El juicio a los cuatro agentes aduaneros imputados por asociación ilícita, cohecho, contrabando e incumplimiento de funcionario público, finalizó durante la tarde ayer con un veredicto condenatorio para los cuatro encartados.
Bernardino Castor Esquivel (51, nacido en Clorinda, Formosa) a seis años de prisión como miembro de una asociación ilícita coautor de cohecho (coimas) en concurso ideal e inhabilitación perpetua para cargos públicos; Francisco Antonio Llorente (64, Paso de los Libres, Corrientes) a cinco años por los mismos delitos. Respecto a Orlando Ariel Alfonso (56 y oriundo de Lomas de Zamora, Buenos Aires) a cinco años de cárcel por las mismas calificaciones de Castor Esquivel y Llorente, pero también por contrabando de importación agravado como coautor y a René Lorenzo Juárez (68, bonaerense de Lanús) a tres años de prisión de ejecución condicional, por idénticas acusaciones a los dos primeros mencionados.
El debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas se inició el martes 6 de mayo y declararon como testigos efectivos de fuerzas de seguridad federales y provinciales quienes marcaron los procedimientos contra el contrabando que realizaron entre abril de 2016 y octubre de 2017, además de las escuchas que fueron solicitadas por el Juzgado Federal de Posadas a instancias del administrador aduanero de esta capital entonces, Fernando Garnero, quien denunció que los agentes de Aduana no cumplían con su función pública y facilitaban el contrabando de mercaderías a través del puente San Roque González de Santa Cruz.
La sentencia fue leída ayer a las 18 por Enrique Jorge Bosch, presidente subrogante del TOCF-Posadas, acompañado por los vocales Fabián Cardozo y Manuel Alberto Jesús Moreira. Pero fue el cierre de una extensa jornada para cerrar alegatos, que se iniciaron el lunes en la sala de audiencias de calle Félix de Azara, casi Catamarca.
Los jueces también aceptaron el juicio abreviado acordado por la fiscal del TOCF-Posadas, Vivian Andrea Barboza, con Miguel Ángel Jara, pasero acusado por un hecho de contrabando agravado, marzo 2017, en el que intervino el aduanero “Kiwi” Alfonso dejándolo pasar sin revisarle el vehículo que transportaba mercadería por 17 mil dólares, tal como lo descubrieron los gendarmes del Escuadrón 50 en la salida del puente internacional.
Para Jara la condena fue de tres años de prisión en suspenso y bajo un régimen de obligaciones que, entre otros detalles, le exige al sentenciado finalizar el colegio secundario.
Bosch, Cardozo y Moreira coincidieron también en que para que los cuatro aduaneros reparen el daño al Estado deberán reponer el aforo que deberá estimar ARCA-Aduana por todo lo secuestrado en los procedimientos para interceptar vehículos con contrabando, que se realizaron mientras eran investigados.
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“Ojo entrenado”
La última jornada de juicio se inició a las 9.30 con los alegatos de la defensa de “Indio” Juárez y “Kiwi” Alfonso, encabezada por Ramón Oscar Camargo, que insistió en sus planteos preliminares de nulidad del proceso que desembocó en el juicio y que se inició en abril de 2016 con la investigación solicitada por el jefe aduanero, Garnero.
Camargo cuestionó a los testigos del debate, principalmente a los efectivos de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Misiones, que intervinieron en los operativos que detectaron vehículos cargados con mercadería procedente de Encarnación y que no eran revisados en los turnos de los cuatro encartados.
Solicitó nulidades de las actas por diferencias de tres minutos marcadas entre el registro del video de seguridad que lo incrimina a Alfonso sin controlar el vehículo de Jara, por ejemplo.
Cuestionó que los efectivos del Escuadrón 50 de GN no debían apostarse en la zona primaria y realizar controles a los automóviles ya “observados”. “Se extralimitaron”, resumió.
Pero también enfatizó que “no se podía ordenar abrir todos los baúles de todos los autos (…) el principio de selectividad es esencial para los controles aduaneros. Los guardas están entrenados para observar y determinar un vehículo sospechoso. Por ejemplo, Juárez es experto en detectar con mirar nomás si un automóvil es robado. Los controles de aduana deben ser aleatorios y selectivos”.
Para Camargo las escuchas ordenadas por el Juzgado Federal de Posadas entre 2016 y 2017 “son nulas porque no se pudo determinar su autenticidad”.
Si bien Carmargo desdobló los alegatos, arrancó con Alfonso y finalizó con Juárez, para ambos su pedido fue de “sobreseimiento para todo lo actuado” por la Justicia.
Roberto Benítez, como padrino legal de Bernardino Castos Esquivel, lo definió como “el más premiado de los agentes aduaneros del país” y pidió su absolución total.
Al igual que Camargo, instó al tribunal a que anule todo lo actuado a partir de las escuchas, las que calificó de “violatorias de la intimidad”. Su alegato se apoyó en fallos de jurisprudencia y recortes de diarios formoseños en los que se destacaban breves notas con imágenes de decomisos de drogas y cigarrillos en los que participó Castor Esquivel como “fondeador” (descubridor de dobles fondos y compartimentos con contrabando) de transportes.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 24 de septiembre y los defensores podrán recurrir las condenas respectivas.
