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Derogan batería de normas que impactaría en la industria ganadera y pesquera

El presidente Javier Milei firmó múltiples resoluciones que involucraba a las actividades y "fueron dictadas en el marco de programas o estructuras hoy inexistentes", apunta la norma.

3 julio, 2025

El gobierno de Javier Milei derogó una batería de normas que involucraban a la actividad de la industria ganadera y pesquera: algunas tenían casi 60 años.

“Dichas normas fueron dictadas en el marco de programas o estructuras hoy inexistentes, lo que ha determinado su falta de aplicabilidad en el escenario actual”, señala la Resolución 119/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa asegura que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca “ha llevado adelante un exhaustivo análisis del marco normativo vigente, del cual se desprende la necesidad de dejar sin efecto un conjunto de normas que han perdido actualidad o sustento, sin perjuicio de encontrarse dicho proceso aún en curso”.

Desde el gobierno destacaron que “la presente medida constituye un paso más hacia la consolidación de un sistema de comercio agropecuario transparente, previsible y adaptado a las necesidades actuales del país, conforme los principios de eficiencia, modernización y seguridad jurídica”.

 

Qué leyes sobre ganadería y pesca se derogaron

Según la disposición va acorde a la estrategia de “modernización” del gobierno de Javier Milei: “Resulta necesario contar con un ordenamiento jurídico coherente, simple y eficaz, que brinde claridad tanto a los operadores como a la administración, y permita una correcta aplicación de las normas en el marco de una gestión pública moderna y transparente”.

Asegura que “una normativa actualizada y ordenada permite una fiscalización más ágil, objetiva y eficaz, dejando de responder a formalidades innecesarias”.

En cuanto a las normas que se derogaron quedaron sin efecto correspondieron a una serie de resoluciones que habían sido emitidas por la ex Junta Nacional de Carnes entre 1967 y 1991, año en el que el organismo fue disuelto.

● Resolución N° 88/1967 de Criadores e Invernadores.

● Resolución N° 378/1972 de Abastecimiento, en referencia a la contabilidad de hacienda en consignación.

● Resolución N° 132/1974 que estableció las normas de contralor de actividades relacionadas al comercio de la carne.

● Resolución N° 3.005/1977 que dispuso las normas para martilleros y vendedores que participen de remates públicos.

● Resolución N° 492/1978 sobre las normas impuestas a los establecimientos faenadores con servicio de clasificación y tipificación.

● Resolución N° 1.114/1978 respecto al uso de corrales y potreros de deposito por parte de empresas faenadoras.

● Resolución N° 438/1981.

● Resolución N° 151/1983 sobre romaneos oficiales de faena.

● Resolución N° 153/1983 sobre romaneos oficiales de faena.

● Resolución N° 490/1986.

● Resolución N° 253/1988 de autorizaciones para actuar como consignatario directo.

● Resolución N° 142/1989.

● Resolución N° 458/1990 que insertaba una modificación en el norma anterior.

● Resolución N° 120/1990 de Plantas de almacenamiento, secado, manipulación y embalaje de manzanilla.

● Resolución N° 121/1990 de romaneos oficiales.

● Resolución N° 159/1990 sobre Patrones de calidad comercial en la producción de aldogón.

● Resolución N° 238/1990 de venta de carnes y subproductos.

● Resolución N° 68/1991.

● Resolución N° 312/1991.

● Resolución N° 317/1991.

El resto de las medidas más actuales habían sido autorizadas por la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

● Resolución N° 2.158/2006 sobre la sustitución de direcciones de correo electrónico.

● Resolución N° 25/2008.

● Resolución N° 4.906/2010.

● Resolución N° 1.410/2011 de Producción de ganado bovino en establecimientos faenadores de animales.

● Disposición N° 3.281/2004.

● Disposición N° 2.187/2005.

● Disposición N° 2.287/2005 de Propia producción en establecimientos faenadores de porcinos.

 

Fuente: Infobae.

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Tags: Actividad pesqueraCarneDerogacionesIndustria ganaderapescado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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