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Aniversario del CEMOAS de Oberá: “El consumo de pedra es el principal desafío”

El espacio de contención de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley cuenta actualmente con ocho menores de 11 a 15 años, con ingreso permanente debido a medidas judiciales de protección.

25 agosto, 2025
CONMEMORACIÓN. El dispositivo comenzó a funcionar el 18 de agosto de 2022.

CONMEMORACIÓN. El dispositivo comenzó a funcionar el 18 de agosto de 2022.

El Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento (CEMOAS) de Oberá celebró su tercer aniversario de trabajo en contención de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Se trata de un dispositivo de abordaje inaugurado en 2022 que este año registró 23 ingresos, en su mayoría vinculados al consumo de sustancias o la vulneración de derechos.

Actualmente, el CEMOAS contiene a ocho menores, de 11 a 15 años, que permanecen alojados allí por medidas de protección, a la espera de que sus procesos judiciales se resuelvan y deban retornar con sus familias. Mientras tanto, trabajan con acompañamiento médico y psicológico para retomar sus trayectorias educativas y sociales.

Panorama de ingresos

La directora del CEMOAS de Oberá, Andrea Ribeiro, precisó a PRIMERA EDICIÓN que actualmente en el centro de asistencia permanecen ocho menores de entre 11 y 15 años, que se encuentran allí “por medidas de protección que dictó el Departamento de Niñez municipal o el Juzgado Familiar por alguna vulnerabilidad de los derechos”.

Una vez que ingresan al centro, los menores reciben una revisión médica y son entrevistados por un equipo interdisciplinario conformado por una psicóloga y una asistente social, quienes “abordan o sugieren tratamientos a seguir tanto para el menor como para la familia”, precisó Ribeiro.

Por normativa, los menores deben permanecer 24 horas alojados en el centro; luego de ese período deben ser restituidos a sus padres o tutores. Sin embargo, la directora mencionó que “en algunos casos están alojados unos días más por causas de investigación, porque no pueden estar con sus familias, esto lo maneja el Juzgado Correccional”.

Sobre su procedencia, contó que es variada: “Hay chicos de la localidad de Andresito, dos de Dos de Mayo, de San Vicente, Oberá y también de Panambí”. Y precisó que los procesos judiciales pueden incluir a miembros de la familia como a los niños ya adolescentes alojados.

Como estos menores permanecen allí por un tiempo más prolongado, en el centro reciben asistencia psicológica y son acompañados las 24 horas por personal de la guardia de prevención.

Además, apuntan a sostener sus trayectorias educativas: tres de ellos asisten al Hogar de Día para terminar sus estudios, otros tres asisten a escuelas de la zona y los restantes “por cuestiones burocráticas, falta de papeles, están sin estudiar, pero hacen talleres de formación”, detalló Ribeiro.

En lo que va de 2025, ya ingresaron 23 menores a este centro, que según Ribeiro tiene la particularidad de esta doble modalidad de trabajo. “Llegan menores en conflicto con la ley y admitimos chicos con medidas de protección. Trabajamos en conjunto con la Municipalidad todo el tiempo y por eso se hace más fácil el tema de la salud, la educación, el traslado al Hogar de Día para que continúen o empiecen a estudiar”, sintetizó.

Desafíos

Ribeiro aseguró que, tras tres años de trabajo, el desafío más importante es el consumo de sustancias, de la mano con un entorno familiar en situación de vulnerabilidad. “Es el problema número uno que afecta a los jóvenes y niños hoy por hoy, además de la vulnerabilidad de la familia, que muchas veces no acompaña al menor”, contó la directora.

Según Ribeiro, los menores que son admitidos llegan “con consumo de esta nueva droga pedra, o marihuana, sustancias que se consiguen fácilmente y a precios bajos, por lo tanto son las que más abundan”, dijo.

Ese consumo problemático se interrelaciona con la comisión de otros delitos, como robo y hurto, lo que sumado al contexto familiar vulnerable explica los casos de recaídas o reingresos recurrentes dentro de lapsos cortos de tiempo.

“Hemos registrado varios ingresos repetidos, chicos que evidentemente no salieron de la problemática de consumo y siguen cometiendo delitos. En cada caso son admitidos, llegan dos o tres veces y uno ya va conociendo las caras”, explicó Ribeiro.

En ese contexto, el CEMOAS se convierte en un espacio clave para trabajar en hábitos de higiene personal, estudio y responsabilidad. “Inculcar hábitos es lo primordial. Una vez que llegan al centro tienen que mantener limpio su sector, colaborar con la limpieza del predio y a la larga se ven los resultados, gracias a la perseverancia del personal y al trabajo de los menores”, aseguró.

Por último, destacó que la proyección a futuro es fortalecer los lazos con otras instituciones para mantener  el acompañamiento más allá de las 24 horas (o más) que los menores permanezcan en el centro, como así también que continúe la baja de ingresos que registran en los últimos años.

“En el 2022, cuando se creó este CEMOAS, se registraron en total 123 ingresos, en el año 2023 hubo 77. En  2024 hubo 70 y en lo que va del 2025 tuvimos 23, es un descenso importante”, precisó la directora.

Conflicto con la ley y consumo problemático

El secretario de Prevención de Adicciones de la provincia, Roberto Padilla, destacó sobre el modelo del CEMOAS que Misiones “es la única provincia que tiene un dispositivo con estas características” y que “el rol de contención es sumamente valioso” para enfrentar dos problemáticas enlazadas: conflicto con la ley y consumo problemático.

“Muchas provincias todavía no saben cómo abordar esta temática. Los niños, niñas y adolescentes que tienen un conflicto con la ley, por lo general cuando roban o hurtan lo hacen para conseguir la sustancia”, aseguró Padilla. 

De acuerdo al funcionario, la construcción de un proyecto de vida, a partir de la inserción escolar y laboral, es la clave para superar ese escenario. “En los CEMOAS detectamos si ese menor está escolarizado o no, muchas veces tiene un conflicto con su familia y el tutor de referencia no aparece. Generar esa contención, ese acompañamiento del día a día es fundamental”, aseguró.

Y sobre el acompañamiento escolar mencionó que “muchos han terminado sus estudios tanto primarios como secundarios dentro de los CEMOAS, porque la educación es un derecho y nosotros lo vemos como tal”. “Es clave sostener esto a largo plazo, evitar recaídas, y eso se logra a través de la tarea territorial de los cuatro CEMOAS”, detalló Padilla. La creación de un quinto espacio de este tipo, consideró, permitirá abordar “casi la totalidad” de las jurisdicciones provinciales.

“El desafío del acompañamiento a estos jóvenes es rotundo. Cada menor es una historia, cada historia de vida es muy particular y si bien a veces hay un hilo conductor que pueden ser los problemas con la familia, la rebeldía o algún consumo, nosotros buscamos no estigmatizar a ese joven”, cerró Padilla.

 

Tags: #OberáCEMOASConsumo problemáticoPedra
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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