Dos proyectos de ley impulsados por los gobernadores proponen modificar la forma en que la Nación distribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles. De aprobarse, Misiones recibiría en el segundo semestre de este año un total adicional de 24.000 millones de pesos, aunque ese beneficio sería más moderado que el de otras jurisdicciones.
El cálculo surge de sumar lo que ganaría Misiones por ambos conceptos. En el caso de los ATN, la Provincia recibiría en el segundo semestre de 2025 unos $10.676 millones, frente a los $9.448 millones que cobró en promedio en los últimos tres semestres. Por otro, con el nuevo reparto del impuesto a los combustibles, los fondos que llegarían subirían en $22.855 millones respecto al esquema actual. La suma de ambos ítems alcanza los $24.083 millones, en valores constantes del segundo semestre de 2025.
De acuerdo a los mandatarios, su objetivo es eliminar la discrecionalidad con que actualmente se reparten estos recursos, al establecer mecanismos automáticos basados en los coeficientes de coparticipación vigentes.
Las iniciativas ya tienen media sanción en el Senado y los gobernadores tendrían los votos para aprobarlo en Diputados. No obstante, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará los proyectos en caso de convertirse en ley porque entiende que ponen en riesgo el plan económico.
Aunque el impacto nominal en Misiones es significativo, en términos relativos la provincia aparece entre las menos favorecidas en términos porcentuales. De acuerdo al IERAL, de la Fundación Mediterránea, el incremento por ATN representaría solo el 0,1% del total estimado que Misiones percibirá por coparticipación en ese semestre, el segundo porcentaje más bajo del país. Por el impuesto a los combustibles, el extra representaría un 2,2%, también por debajo del promedio nacional (2,5%).
Ganancias y advertencias
Respecto al impuesto a los combustibles, el proyecto propone eliminar asignaciones específicas (como el FONAVI y los fideicomisos de transporte e infraestructura hídrica) y redirigir los recursos de manera automática: un 57,02% iría a las provincias y el resto a la Nación. Misiones pasaría a recibir $49.432 millones en el semestre, frente a los $26.577 millones que le corresponderían con la estructura actual. Sin embargo, su participación en el total nacional bajaría del 4,1% al 3,4%.
Recursos retenidos y costo fiscal
Uno de los argumentos centrales de los gobernadores es que el actual sistema permite a la Nación retener fondos que deberían distribuirse: entre 2017 y junio de 2025, el fondo de ATN acumuló ingresos por $8,6 billones, pero apenas se transfirió el 48% a las provincias. El resto quedó en las cuentas del Gobierno nacional, engrosando el resultado fiscal.
Solo en 2024, se devengó en ATN el equivalente al 0,12% del PBI, pero solo se giró el 0,01%. La diferencia implicó un ahorro de $881.296 millones para la Nación. De haberse aplicado la nueva fórmula, las provincias habrían recibido $489.505 millones más y el superávit fiscal nacional -que fue del 0,3% del PBI- se habría reducido en un 20%.
Por su parte, el cambio en la distribución del impuesto a los combustibles implicaría para el Tesoro nacional una pérdida de ingresos equivalente al 0,16% del PBI en 2025. La suma de ambos proyectos representa un costo fiscal del 0,21% del producto, según el IERAL. Aun así, los autores del informe destacan que el impacto sería limitado en relación al superávit previsto para este año (0,4% del PBI) y permitiría eliminar incentivos políticos en el reparto de recursos.
Si bien el IERAL considera que la automatización de los fondos representa un avance en materia de transparencia y equidad, también advierte sobre posibles riesgos si no se establecen criterios de aplicación. En el caso del impuesto a los combustibles, los recursos pasarían a ser de libre disponibilidad para las provincias, sin asignación específica para obras de infraestructura o transporte, como ocurre actualmente con los fideicomisos que se eliminarían. En ese contexto, plantea la necesidad de discutir una nueva distribución de responsabilidades entre Nación y provincias en el mantenimiento de obras públicas.
