El informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, registró un total de 127 víctimas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, de las cuales 118 corresponden a femicidios y vinculados de mujeres y niñas, además de un lesbicidio y 8 femicidios vinculados de varones adultos.
El vínculo entre víctimas y agresores es mayoritariamente cercano: 44 femicidios fueron cometidos por parejas y 27 por exparejas, sumando 71 casos en relaciones afectivas actuales o pasadas. Otros vínculos incluyen hijos o hijastros (8), conocidos o vecinos (13) y familiares (8). En 18 casos no se identificó vínculo aparente, lo que indica que la violencia puede surgir también en contextos menos previsibles.
El domicilio de la víctima es el lugar más frecuente del hecho (54 casos), seguido por viviendas compartidas (27) y la vivienda del femicida (6), reafirmando que el hogar es el principal escenario de estos crímenes.
En cuanto a la distribución etaria, la mayoría de las víctimas se concentra entre los 19 y 50 años. Por su parte, los femicidas se ubican mayormente en el rango de 31 a 50 años (44 casos). Esta tendencia evidencia que la violencia letal se ejerce principalmente en etapas activas y productivas de la vida.
En cuanto a la distribución provincial, Buenos Aires lidera con 45 femicidios, seguida por Santa Fe (15) y Córdoba (7). En cuanto a Misiones, registró 3 femicidios en este período, ubicándose en un lugar intermedio dentro del ranking nacional. Esta cifra, aunque menor en comparación con las provincias más afectadas, es un claro ejemplo de que la violencia de género es un problema extendido y presente en todo el territorio argentino.
Las modalidades de femicidio son variadas, destacándose los disparos (31 casos), golpes (26) y apuñalamientos (19). Otros métodos incluyen ahorcamiento, estrangulamiento, degollamiento e incineración.
Asimismo, el informe resalta datos adicionales preocupantes: 20 víctimas habían realizado denuncias previas. Por otra parte, 8 femicidas tenían medidas cautelares y 11 pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.
Tras los femicidios, 116 hijas e hijos quedaron como víctimas colaterales, incluyendo 58 menores. También se registraron casos de víctimas en situación de prostitución o trata, abuso sexual, migrantes, pueblos originarios y contextos de narcocriminalidad. Doce femicidas se suicidaron tras cometer los crímenes, reflejando la complejidad y gravedad de esta problemática social.
