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Piden reconocer como crimen de lesa humanidad el asesinato de Carlos Tereszecuk

Solicitaron que se establezca el arrojamiento de cuerpos al Rio Paraná como una práctica sistemática del terrorismo de Estado.

12 agosto, 2025

La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó a la jueza federal Zunilda Niremperger el dictado de una resolución que reconozca el derecho a la verdad en el caso de Carlos Enrique Tereszecuk, víctima de un homicidio considerado crimen de lesa humanidad. El requerimiento busca establecer que fue secuestrado por razones políticas a principios de noviembre de 1976, alojado y torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia, para luego ser asesinado y arrojado al río Paraná, con posterior sepultura como NN en el cementerio de Empedrado, Corrientes.

El pedido incluye que se determine el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una práctica sistemática del terrorismo de Estado. La solicitud se enmarca en el fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976 —los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero— y la imposibilidad de avanzar en la identificación de otros responsables.

Los familiares, en calidad de víctimas de un crimen de lesa humanidad, reclamaron una sentencia que reconstruya los hechos con un sentido reparador y que aporte a la memoria histórica. La Fiscalía respaldó el pedido con fundamentos en doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, basándose en los juicios por la verdad de los años 90 y el precedente Martinelli.

Historia de vida

Nacido en Posadas en 1952, Carlos Enrique Tereszecuk inició estudios para sacerdote en el Seminario de Fátima de Córdoba, que luego abandonó. Tuvo una activa militancia estudiantil y política en Misiones, siendo electo en 1974 vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones. En 1975 participó en la campaña electoral del Partido Auténtico y fue secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.

En su rol legislativo trabajó junto a gremios, comisiones barriales, colonos, tareferos y trabajadoras de casas particulares, redactando proyectos de ley para la protección de sus derechos. En 1975 sufrió un intento de secuestro por parte de civiles armados en la Cámara de Diputados, logrando escapar y pasando a la clandestinidad. En 1976 se refugió en Corrientes, hasta ser visto como detenido político, muy torturado, en la Jefatura de Policía de Resistencia.

Tras el regreso de la democracia, su hermano Norberto denunció el caso ante la CONADEP y el Juzgado Federal de Resistencia.

Reconstrucción de los hechos

Según la prueba reunida, Tereszecuk fue secuestrado a inicios de noviembre de 1976 y trasladado a un centro clandestino de detención en el primer piso de la Jefatura de Policía de Resistencia, operado por fuerzas conjuntas de la policía chaqueña y el Ejército Argentino. Fue visto en condiciones críticas de salud, sin poder caminar ni sostenerse en pie, y otro detenido debió asistirlo por orden de los guardias.

La segunda semana de noviembre fue asesinado y su cuerpo arrojado al río Paraná. El 15 de ese mes fue recuperado en Empedrado, Corrientes, a 70 kilómetros de Resistencia, y sepultado como NN. En 2018, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó su identidad.

Práctica sistemática

La Fiscalía subrayó que el caso forma parte de una práctica sistemática del terrorismo de Estado: la desaparición de personas arrojando sus cuerpos al río Paraná. Se trataba de ejecuciones con patrones comunes, como disparos en el pecho o el cráneo, ataduras con alambres, cortes de yemas de los dedos y lesiones abdominales para impedir que flotaran.

Esta reconstrucción se apoya en autopsias de la época y en el testimonio del médico forense de Empedrado, Otto Eliseo Manzolillo, durante el juicio por el centro clandestino del Regimiento 9.

La Fiscalía Federal de Corrientes y el EAAF establecieron el paradero de tres desaparecidos hallados en el Paraná y sepultados como NN en Empedrado: Rómulo Artieda, Julio “Bocha” Pereyra y Carlos Tereszecuk. Sus restos fueron restituidos a las familias en 2007, 2014 y 2018, respectivamente.

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Tags: Carlos TereszecukNacionalesPolicía de Resistencia
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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