Una vez más, las familias de la comunidad mbya guaraní Yakã Porã de Caraguatay se expusieron para tratar de frenar el ingreso de máquinas topadoras a parte del terreno de esa comunidad, relevado por Ley 26.160. El territorio en cuestión forma parte de la superficie comunitaria donde las familias desarrollan tareas de caza y extracción de hierbas medicinales.
Según denunciaron desde la comunidad, ya hace tres años la misma persona que se atribuye la propiedad de las tierras tumbó los árboles y limpió esa zona. Ahora que la selva comenzaba a recuperarse, el hombre volvió con una topadora. “Pero esta vez los guaraníes no piensan aceptar un nuevo avasallamiento de sus derechos, por eso lo denunciaron ante las autoridades locales e incluso ante el Ministerio de Ecología”, confirmó María Josefa “Kiki” Ramírez de EMIPA en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
Según indicaron, los primeros en acudir al llamado de los aborígenes fue la Policía. “Pero se presentaron en el lugar y pidieron a los integrantes de la comunidad que no vuelvan a ingresar a esa área del monte. Nos quieren sacar nuestro territorio, quieren limpiar todo el capueral. Nosotros ahí tenemos nuestra cultura, nuestros remedios, nuestros alimentos. Hoy llegaron los policías y dijeron que no entremos más ahí, ni para cazar, ni para sacar remedios”, remarcó una integrante de esa comunidad, Graciela Silva.
El jueves se presentaron funcionarios del Ministerio de Ecología y realizaron un acta de constatación de la situación denunciada por los aborígenes. Desde entonces, las máquinas no volvieron a avanzar.
“No hubo violencia ni amenazas”
La superficie en conflicto está ubicada a unos 300 metros de las viviendas de las familias, “para ellos es un lugar importante, porque la selva se estaba regenerando y ya podían recolectar plantas medicinales. Además, es un sector que une dos espacios de selva, por lo que es un corredero de animales. Pero esta gente entró con las máquinas, con la idea de tirar todo para preparar la tierra para arar”, detalló Ramírez del EMIPA.
Pese a la tensa situación, destacó que todo se desarrolló sin violencia ni amenazas, “los aborígenes se acercaron a pedir a los maquinistas que frenaran el desmonte de la comunidad y ellos así lo hicieron, no hubo ningún signo de violencia de ninguno de los dos lados. Pero como esta semana volvieron a entrar, los indígenas decidieron denunciarlo”.
En la comunidad Yakã Porã viven 13 familias y un total de 60 personas aproximadamente, entre ellos muchos niños.
