La decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), oficializada esta semana junto con otras medidas de desregulación del Estado, generó una fuerte reacción en los sectores productivos vinculados al cannabis medicinal. La eliminación de este organismo descentralizado, creado por la Ley 27.669, deja sin un marco legal claro a cientos de emprendimientos en todo el país que venían desarrollando actividades bajo impulso estatal.
“Nos esperábamos esto”, admitió Martín Speyer, presidente de la cooperativa Criadores del Litoral e integrante de la Mesa Interdisciplinaria de Abordaje del Cannabis en Misiones. En diálogo con FM de las Misiones, señaló que el sector ya había tomado conocimiento del borrador del decreto días atrás y que la incertidumbre comenzó meses antes, con la baja masiva de operadores por parte del Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Speyer explicó que desde marzo el sector atraviesa una suerte de vacío legal. A partir de ese mes, el INASE, organismo encargado de fiscalizar la producción de semillas, dio de baja a todos los operadores registrados para trabajar con cannabis sativa. A partir de allí, comenzó lo que describió como un “tire y afloje” entre INASE y ARICCAME para determinar a quién le correspondía la competencia regulatoria.
“Unos te decían que vayas a hablar con ARICCAME, otros con INASE, y así se fue dando la cuestión. Ya hubo dos prórrogas para todos los operadores hasta tanto se solucione la cuestión, y ahora nos enteramos que la solución fue apurar el decreto y disolver las agencias”, sostuvo.
La nueva distribución de competencias deja al cáñamo bajo la órbita de los ministerios de Industria y Economía; al cannabis en flor y sus derivados, en manos de la ANMAT (que depende de Salud); y las semillas, nuevamente bajo Agricultura. Para Speyer, este esquema fragmentado complica aún más el panorama legal y productivo.
Producción paralizada y riesgo penal
El impacto sobre los productores es, según Speyer, “total”. Para ilustrarlo, señaló que hay más de 40 variedades de semillas de cannabis registradas legalmente en Argentina y más de 200 en trámite. Todos esos proyectos están hoy paralizados.
“No hay un marco legal. La alternativa al marco legal es la pena de prisión”, advirtió con crudeza. Y subrayó que se trata de personas que actuaron conforme a la ley, incentivadas por el propio Estado: “Nosotros nos pusimos a hacer este tipo de actividades por una promoción estatal. Cumplimos con todos los requisitos, trabajamos dentro del marco legal y ahora quedamos completamente desprotegidos”.
La Ley 27.350, sancionada en 2017, fue la que reguló por primera vez el uso del cannabis medicinal. Inicialmente se limitó a pocas patologías —especialmente epilepsia refractaria en niñas—, pero con el tiempo se amplió el acceso a través del registro Reprocann. A partir de allí, se incentivó la producción de semillas y variedades locales, con apoyo de organismos como INASE, el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) y distintos ministerios.
En ese contexto, cooperativas como la que integra Speyer desarrollaron actividades de investigación y mejoramiento vegetal, sin fines comerciales, pero con impacto directo en la generación de conocimiento y en la expansión de una industria naciente.
Una salida desde las provincias
Frente al nuevo escenario nacional, el sector mira hacia las provincias como posible refugio legal. “El derecho a la salud es una facultad no delegada de las provincias a la Nación. Por lo tanto, tienen total potestad para regular cuestiones de salud pública”, remarcó Speyer. Provincias como Mendoza y Chubut ya sancionaron leyes propias, y otras —entre ellas Misiones— avanzan en proyectos similares.
Desde la Mesa Interdisciplinaria de Abordaje del Cannabis, celebraron que el gobierno misionero haya mostrado apertura para trabajar con la sociedad civil. “Hemos tenido muy buena recepción del Ministerio del Agro y del Ministerio de Industria”, comentó. El objetivo: construir un marco legal que permita registrar pacientes, regular vías de acceso y proteger tanto a quienes producen como a quienes utilizan cannabis con fines terapéuticos.
Sin embargo, aún con una ley provincial, el riesgo penal no desaparece del todo. “Si hablamos de un marco de acuerdo con la provincia, no tiene fuerza de ley. Habría que ver bien. Pero si existe una ley provincial y se trabaja dentro de su territorio, no habría problema”, aclaró Speyer. A futuro, sugirió que podrían firmarse convenios interprovinciales para permitir la circulación de productos, como hoy lo permite el Reprocann en todo el país.
En ese punto, comparó la situación con el modelo federal estadounidense, donde la ley nacional prohíbe pero muchas legislaciones estatales permiten y regulan el uso de cannabis, incluso con fines recreativos.
