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”. El recurso solicita a la Corte Suprema de Justicia el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones suspendidas, la liquidación de retroactivos adeudados, la nulidad de auditorías realizadas en la provincia y la adopción de medidas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.
Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que la suspensión de estas pensiones afecta gravemente a miles de familias en situación de vulnerabilidad, configurando una vulneración de derechos constitucionales y convencionales reconocidos tanto en la legislación nacional como internacional.
Asimismo, remarcaron que las auditorías implementadas por la Nación presentaron irregularidades y no contemplaron los ajustes razonables y salvaguardas previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este escenario, el Gobierno de Misiones subrayó que el recorte de prestaciones impacta directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias, dificultando el acceso a alimentos, medicamentos y tratamientos médicos. La acción judicial busca garantizar el pleno ejercicio de derechos y la continuidad de las ayudas sociales.
