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Crean un sistema para identificar y recuperar autos con pedidos de secuestro

El Ministerio de Seguridad Nacional invitó a las policías provinciales a adherirse al sistema federal que tendrá el fin de "fortalecer la base de datos vinculada con los pedidos de secuestro vehicular, así como emitir alertas tempranas de robos vehiculares".

24 julio, 2025
CONTINÚA SECUESTRADA. La camioneta utilizada para el robo es propiedad del sospechoso detenido.

CONTINÚA SECUESTRADA. La camioneta utilizada para el robo es propiedad del sospechoso detenido.

Como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad y la recuperación de autos vehículos robados, el Gobierno nacional creó el Sistema Federal de Identificación de Vehículos con Pedido de Secuestro. A partir de la puesta en marcha de esta nueva herramienta, se espera que aumente la colaboración entre las jurisdicciones.

La medida entró en vigencia esta madrugada, luego de la publicación de la Resolución 866/2025 en el Boletín Oficial. Con la aprobación de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en el documento se conocieron los detalles de cómo se implementará la iniciativa.

De hecho, la normativa también incluyó la aprobación del “Convenio de cooperación y asistencia técnica para la adhesión al Sistema Federal de Identificación de Vehículos con Pedido de Secuestro”, el cual habilitará a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a compartir información respecto a las búsquedas que se encuentren activas en sus distritos.

“Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse al ‘Sistema Federal de Identificación de Vehículos con Pedido de Secuestro’”, indicaron las autoridades en el artículo 4 del documento. Asimismo, señalaron que el Consejo de Seguridad Interior será responsable de promover la firma de los convenios de adhesión.

De la misma manera, establecieron que la Subsecretaría de Investigación Criminal, organismo dependiente de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, estará a cargo de la emisión de los actos administrativos que sean necesarios para la implementación del sistema.

Según explicaron las autoridades, esta nueva iniciativa formaría parte del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la cual fue creada en 2014 con el objetivo de automatizar y optimizar las comunicaciones entre los diferentes cuerpos policiales y las fuerzas federales de seguridad.

En este sentido, recordaron que el fin último sería “conformar una base de datos única a nivel federal que permita registrar, consultar, y transmitir toda la información vinculada con las medidas judiciales de orden federal, nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativa a personas, vehículos, armas y elementos”.

En consecuencia, se busca fortalecer la base de datos vinculada con los pedidos de secuestro vehicular, así como emitir alertas tempranas de robos vehiculares. En línea con esto, remarcaron que el mismo podrá ser anexado a los sistemas de control ya existentes y en los dispositivos que cuenten con tecnología LPR, es decir, con capacidad de reconocer placas de matrícula.

Estos sistemas de cámara “incorporan tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, permitiendo el reconocimiento automático de placa patente o matrícula, ya sea de automóviles, motocicletas, camiones, acoplados o transporte público, entre otros, por medio de captura de video”, tal como explicaron entre los argumentos de la norma.

A raíz de esto, subrayaron que “resulta fundamental trabajar de manera coordinada y conjunta entre el Ministerio de Seguridad Nacional y las jurisdicciones provinciales, por medio de las distintas agencias de seguridad que permitan un abordaje inmediato y eficiente ante la demanda ciudadana”.

Finalmente, las autoridades destacaron la necesidad de que todas las jurisdicciones reafirmen los compromisos adquiridos mediante su adhesión al SIFCOP, ya que esto permitirá que cada provincia incorpore al sistema las altas y bajas relacionadas con los secuestros de vehículos.

Luego de que cada jurisdicción acepte participar del sistema de colaboración, se dispuso que estas tendrán un plazo de diez días para designar a un funcionario de contacto, que pasará a ser el responsable de coordinar la implementación técnica y operativa del programa.

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Fuente: Infobae.

Tags: Ministerio de Seguridad NacionalProvinciasSistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP)Sistema Federal de Identificación de Vehículos con Pedido de Secuestro
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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