La designación del propietario de una pollería de San Vicente al frente del Centro de Atención Personalizada del PAMI de dicha localidad puso en el centro del debate el criterio que el Gobierno nacional prioriza a lo hora de elegir las personas encargadas del normal funcionamiento de la obra social de los jubilados.
Vale recordar que la responsable del Centro de Atención en Montecarlo es una esteticista y en Piray es una comerciante que ni siquiera vive en esa localidad, sino en Caraguatay.
En San Vicente, la designación de Marcelo Oscar Gómez, fue por Resolución 76/2025 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), firmada por el subdirector ejecutivo Carlos Blas Zamparolo el 15 de julio.
No precisa la resolución los motivos que llevaron a la selección de este comerciante local para que esté al frente (con 40 horas semanales) de la sede del PAMI en esa localidad.
Todos estos nombramientos se hicieron sin respetar antigüedad y carrera administrativa de los que llevan años trabajando en el organismo. Lo peor de todo es que, los que entran, lo hacen como jefes y sin conocer lo más mínimo de la obra social.
Prestaciones en lista de espera
Vale recordar que los centros de atención forman parte de la estructura de la Unidad de Gestión Local XVIII del PAMI, con sede en Posadas, a cargo de la abogada Samanta Stekler, recientemente elegida diputada provincial por La Libertad Avanza en Misiones. Ni durante la campaña ni después, Stekler pidió licencia al frente del PAMI.
Los afiliados misioneros de la obra social de los jubilados sufren los embates del ajuste nacional combinados con los problemas de gestión provincial. Como consecuencia, conseguir un bastón, un inodoro portátil, una silla de ruedas o una cama ortopédica se hacen objetivos imposibles de lograr.
La falta de suministros de elementos de fisiatría -que en la mayoría de los casos llevan una demora de dos años- se suma a las dificultades que padecen todos los jubilados del país: la cobertura farmacéutica cada vez más reducida, la reducción de las prestaciones en general, la falta de actualización de algunas prestaciones muy demandadas en este segmento de la población, como lo es la ayuda para atención domiciliaria, que se congeló en 8.500 pesos desde muchos años.
Un paciente diabético está sufriendo una demora de tres a cuatro semanas en la autorización de las órdenes de insulina.
Cada vez menos para los jubilados
Cada vez son más las voces que cuestionan a Stekler por abocarse a su carrera política en detrimento de la gestión de la obra social de los jubilados, de hecho, en diciembre asume como diputada.
Los jubilados -ni lo que cobran, ni la obra social- no están en la agenda de lo prioritario del actual Gobierno nacional. Por el contrario, hay una política de abandono para este segmento de la población.
Los centros de atención del PAMI son las delegaciones de la obra social más próximas a los afiliados. Allí, acuden para autorizar órdenes de farmacia, carga de medicamentos, validaciones de elementos de fisiatría, pedidos de subsidios, entre otros trámites.
En los últimos días, además, comenzaron a circular rumores del cierre de algunos de estos centros o “fusiones” entre los más cercanos (por ejemplo Piray, Montecarlo y Eldorado, San José y Apóstoles, Candelaria y Posadas), lo que tendría un alto impacto entre los afiliados a la obra social que, de ocurrir esto, se verán obligados a recorrer 30 a 50 kilómetros para hacer estos trámites.
