Hace una semana, el Gobierno nacional sorprendía con la publicación de su Decreto 379/2025 en el que establece una instancia de mediación previa al que pueden recurrir los afiliados descontentos con sus obras sociales o prepagas antes de iniciar un juicio contra éstas.
Si bien la medida aparenta un beneficio para que pacientes y sus familiares tengan una solución más rápida a sus reclamos, en realidad no va a ser más que “una pérdida de tiempo”, según advirtió la abogada especialista en amparos en salud Miriam Medina, porque “si las empresas quisieran arreglar, lo harían desde un principio”.
En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Medina precisó que esta instancia “todavía no está activa”, sino que va a estar vigente en 60 días y además aclaró que “por ahora, y toquemos madera, es optativa”, si bien entiende que vendría a ser “un primer paso” para convertirla en obligatoria en algún momento.
“En el artículo 6 del decreto dice: ‘Aplicación optativa del procedimiento de mediación judicial’, entonces el reclamante va a poder optar si ir a una mediación o no. Pero para mí esto es un paso previo a ponerlo obligatorio, que no es en beneficio de la gente. En temas de salud, una mediación no es en beneficio del paciente sino de las prepagas”, remarcó Medina.
Al respecto, analizó que “si uno está iniciando un proceso es porque la prepaga no cumplió, porque la obra social no cumplió. Es ir a perder tiempo con una prepaga que ya me negó, que ya le llamé por teléfono, le mandé correos electrónicos, les mandé una carta documento. Una mediación prejudicial me parece una instancia burocrática más para alargar mucho una cuestión que, además, estamos hablando del derecho a la salud: no podemos estar esperando que se le ocurra a la prepaga decir que sí: si quisieran cumplir, lo harían de una. Entonces, para mí esto es una ayuda más para que en el futuro sea obligatorio y vos sigas perdiendo tiempo”.
Además, protestó, “cuando uno inicia un amparo de salud, hay un juez, si hay un menor de edad hay un defensor de menores, si hay una persona con discapacidad hay un organismo que controla… Todo esto en una mediación no existe: no existe un juez, no existe un organismo que controle. Habrá un mediador, obviamente, pero no va a tener la preparación que tiene un organismo judicial”.
Medina opinó que si quisieran beneficiar a los afiliados frente a los incumplimientos de obras sociales y prepagas, “podrían invertir más en la Superintendencia de Servicios de Salud y que no demore tanto tiempo en dar respuestas, porque las personas que no pueden contratar un abogado tardan meses en resolver, porque cada vez hay menos presupuesto, están desbordados. Y debería haber más organismos también de acceso a la justicia, donde las personas puedan informarse. Hoy, desgraciadamente, los afiliados, las personas que tienen un problema de salud, no tienen dónde recurrir, cada día hay menos organismos o menos lugares donde asesorarse sobre cuáles son los derechos y qué es lo que se puede hacer. Entonces, si se pensara en la gente, tendría que pensar cómo facilitarle el acceso a la Justicia, no al revés” como ocurre con este Decreto.
Cada vez más reclamos y amparos
Miriam Medina confió a la radio de PRIMERA EDICIÓN que “cada vez hay más reclamos” sobre las prestaciones de salud porque “cada vez hay más incumplimientos. Las prepagas están liberadas, te cobran cualquier cosa, aumentan constantemente y encima no brindan las prestaciones, están haciendo lo que quieren, cubren lo que se les ocurre. Entonces, la gente no tiene otra opción que reclamar mediante un amparo, porque tampoco le rinde los frutos es presentar una nota, presentar una carta documento o denunciar a la Superintendencia”, lamentó.
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