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“La posible disolución de Vialidad Nacional genera incertidumbre”

Así lo marcó el presidente de Vialidad Provincial, Sebastián Macias, quien pidió que la Nación defina qué pasará con los proyectos que están en manos de la DNV y que se encuentran paralizados. Además, anticipó un encuentro que tendrán esta semana para plantear inquietudes. En respuesta al cierre, representantes viales se reunirán para ahondar sobre la problemática.

28 julio, 2025

En estas horas reina la incertidumbre entre los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), tras la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con su cierre en el marco del plan de disolución de organismos estatales.

La medida quedó momentáneamente suspendida por un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, que hizo lugar a una cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA).

La instancia judicial llegó luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre de la DNV, organismo que, según él, “se creó para facilitar la corrupción”.

No obstante, las provincias lejos están de compartir la mirada que tiene el Gobierno sobre Vialidad Nacional y las obras que lleva adelante en todas las jurisdicciones del país.

“Genera incertidumbre”

En este contexto, el presidente de Vialidad Provincial (DPV), Sebastián Macias, habló con PRIMERA EDICIÓN acerca de la problemática por la que está atravesando el organismo: “Esta posible disolución de Vialidad Nacional genera no solo mucho ruido, sino también incertidumbre en lo que son las obras que hoy por hoy están neutralizadas y paradas. Se debe resolver y gestionar la continuidad total y, en el caso de Misiones, ver si se van a transferir a la provincia para poder financiarlas y continuarlas con nuestros recursos propios”.

 

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En ese sentido, aclaró que “no todas las obras que vuelvan a la órbita de la Provincia serán tomadas en consideración de prioridad, porque entendemos que hay algunas que están próximas a finalizar, como el puente sobre el arroyo Pindaytí, en la ruta 2, que necesitan mayor seguridad vial, además de la Travesía Urbana de Roca, las rutas 7 y 17 y la Travesía Urbana de Jardín América”, enumeró.

“Por supuesto que son grandes montos que salen de la órbita de la Provincia y se requiere de los aportes de la Nación”, apuntó.

Próxima reunión

La crítica situación de la obra pública en Argentina, que se encuentra prácticamente paralizada en todo el país, llevará a los presidentes de las vialidades provinciales a una reunión esta semana. El encuentro se dará en el marco del Consejo Vial Federal y allí buscarán estrategias conjuntas para afrontar la problemática, que genera una profunda preocupación en las provincias. 

Al respecto Macias, quien además es vicepresidente del Consejo Vial Federal, sostuvo ante este Diario que el objetivo principal es “poder ahondar en estos temas que nos preocupan muchísimo, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional y a cada uno de los presidentes, sino también buscar qué es lo que vamos a encaminar o encarar, qué camino tomaremos para que todos juntos podamos encontrar soluciones a esta gran problemática que hoy se está viviendo, que es la obra pública cero en todo el país”.

Para Misiones, y para el resto de las provincias, uno de los puntos centrales a debatir será el fondo del combustible.

“Entendemos que a Misiones lo que nos interesa primero es ver obviamente el fondo del combustible, que es una coparticipación que viene de estos impuestos”, explicó Macias. Este fondo es vital para la financiación de la infraestructura vial.

“Queremos que la provincia siga persiguiendo -y es un pedido de los gobernadores- que se incremente este monto, que genera no solo poder brindar mayor infraestructura, sino también lo que hace a todo el equipamiento de las vialidades”, añadió el funcionario, quien en diciembre abandonará la DPV para asumir como diputado provincial en Misiones.

Su importancia

El presidente de Vialidad Provincial subrayó la importancia estratégica de las obras de infraestructura vial para el desarrollo regional: “Hay que entender y saber que las obras de infraestructura vial son muy necesarias para el desarrollo de las provincias”, afirmó, remarcando cómo la paralización impacta directamente en la economía y la conectividad en el interior del país.

Por eso, durante la reunión de esta semana se espera la presencia de representantes tanto de Vialidad Nacional como del Gobierno central. Esto será fundamental para un diálogo directo y para plantear las urgencias de las provincias. “Como va a haber seguramente algún representante de Vialidad Nacional, como así también del área de Economía del Gobierno, nosotros vamos a exponer estas necesidades de darle continuidad a cada una de estas obras”, detalló Macias.

Un aspecto crucial será la definición sobre el destino de esos proyectos y “las que no se continuarán, dejarlas de lado, pero saber e identificar cuáles son”, señaló el titular de la DPV Misiones.

Fondos propios 

Tal como lo prometió en campaña, desde que asumió Javier Milei en diciembre del 2023, se paralizó la obra pública nacional  y las provincias tuvieron que hacerse cargo de muchos de esos proyectos con fondos propios.

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Tags: DisoluciónIncertidumbreSebastián MaciasVialidad Nacional
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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