Dos misioneros que ante la Justicia Federal se identificaron como agricultores con domicilio oficial en Colonia Aurora, firmaron sendos acuerdos de juicio abreviado tras reconocerse como autores del delito de “cohecho activo”.
En menos palabras: aceptaron su culpa de intentar coimear a todo un puesto completo de control vial de Gendarmería Nacional para que no frenaran el paso de un convoy de camiones repletos de soja con destino de contrabando a Brasil por la costa misionera del río Uruguay.
El domingo 30 de mayo de 2021, José Darío Álvez (37) y Liliana González (38) llegaron raudamente en un automóvil Toyota Corolla rojo hasta el kilómetro 1232 de la ruta nacional 12, altura del pueblo correntino Villa Olivari. Apenas estacionaron en la banquina, el conductor descendió y pidió una charla con el oficial a cargo del puesto.
En pocos minutos explicó los motivos de su presencia en el lugar y habría lanzado sin mayor demora: “Vamos a arreglar, habilitame el paso de siete camiones de todos los que están parados esperando el llamado para seguir circulando”. Los transportes estaban completos con cargas de oleaginosa, la gran mayoría con soja proveniente de campos de Córdoba y Santa Fe.
“Te doy 60 mil pesos en efectivo por cada camión”, fue la oferta de Álvez al gendarme responsable del control. La respuesta no demoró y no solo fue negativa de plano, también fue requisado el vehículo en el que llegó Álvez junto a González. Fueron hallados casi tres millones de pesos y mil reales. Se les secuestraron además celulares y documentos y la pareja quedó demorada a disposición de la Justicia Federal de Corrientes.
Ambos fueron procesados como coautores de “cohecho agravado”, también conocido como “ofrecer dádivas” y previsto en el artículo 258 del Código Penal Argentino con condenas de uno a seis años de prisión.
En audiencia de visu, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, constituido en carácter unipersonal por el juez de cámara Fermín Armando Ceroleni, se analizó el acuerdo de juicio abreviado acordado por el fiscal general, Carlos Adolfo Schaefer, la fiscal auxiliar Tamara Ahimara Pourcel y con Pablo Martín Korol, defensor particular de los acusados.
El juicio abreviado fue homologado con las firmas, “libres y voluntarias” como expresa el fallo al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, de los dos encartados quienes reconocieron el delito en flagrancia y su protagonismo directo. Fundamentado además, con el caudal de pruebas surgidas, como testigos directos, de los efectivos del Escuadrón 47 “Ituzaingó” de Gendarmería, los análisis de los teléfonos celulares y las documentaciones ampliadas respecto a las cargas de oleaginosa que intentaron que no fueran controladas y que aguardaban en la estación de servicio YPF de la ruta 12 a 60 kilómetros de distancia frente al acceso a Itá Ibaté.
Se resaltó en el acuerdo que: “Surge con claridad de las conductas desplegadas que, tanto Darío José Álvez como Liliana González tuvieron el manejo del curso causal de la acción, la decisión del cómo, cuándo y dónde del hecho (…) Realizaron la conducta de ‘propia mano’ con el ofrecimiento de ‘un arreglo’ o dádiva (…) siendo por ello autores penalmente responsables en los términos de lo previsto por el artículo 45 del Código Penal. Coautoría que corresponde aplicar la pena de dos años de prisión para cada uno”.
El próximo 24 en el TOF Posadas
Por “cohecho y asociación ilícita” en el Tribunal Federal de Posadas se espera para el próximo martes 24 de junio el veredicto en el juicio que tiene como acusados a los gendarmes Marcos Antonio Duette (comandante) y el suboficial Ricardo Fabián Gómez (suboficial), ambos exfuncionarios públicos del Escuadrón 9 “Oberá” y vinculados al contrabando de soja a Brasil.
La causa que se inició en 2020 en el Juzgado Federal de Oberá y tiene a ambos encartados como piezas clave para facilitar que camiones cargados con soja llegaran a la costa del río Uruguay en localidades como El Soberbio, para descargar toneladas en bolsas y cruzarlas a la orilla brasileña como contrabando en barcazas.
El miércoles 4 de junio, tanto la querellante en representación de ARCA (ex AFIP), Rossana Beatriz Sienra y el fiscal del TOF-Posadas, Pablo Ricardo Di Loreto, coincidieron en solicitar ocho años de prisión efectiva para Duette y seis años, también de cárcel, para Gómez por los roles oficiados en la organización montada para adquirir oleaginosa y transportarla hasta Misiones con el objetivo delictivo mencionado.
