El Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción firmó ayer uno de los fallos sobre delitos contra la integridad sexual sin antecedentes en la historia judicial de esta provincia. Un abuelastro y dos tíos de una niña la sometieron y encubrieron las violaciones reiteradas durante siete años bajo amenazas con matarla a ella y a su madre si rompía el silencio. Fueron condenados a 18 años de prisión un tarefero de 48 años, a seis un joven de 28 y a cinco años y once meses su hermana de 31.
La sentencia de César Antonio Yaya, presidente, Gregorio Augusto Busse y Marcela Alejandra Leiva, fue leída ayer pocos minutos después de las 13 en la sala de audiencias de calle San Martín casi 25 de Mayo, en el microcentro posadeño.
Al veredicto arribaron luego de tres jornadas de debate por el que transitaron testigos, peritos y se analizó el relato de la menor que rompió el silencio en 2019 y se inició la causa con la intervención de la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IX.
Del expediente se remarcaron los períodos y hechos respectivos y que apuntaron a 2012 cuando la niña tenía 5 años y comenzó a sufrir el acoso y manoseo del tarefero pareja de su abuela.
Cuando la niña cumplió 9 años, los abusos se agravaron aún más y comenzó a ser víctima de ultrajes sexuales con acceso carnal, también reiterados pero ya no solo con un victimario. El tío, hoy de 28 años y también tarefero como el abuelastro de la menor, se sumó a las violaciones en varios puntos de la vivienda y predio donde residían en Jardín América, pero que PRIMERA EDICIÓN se reserva aportar más datos para no facilitar la identificación y revictimización.
La menor fue sometida en la habitación del abuelastro, entre vegetación próxima y en otras dependencias de la vivienda mientras su madre no se encontraba. Pero el silencio de la víctima fue logrado en base a las amenazas de muerte que incluyeron golpes y gritos por parte de su tía, y hasta la situación extrema en la que le apoyó un cuchillo en el cuello para que callara lo que su tío y el abuelastro le hacían.
En 2019, cuando cumplió 12 años, la niña pudo hablar y obtuvo la contención necesaria para escapar del literal calvario de miedo y abusos.
El relato de la menor fue ratificado mediante Cámara Gesell y los rastros de abuso fueron confirmados por los profesionales de la salud que intervinieron en su momento.
Los derechos del encartado de 48 años fueron representados por el defensor oficial Mario Ramírez, mientras que el tío (28) de la menor abusada, fue apadrinado en debate por el también defensor oficial, Esteban Duarte Herrera. La mujer de 31 años contó con el abogado particular Norberto Kubizen como defensa.
La acusación correspondió al fiscal del TP-2, Vladimir Glinka, quien alegó ayer durante poco más de una hora, no solo con el relato detallado de los siete años de padecimiento de la víctima, sino puntualizando la responsabilidad de cada uno de los acusados.
Los jueces mencionados coincidieron con las calificaciones planteadas por Glinka y con mínimas variaciones respecto a la cantidad de años de pena.
De esta manera el fallo indicó: 18 años de prisión (el fiscal pidió 20) para el abuelastro por “abuso sexual simple, varios hechos, abuso sexual con acceso carnal, dos hechos, todo en concurso real”. Respecto al tío se determinaron 13 años de cárcel por “abuso sexual simple varios hechos, abuso sexual con acceso un hecho, todo en concurso real”. Y para la tía de la menor: cinco años y once meses por “coacción agravada”, computándose como cumplida la condena. Vale aclarar, que los tres encartados fueron detenidos en julio de 2019, pocos días después de la denuncia de la progenitora de la víctima y en esa situación llegaron a juicio.
El relato de la menor en Cámara Gesell puntualizó episodios de abuso que no pueden ser alcanzados por ningún adjetivo. El tío sometiendo a la sobrina con 9 años y la tía observando el acto y obligándola a no contar nada a nadie blandiendo un cuchillo de cocina y repitiéndole que lo mismo, la muerte y desaparición del cuerpo en una letrina atrás de la casa, le ocurriría a su madre.
El silencio se rompió con la ayuda clave de la Comisaría de la Mujer de Jardín América, las pericias judiciales posteriores, y la labor del fiscal Glinka que no dejó puntos grises durante la producción de prueba en debate y la contundencia al momento de alegar y pedir condena.
