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Convicto por homicidio se negó a regresar de su salida transitoria

Juan Carlos de Olivera (45), fue arrestado en la casa de su hermana en Aristóbulo del Valle. Cumplía pena por haber asesinado a Obaldo Piriz (59) en julio de 2016.

19 agosto, 2025
ENCONTRADO. La policía respondió al alerta del Servicio Penitenciario.

ENCONTRADO. La policía respondió al alerta del Servicio Penitenciario.

El 16 de julio del 2016, un hombre fue hallado asesinado en el fondo de una letrina en una chacra de las afueras de Aristóbulo del Valle. La Justicia identificó al autor y lo condenó por el homicidio. Este ya gozaba de salidas transitorias de la cárcel y al no regresar fue ubicado y detenido.

Juan Carlos Olivera (45) cursa el final de su condena por el crimen de Obaldo Piriz (59) y en la noche del domingo debía regresar a la Unidad Penal II de Oberá. El sábado había salido y tenía la obligación de regresar a las 17, pero a las 21.30 el Servicio Penitenciario alertó a la policía para encontrar al condenado.

Efectivos de la Unidad Regional XI comenzaron las averiguaciones acerca de dónde podía encontrarse. Fueron hacia el domicilio de su pareja en Aristóbulo del Valle pero el resultado fue negativo. Siguieron la búsqueda y sí lo hallaron en la casa de su hermana.

Olivera manifestó que simplemente no pudo volver al Penal puesto que no tenía dinero para el pasaje. Fue detenido y trasladado para quedar nuevamente bajo custodia del Servicio Penitenciario.

El hecho de no haber regresado voluntariamente, le deparará consecuencias. Fuentes consultadas por este Diario señalaron que perderá el beneficio de las salidas transitorias y deberá cumplir la totalidad de tiempo que le resta de pena en prisión.

Olivera fue condenado por el Tribunal Penal de Oberá a la pena de 14 años de prisión, luego de homologar el juicio abreviado que había acordado su defensa con la fiscalía ante el Tribunal.

Se había declarado culpable de asesinar de un disparo a Obaldo Piriz, quien era su compañero de trabajo como cuidadores de una chacra en Picada Belgrano.

En la mañana del sábado 16 de julio de 2016, el encargado fue al lugar y no encontró a ninguno de los dos empleados. Observó que había desorden.

La puerta del baño tipo letrina estaba cerrada por lo cual fue a ver si alguien estaba dentro. Sí, allí estaba Piriz, pero hundido en el hueco a un metro y medio de la superficie en medio de excrementos.

Avisó a la policía y al extraer el cuerpo, el médico de la fuerza informó que el cadáver presentaba una lesión similar a la de arma de fuego en el hueso occipital, es decir, un disparo en la nuca.

Respecto al autor, las averiguaciones indicaron que la noche anterior, Piriz estuvo en compañía de Olivera. Cuando dialogaron con él dio una coartada inverosímil, por lo cual lo arrestaron como sospechoso. Le hicieron el test de parafina y este dio positivo.

Entre sus ropas tenía la suma de 6.400 pesos. Los investigadores estimaron que el dinero fue producto de la venta de las dos escopetas que había en la vivienda que como cuidadores ambos ocupaban. Las mismas nunca fueron halladas.

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Tags: Aristóbulo del Vallecrimen de Obaldo PirizUnidad Penal II de Oberá
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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