Javier Milei parece resignado a que su derrota en el debate parlamentario sea total y que no pueda sostener los vetos ante la ofensiva opositora. Es por eso que su discurso televisado en cadena nacional no estuvo dirigido a los legisladores peronistas ni a los gobernadores provinciales que pujan por más recursos: fue un pedido a la población para que en octubre cambie la composición de fuerzas en el Congreso.
Los anuncios para “amurallar el déficit cero y la política monetaria” fueron la excusa formal para plantear el verdadero mensaje político de Milei: que la oposición kirchnerista es el verdadero “riesgo país” y que toda la agenda de reformas quedará en riesgo si el oficialismo no obtiene una victoria contundente en las urnas.
No es la primera vez que el presidente se enfrenta a una situación de debilidad, en la que su agenda reformista choca contra la falta de apoyo parlamentario. Sin embargo, en otras ocasiones tuvo mayor margen para negociar y, finalmente, conseguir su objetivo.
En el verano de 2024, cuando su primera versión de la ley bases fue “licuada” en el Congreso, se apuró a aclarar que tenía un plan B para evitar el déficit fiscal y que, por lo tanto, los recursos que se le negaban por ley serían tomados de otras fuentes.
Fue así que consiguió que, tras un duro recorte en la asistencia fiscal a las provincias, logró que los gobernadores dieran su apoyo a la reinstauración del impuesto a las Ganancias. }
Además, la mayoría firmó el Pacto de Mayo -con dos meses de retraso- en un compromiso, más bien simbólico, de ponerle un tope al gasto público. Lo cierto es que las provincias hicieron un esfuerzo fiscal y terminaron el año con un superávit del 2,6% de los ingresos totales -un 0,1% del PBI-.
Hubo otros momentos de zozobra, como cuando, en la segunda mitad del año pasado, se aprobaron leyes para reformar la indexación jubilatoria y para aumentar el presupuesto universitario. Pero, otra vez tras negociar con los gobernadores, logró que su veto se mantuviera. Y, de esa manera, logró el objetivo de terminar el 2024 con superávit fiscal primario por 1,8% del PBI.
La pelea por la caja reduce el margen político
Pero, esta vez, la situación luce más complicada para Milei. Ya no se trata de pelear únicamente contra el kirchnerismo, sino que ha perdido el apoyo de sectores dialoguistas del peronismo y de ex miembros de la coalición Cambiemos. Pero, sobre todo, no logra conciliar con los gobernadores provinciales que en otros momentos fueron “dadores de gobernabilidad” para un gobierno en minoría parlamentaria.
Este año, la mayor ayuda de los gobernadores fue la de apoyar el nuevo acuerdo con el FMI, algo que Milei había pedido al inaugurar el año legislativo. Ese mismo día había prometido una regla que impediría nada que se pareciera a un “plan platita” pero hizo un guiño a las provincias al prometer una reforma federal para el manejo de los recursos tributarios.
Pero ese acuerdo hoy aparece muy lejano, y en un año electoral, muchos de estos jefes provinciales ponen en juego su futuro político, por lo que ya dejaron en claro que no están dispuestos a sacrificarse en las urnas para preservar el superávit fiscal de Milei. En definitiva, hay una pelea por una caja equivalente a un 0,12% del PBI, que al día de hoy significarían US$ 840 millones.
La pulseada es por el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo que se compone por el 1% de la masa coparticipable neta, más el 1% de lo recaudado por Bienes Personales. Su creación tiene el objetivo de atender situaciones de emergencia o de desequilibrio financiero imprevisto. Por caso, fue echando mano a estos fondos que el exministro Sergio Massa ayudó a que varias provincias con problema de caja pudieran pagar sueldos y aguinaldos en 2023.
Si la reforma se produce tal como lo proponen los gobernadores, habrá un impacto sustancial en las cajas provinciales. Por ejemplo, Buenos Aires pasaría a recibir en este segundo semestre unos $70.971 millones, contra un promedio de $3.636 millones recibidos semestralmente desde que Milei asumió la presidencia.
En el total nacional, se pasaría de $65.000 millones por semestre a $334.000 millones distribuidos a las provincias, sin necesidad del visto bueno de “Toto” Caputo.
La discusión radica en quién maneja ese fondo y cómo se atribuyen las transferencias. Hubo años en que se repartió la totalidad de lo recaudado -por ejemplo, durante la pandemia- pero en otros momentos casi no se transfirieron recursos. El promedio de lo que se transfirió en los últimos años es de 26%. Pero el año pasado se marcó un mínimo de 7%, según datos de Fundación Mediterránea.
Además, las provincias quieren compensar la parálisis de la inversión en la obra pública mediante la transferencia automática de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles -aproximadamente un 2,3% del total de los ingresos fiscales-.
La apuesta
Ante esa pulseada por los recursos, Milei se enfrenta a la perspectiva de que en los próximos días el Congreso voltee los decretos que permitieron aplicar la “motosierra” -entre los que destaca la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad-, después de haber sufrido la aprobación de la reforma jubilatoria y la media sanción para el aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica.
El presidente calcula que los proyectos impulsados por la oposición tendrán un costo fiscal de 2,5% del PBI -en términos anualizados-, algo que echaría por tierra el superávit primario de 1,6% comprometido con el Fondo Monetario Internacional para este año.
Es por eso que, una vez más, defendió la tesis ortodoxa de que el origen de la inflación no es otro que la financiación monetaria del déficit fiscal y que no hay ninguna conexión entre la suba del dólar y los aumentos de precios -que es la postura defendida por el kirchnerismo-.
En definitiva, todo el discurso de Milei puede sintetizarse en la frase de la pancarta que exhibió en su visita a La Matanza –”kirchnerismo nunca más”-, con la que dio inicio a la campaña electoral en el corazón del territorio adversario.
El discurso forma parte de la estrategia de transformar la debilidad en fortaleza: ante su situación de minoría en el Congreso, explicar que el país está en riesgo de dar marcha atrás y volver a una inflación como la que dejó el gobierno de Alberto Fernández.
No por casualidad, Milei comenzó su exposición con un repaso de las estadísticas sociales, como la que indica que desde el inicio de su gestión hubo seis millones de personas que salieron de la indigencia. Ese discurso tiene el objetivo de refutar las críticas por el costo social del ajuste fiscal, que están en la base argumental de los proyectos que impulsa la oposición.
Medidas para cambiar el foco del debate
Las medidas anunciadas por el presidente tendrán un impacto más simbólico que real. La no asistencia del Banco Central al Tesoro es algo que ya se está aplicando desde el inicio de la gestión, como reconoció el propio Milei. No solamente no hay transferencias directas para pagar los gastos corrientes, sino que además se eliminaron los pasivos remunerados por los que el BCRA absorbía los pesos excedentes que generaba el gasto público.
Ya en febrero del año pasado Milei le había comentado a Gita Gopinath, vicedirectora del FMI, su idea de aprobar una ley para penar con cárcel a los funcionarios que emitan dinero para financiar al Tesoro.
Ahora, agregó la innovación de un proyecto que prohibirá que el Congreso apruebe leyes en las que se incremente el gasto público sin que se señale con qué recorte presupuestario se compensará. Y eso incluye la prohibición de que, al debatir los proyectos anuales de presupuesto nacional, se incluyan reformas que lo transformen en deficitario.
En definitiva, la medida que Milei puede tomar por su cuenta ya se está aplicando. Y las demás, requieren que sean convertidas en ley por el mismísimo Congreso que hoy está haciendo lo opuesto a lo que propone el Presidente -o sea, incrementar el gasto público-.
De manera que hay cero posibilidades de que este proyecto sea aprobado antes de las elecciones. Aunque, un detalle no menor, sí hay chances de que llegue a ser debatido. Y ahí es cuando la estrategia política del presidente cobra sentido.
El solo hecho de que se discuta el tema en el Congreso y pueda ser sometido a votación implicará, para Milei, una forma de hacer campaña, así como un intento de desviar el eje de la agenda política nacional, que hoy está centrada en el costo social del ajuste.
En ese eventual debate, el oficialismo intentará dejar en evidencia la vocación del kirchnerismo por usar el déficit fiscal como estímulo del consumo, o forzarlo a argumentar por la elevación de retenciones al agro.
Finalmente, tampoco es un detalle menor el hecho de que Milei haya definido que no hay posibilidad de “terceras vías”. En un debate parlamentario como el que propone, forzará a los sectores de centro -los que más directamente se vinculan a los gobernadores provinciales- a tomar una postura en esa discusión polarizada.
