La suspensión del concejal Rodolfo Kusczak, sigue generando repercusiones en el Concejo Deliberante de Garupá . En la sesión de este último martes (donde cuatro representantes sesionaron de manera virtual) , el edil José Luis Peralta presentó un recurso de nulidad contra todo el procedimiento que derivó en la sanción al representante del PRO, por considerar que se cometieron graves irregularidades reglamentarias.
“Presenté un recurso de nulidad dado a que todos los actos del procedimiento, desde la conformación de la Comisión Investigadora hasta el dictamen, no son dentro de lo que está reglamentado”, afirmó Peralta, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
Según explicó, se obviaron pasos formales, como la convocatoria a la sesión extraordinaria, que fue realizada apenas 24 horas antes, cuando el reglamento exige un plazo mínimo de cinco días con notificación fehaciente a todos los concejales.
Además, el edil del Frente Renovador cuestionó que el dictamen final que se trató en el recinto no fue el que había elaborado la mayoría de la Comisión Investigadora.
“No todos en la comisión votamos por lo mismo. Se cambia y se pone a consideración una suspensión”, sostuvo.
Peralta señaló que, aunque el dictamen proponía en principio la destitución, se terminó imponiendo por mayoría una suspensión temporal “hasta tanto dure la investigación con respecto a la denuncia del denunciado, que es otro concejal”.
En ese sentido, el edil planteó que la sanción no tiene validez legal: “Todos los actos fueron, desde el inicio, con vulneración de procesos y procedimientos inclusivos. Así que no tiene ni un tipo de validez”.
Peralta también anticipó que, de no prosperar su pedido dentro del recinto, recurrirá a instancias superiores. “Hoy (por ayer) estuve en Posadas haciendo unos trámites, también viendo unas cuestiones legales, y voy a hacer presentaciones al Poder Ejecutivo municipal, al provincial, a la Cámara de Representantes, a la justicia electoral y a la justicia ordinaria”, indicó.
A su juicio, se está incumpliendo con todas las normativas vigentes, lo que justifica una eventual intervención externa.
Por otra parte, ratificó que la denuncia presentada por Kusczak, contra el presidente del cuerpo, Miguel Rauber, por supuesta adulteración del presupuesto, tiene sustento.
“El presupuesto del Concejo Deliberante tenía 23 cargos, y el que se remitió al Ejecutivo apareció con 28 cargos. No hay duda de eso”, afirmó. Incluso, aseguró que el propio Ejecutivo municipal comunicó a Rauber que debía corregir la diferencia.
Sobre el intento de justificar la modificación, Peralta fue contundente: “Después puede decir que fue un error de tipeo, que hubo una equivocación o no, pero el acto fue cometido”.
En ese contexto, sostuvo que se está dando una situación institucional grave: “Son dos antecedentes peligrosos: por un lado modificar el presupuesto y por el otro sancionar al que denuncia esa acción”.
Según explicó, el argumento utilizado para sancionar a Kusczak, fue que no presentó la denuncia por vía administrativa dentro del Concejo, sino directamente ante la Fiscalía.
Sin embargo, el edil defendió esa vía, dado que se trataba de documentación pública adulterada, con pruebas originales.“Se aduce que él debería haber comunicado primero al Concejo y en forma administrativa y no haber hecho la denuncia. Pero el concejal, al detectar la anormalidad y la adulteración con prueba original de documentación, hace la denuncia correspondiente en la Fiscalía en turno”, explicó. Finalmente, señaló que su pedido fue enviado a comisión, aunque no se especificó a cuál.
“Creería que va a ser la Comisión de Gobierno, pero tampoco se aclaró”, dijo. Y anticipó que, si la comisión se conforma, insistirá en verificar los procesos y dictar un nuevo informe sobre la legalidad del procedimiento.“Si se le va a sancionar a quien hizo lo que se debe hacer, o dijo la verdad, estamos en un lugar equivocado, me parece”, concluyó.
El caso y la crisis institucional
La denuncia por supuestas irregularidades en el presupuesto municipal de Garupá derivó en una crisis institucional dentro del Concejo Deliberante.
Todo comenzó cuando el concejal del PRO, Rodolfo Kusczak, denunció que el proyecto aprobado por el cuerpo había sido alterado por el presidente del HCD, Miguel Rauber, al momento de ser remitido al Ejecutivo, con la incorporación de cinco cargos no votados. Lejos de investigarse la acusación, el sector que responde al titular del cuerpo impulsó una comisión investigadora contra el propio Kusczak, por la forma en que accedió a la documentación.
La tensión política escaló cuando una mayoría del cuerpo aprobó su suspensión temporal, a pesar de que el dictamen original proponía su expulsión. La decisión generó fuertes cruces dentro del recinto y fue cuestionada incluso por concejales del bloque oficialista.
