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La Justicia suspendió el decreto del Gobierno que eliminaba el asueto para empleados estatales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había presentado un amparo para que no se pierda el feriado que se celebra este viernes 27.

27 junio, 2025
Imagen ilustrativa

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El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este jueves suspender de manera provisoria los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, que eliminaba el feriado del 27 de junio, fecha que conmemora el Día del Trabajador Estatal, para los empleados de la administración pública nacional.

La medida cautelar fue dictada como respuesta a una acción presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamó la intervención judicial ante lo que consideró una vulneración de derechos adquiridos.

El gremio pidió que se restablezca la vigencia del día de descanso remunerado al considerar que su derogación, dispuesta por el Poder Ejecutivo, carecía de sustento constitucional y afectaba directamente a los trabajadores representados.

La Justicia suspendió el decreto del Gobierno que eliminaba el asueto para empleados estatales.

En su presentación, ATE solicitó específicamente que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 1 del DNU 430/2025, ya que dicho artículo anuló el artículo 2 de la Ley 26.876, norma que había consagrado el 27 de junio como feriado pago para los trabajadores estatales de todo el país.

La jueza nacional del Trabajo Moira Fullana resolvió: “Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para intervenir en la causa, reafirmando la jurisdicción del fuero laboral en este tipo de controversias entre el Estado y trabajadores organizados”.

“Admitir la viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta”, encuadrándola dentro del procedimiento establecido por la Ley 16.986, que regula los amparos contra actos del Poder Ejecutivo Nacional.

“Hacer lugar a la medida cautelar peticionada”, suspendiendo en forma provisoria la aplicación del artículo 2 del DNU 430/25 respecto de los afiliados de ATE y de todos los trabajadores representados por esa entidad sindical, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

El último punto se refiere a “diferir la imposición de costas y la regulación de honorarios para el momento en que se emita el fallo final”.

La decisión judicial implica que, al menos por ahora, los empleados estatales amparados por Asociación Trabajadores del Estado conservarán su derecho a gozar del feriado del 27 de junio, en espera de una definición de fondo sobre la validez del decreto.

Esta resolución marca un nuevo capítulo en la creciente judicialización de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector público.

Fuente: Medios Digitales

Tags: 27 de JunioArgentinaATEDNU 430/2025feriadoGobiernoJusticiaPolítica
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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