Hipótesis: es menester y necesidad de cada presidente de la república convocar a la firma de un nuevo contrato o pacto social cuando las estadísticas no cierran y los resultados contradicen el discurso. Javier Milei no escapa a esa práctica, de hecho lo hizo en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en 2024, cuando anunció la convocatoria en Córdoba para firmar uno de diez puntos. Pero a diferencia de los anteriores pactos y contratos, el suyo se basa en la existencia de la “casta” y la “corrupción”.
Milei llegó al poder montado sobre la promesa de erradicar a la élite corrupta que se beneficia del Estado. Sin embargo, en lo que lleva de mandato, se acumularon casos que golpean de lleno sus fundamentos.
La promoción de la criptomoneda $Libra, maletas que pasaron controles aduaneros sin ser requisadas y los audios, el último capítulo de la saga de sospechas, comprometen gravemente la narrativa oficial. Diego Spagnuolo, exfuncionario y amigo de Milei, expuso un esquema de corrupción dentro de la ANDIS, implicando directamente a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, operador todo terreno.
Según las grabaciones, se realizaban “retornos” a través de sobreprecios en compras a la droguería Suizo-Argentina, que multiplicó exponencialmente sus ingresos con el Estado en un año. Mientras ocupaba su cargo, Spagnuolo habría intentado advertir al Presidente sobre esta corrupción, pero finalmente fue apartado junto a otros implicados.
La crisis golpea directamente al núcleo duro del Gobierno y genera sospechas internas en un contexto económico tenso. El programa enfrenta críticas. Para reducir la inflación, el oficialismo impuso una altísima tasa de interés con el fin de controlar la demanda de dólares y evitar una devaluación. Sin embargo, esta política encarece el crédito, afectando gravemente el desempeño de pequeñas y medianas empresas.
El creciente malestar económico también quedó reflejado en el Índice de Confianza del Consumidor que cayó catorce puntos en un mes. Si la economía sigue estancada, la frustración social podría amplificar el impacto de escándalos como el revelado por los audios de Spagnuolo.
El contrato social que promueve Milei está en severa crisis. Si las elecciones de octubre no lo dejan en buena posición, quizás se convoque a firmar algún pacto, pero ya no podrá basarse en la erradicación de la casta y la corrupción.
Contradicciones
En su derecho a defensa, que en principio se basó en el silencio absoluto, el Gobierno cometió una serie de incoherencias. Cual amateur en el uso de las redes (y no se trata de $Libra) Milei compartió el comunicado de la empresa que está en el centro del escándalo de los audios, una compañía que entre 2024 y lo que va de 2025 firmó al menos 250 contratos con los que facturó a nueve provincias (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán y CABA). En ese mismo período, las ganancias de la firma se multiplicaron 25 veces.
Con el escándalo en aumento, la estrategia cambió y se instaló la negación: “Los audios son falsos”, se defendieron. Duró apenas un día, al siguiente el Gobierno aseguró que “Spagnuolo miente”, reconociendo entonces que los audios son verdaderos.
Eran pocos y…
Además de Spagnuolo, quien ya presentó abogados y evalúa declarar en la causa, una exfuncionaria del PAMI y diputada suplente de La Libertad Avanza ratificó una denuncia por corrupción dentro del organismo previsional, y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina.
Según Viviana Aguirre, Milei está al tanto de todo pero “no hace nada”, mientras que Karina Milei es señalada como la responsable de recaudar dinero mediante prácticas irregulares, como la venta de candidaturas. Aguirre relató que antes de asumir como directora del PAMI, le exigieron entregar un millón de pesos mensuales en efectivo y firmar documentos ilegales. Al negarse, fue desplazada y nombrada como coordinadora contable. Desde allí, asegura haber recopilado pruebas de un esquema de corrupción basado en sobreprecios en insumos médicos, geriátricos y farmacias, que según ella, se multiplicaron durante este gobierno.
A pesar de haber confiado profundamente en Milei -al punto de tatuarse su fecha de nacimiento-, Aguirre afirma sentirse traicionada.
Conviene decirlo: las contradicciones no son nuevas, de hecho vienen de vetar las leyes sancionadas en una sesión que juzgaron inválida. Lo que sorprende es la acumulación.
Riesgo K (arina)
De la mano de los escándalos y el enfriamiento de la economía, crecen los cuestionamientos contra otro eje del relato económico: que el superávit fiscal protege a la Argentina de una crisis. Más allá del precio del superávit, de quienes lo pagan y de la inconsistencia de los resultados, se acumulan las preocupaciones del mercado y de quienes más o menos entienden de costo-beneficio.
El “riesgo kuka”, al que apela el Gobierno al menos dos veces por día, no alcanza a explicar la volatilidad financiera y las fallas del propio plan. A la vista de todos están las inconsistencias del esquema cambiario, los problemas de acumulación de reservas, las tasas de interés muy altas, el deterioro en la confianza del consumidor y del crédito, el riesgo país que se acerca a los 800 puntos, la morosidad bancaria, la caída del consumo y la suba de las tasas y de los contratos futuros del dólar… datos, no opinión.
Dos gigantes financieros también lo observan. JP Morgan bajó su proyección de crecimiento para Argentina. Morgan Stanley apeló a una elaborada metáfora: “Similar a la experiencia de Luke Skywalker en Star Wars, puede que los inversores en Argentina tengan que creer en la fuerza pese a que no la vean”.
El Gobierno, en tanto, le saca hasta la última gota al “riesgo kuka” y exhorta al optimismo. Luis Caputo insiste en que la causa de la tensión financiera es el temor del mercado al regreso del kirchnerismo. Confía en que un triunfo electoral oficialista hará que el riesgo país baje a 400 puntos. Defiende la política fiscal y considera que el efecto de las tasas altas es transitorio.
Pero las pruebas que desnudan problemas endógenos del plan económico son cada vez más claras. Los analistas, que antes pedían paciencia, ahora dudan del supuesto superávit fiscal (algunos estiman un déficit real de 1,6% del PBI), cuestionan el desarme de instrumentos financieros como las LEFI sin alternativas viables, alertan por una expansión monetaria encubierta y por la caída de depósitos, lo que refleja menor confianza en el peso.
Más datos de la semana ponen bajo la lupa eso que el Gobierno llama “éxito”. Según la consultora Orlando Ferreres, la actividad económica argentina sufrió una caída del 1% respecto a junio, marcando su segundo peor descenso en lo que Milei lleva como Presidente. Esta caída se produjo en un contexto de fuerte volatilidad cambiaria y alza de las tasas de interés, factores que frenan el consumo y la inversión.
Distintas consultoras también reportaron un enfriamiento económico para julio, atribuible a la caída de los salarios reales y al aumento de las tasas de interés, que pone en riesgo el crédito, motor clave para la recuperación económica reciente. Esto podría derivar en mayor morosidad y menor financiamiento empresarial.
Las dudas también se acumulan en un actor esencial para el país. Según el último Ag Barometer Austral, el ánimo del productor agropecuario cayó otra vez: bajó 1,5% en julio-agosto y ya acumula una baja del 15% en lo que va del año.
El presente pinta complicado. Lo que más preocupa es la caída en las ganas de invertir: en solo ocho meses se desplomaron un 59% las expectativas de compra de maquinaria, infraestructura o genética. Hoy, dos de cada tres productores creen que no es momento para apostar fuerte. Ni la temporal baja de retenciones alcanzó para levantar el ánimo. El agro sigue guardando soja y maíz: el 76% no vendió todo, y el 30% ni puso precio. ¿La razón? Se financian con granos, porque el crédito es carísimo (tasas altas… campeón) o no existe.
Esquirlas
Las contradicciones que mellan la base del oficialismo tienen efecto expansivo en el país. El Gobierno nacional ahora revisa las bajas de pensiones por discapacidad y admite que hubo errores en la anulación de más de 110 mil beneficios.
En Misiones, por caso, la suspensión masiva de pensiones impulsó la respuesta de la Provincia que se presentó ante la Justicia Federal para frenar los procedimientos viciados. Citaciones que no llegaron, sedes improvisadas, domicilios inexistentes, verificaciones que no se hacen y otras irregularidades denunciadas por este Diario en varias ediciones explican la enorme cantidad de bajas.
Y si de irregularidades se trata, qué decir de las condiciones de precariedad laboral extrema detectadas en establecimientos agrícolas en la zona centro de Misiones. La situación quedó al descubierto en pleno debate sobre la desregulación que aplica la Nación y de la que se sirven los eslabones más poderosos de las cadenas productivas que a diario reclaman reducción de impuestos y acceso a financiamiento, mientras pasan los años y se siguen encontrando emprendimientos como el descripto al principio de este párrafo.
A propósito del sector productivo, al cierre de la semana en Campo Viera, la CoProTé consensuó el precio garantía del brote de té a 95 pesos por kilo, puesto en secadero, para una zafra que irá del 1° de octubre al 31 de mayo.
