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Investigan posibles fraudes en el examen de residencias médicas

En al menos 200 exámenes encontraron inconsistencias en los resultados.

21 julio, 2025

El Ministerio de Salud de la Nación investiga supuestas irregularidades detectadas en el examen único para acceder a residencias médicas, que fue rendido por más de 10.000 profesionales de la salud el pasado 1° de julio en 28 sedes del país. Las sospechas de fraude surgieron tras la publicación de los resultados preliminares, disponibles desde el viernes 18, que exhibieron inconsistencias significativas, especialmente en los puntajes más altos.

La mayor concentración de resultados llamativos se registró en el Concurso Unificado para Medicina, que reunió a unos 8.000 postulantes en el predio de Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires. Este examen es compartido entre Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y cuenta con la adhesión de universidades, hospitales y entidades privadas. A partir de la revisión de los 10.225 exámenes –tras descontar los 1.026 ausentes–, el Ministerio halló al menos 200 casos con puntajes atípicos, en su mayoría superiores a los 90 puntos sobre 100.

Según confirmaron desde la cartera sanitaria, “la mayoría de los aspirantes con notas excepcionalmente altas son extranjeros”, y entre ellos, “muy pocos son egresados de universidades nacionales”. Este patrón resultó especialmente sospechoso al ser contrastado con datos históricos de rendimiento, promedios académicos y exámenes previos rendidos por los mismos candidatos.

“Son resultados incongruentes con los parámetros históricos de las universidades de origen, el promedio de carrera de los postulantes y su desempeño en pruebas similares”, indicaron voceros del Ministerio. En varios casos se detectaron diferencias alarmantes: por ejemplo, un postulante del top 10 obtuvo 95 puntos en el examen nacional, pero apenas 45 en otro examen rendido dos días antes en el Hospital Británico.

Otro dato que encendió las alarmas fue el desempeño de egresados de universidades ecuatorianas. Aunque representan apenas el 0,02% de los postulantes, nueve profesionales formados en la Universidad Técnica de Manabí figuran entre los primeros 27 lugares del ranking. También aparecen con puntajes superiores a 88 ex alumnos de universidades colombianas como la de Boyacá y la Tecnológica de Pereira. En total, de los 2.833 extranjeros que participaron, 1.045 son de Ecuador, 787 de Colombia, 383 de Bolivia, 312 de Brasil, 114 de Venezuela y 61 de Perú.

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud evalúa postergar la publicación del ranking final –que también contempla el promedio académico de cada postulante–, originalmente prevista para el lunes próximo. La preocupación es que, de confirmarse algún tipo de maniobra fraudulenta, quienes hayan obtenido ventajas indebidas quedarían mejor posicionados para elegir las instituciones donde realizarán la residencia.

En paralelo, este lunes circuló una versión publicada por el medio digital Quorum, que señala que un grupo de aspirantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires habría denunciado la venta del examen, con precios estimados entre 2.000 y 3.000 dólares. Según trascendió, los denunciantes habrían enviado una carta al decano de la facultad solicitando una intervención institucional. No obstante, voceros de la UBA consultados por Clarín negaron haber recibido oficialmente dicha carta hasta el momento.

La controversia surge en un contexto en el que el Ministerio de Salud había implementado recientemente una medida para beneficiar a egresados de universidades argentinas, otorgándoles cinco puntos adicionales en el ranking, como incentivo a la formación local.

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  • Resultados de exámenes de residencias médicas
Tags: #saludresidencias médicas
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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