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Condenaron a 23 años de prisión a Jonatan Sosa por el homicidio de Lisardo Escarvadofski

El Tribunal Penal de Oberá lo halló culpable como coautor del asesinato a tiros del productor de San Javier y de tentativa de homicidio contra su esposa. Los fundamentos se conocerán el 28 de julio.

27 junio, 2025

Con la lectura de la sentencia condenatoria, el Tribunal Penal Uno de Oberá cerró este viernes el juicio oral por el homicidio de Lisardo Escarvadofski (76), ocurrido en abril de 2017 en el paraje Santa Irene de San Javier. Su esposa, Orestina Cerri, sobrevivió al ataque con heridas graves. Jonatan Ezequiel Sosa, alias “Porteño”, fue condenado a 23 años de prisión como coautor penalmente responsable de homicidio calificado por el uso de armas de fuego y homicidio calificado en grado de tentativa, en concurso real.

La condena fue dictada tras las jornadas de debate en las que declararon testigos, se incorporaron pruebas y se escucharon los alegatos. El fiscal David Milicich había solicitado 35 años de cárcel para Sosa, mientras que su defensor, el abogado José Luis García, pidió la absolución al considerar que no había elementos suficientes para condenarlo.

Durante la segunda jornada, el imputado pidió hablar ante el tribunal. Sosa sostuvo: “Yo no soy un asesino, no soy un delincuente, tienen a la persona equivocada”, y señaló a dos supuestos responsables del crimen, supuestamente vinculados al contrabando de cigarrillos.

Durante la misma jornada contóque fue detenido en 2018 en la localidad bonaerense de Verónica, trasladado a Misiones y sometido a una rueda de reconocimiento sin defensor. Denunció apremios ilegales, golpes, amenazas y hostigamientos policiales. “Lamento lo que le pasó al hombre y a su señora, pero mientras yo estoy detenido, los verdaderos asesinos están de joda”, afirmó.

En sus alegatos, el fiscal Milicich  sostuvo que Cerri identificó a Sosa como uno de los atacantes y que incluso forcejeó con él, aunque consideró que el blanco de los agresores podría haber sido el hijo de Escarvadofski.  También citó los informes de la SAIC respecto a la geolocalización del celular y recordó que Cerri escuchó una tonada porteña en uno de los atacantes, lo que coincidía con el origen del acusado.

Por su parte, el defensor José Luis García cuestionó la falta de algunas pruebas clave, como la declaración de una testigo ocular, Zunilda Correa, que según él fue omitida del proceso y de la rueda de reconocimiento. Además, sostuvo que Cerri incurrió en contradicciones, aunque aclaró que no quiso revictimizarla durante su declaración.

También afirmó que la geolocalización no era concluyente ya que la antena de Itacaruaré podía alcanzar hasta 14 km de radio, lo que incluía la zona de Santa Irene. “Mi defendido no estaba en San Javier cuando fue reconocido”, subrayó.

Además de la condena, el Tribunal ordenó decomisar los elementos secuestrados como prueba, entre ellos un vehículo Chevrolet Corsa Classic y dos carteras con dinero en efectivo, documentos, pagarés y certificados de plazo fijo.

También ordenó restituir los objetos no decomisados a Orestina Cerri de Escarvadofski, y comunicar lo resuelto al Registro Nacional de Reincidencia y al Departamento Judicial de la Jefatura de Policía de Misiones.

Pos último fijó para el 28 de julio a las 12 horas la audiencia de lectura de los fundamentos.

 

 

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Tags: #OberáCondenaHomicidioJonatan SosaLisardo EscarvadofskiMisionesSan JavierSentencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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