Tras la oficialización de la convocatoria a sesión especial este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados, la oposición busca denodadamente el número que le permita alcanzar el quórum y evitar que se repita el fracaso del 21 de mayo pasado, cuando le faltaron tres legisladores para abrir el recinto.
De esta manera, el nuevo “Grupo A” de la oposición busca tomarse revancha con un temario parecido al de la sesión pasada, pero despojado de dos temas que generaban mucha conflictividad y que terminaron pesando en la decisión de algunos diputados al dejar las bancas vacías en el recinto.
Por caso, la designación de autoridades de la comisión investigadora Libra no está en el temario, aunque no se descarta que pueda ser introducido con una moción. La oposición mantiene esa amenaza latente y podría usarlo como efecto sorpresa en el recinto.
El traspié del 21 de mayo, cuando se intentó nombrar a Emilio Monzó y a Juan Ignacio Forlón para cubrir dos de las tres vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN), abrió un nuevo escenario, un barajar y dar de nuevo en la comisión de Asuntos Constitucionales, que empezó a tratar distintas iniciativas de reforma de la composición y duración de los mandatos en la AGN.
De cara al quórum, el panorama está extremadamente ajustado, tanto para la oposición que quiere abrir el recinto, como para el oficialismo y sus aliados que trabajan para cerrarlo bajo llave.
La última vez la oposición quedó a tan sólo tres legisladores de tener quórum, por lo que esta vez dependerá de la ayuda de algunos gobernadores, que fueron decisivos en la última convocatoria para que se cayera la sesión.
Para tener éxito, la oposición debió ajustar mucho las clavijas en la confección del temario. En la construcción de la agenda para esa sesión, se priorizó dejar contentos y satisfechos a todos los sectores políticos por encima de pensar qué era lo posible de encaminar en ese contexto determinado.
El temario de la sesión
Los temas jubilatorios se dividirán en dos paquetes: uno vinculado a la prórroga de la moratoria (plan de pago de deuda previsional) y el incremento excepcional del 7.2% en los haberes de jubilaciones y pensiones, y en segundo término el aumento del bono complementario y la prestación proporcional a la vejez.
Si bien la incidencia fiscal de la moratoria es muy marginal de acuerdo a los cálculos de la Oficina del Presupuesto de la Nación (OPC), cercano al 0,165% del PBI, el oficialismo quiere frenar con esta práctica de “parches” que considera inequitativa con aquellos trabajadores que aportaron más de 30 años al sistema.
Por estas horas, Unión por la Patria y la izquierda tenían dificultades para reunir una mayoría suficiente. En cambio, las perspectivas de mejoras el bono y establecer un incremento por única vez de los haberes previsionales es favorable.
El Gobierno ya avisó que vetará cualquier modificación que atente contra el orden fiscal, por lo que la oposición ya empezó a pensar una estrategia para alcanzar las dos terceras partes en una futura sesión.
En el temario de la sesión también aparece el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de los montos de los haberes desde el 1 de diciembre de 2023 de acuerdo a la inflación acumulada, y una actualización automática mensual del nomenclador de los aranceles para los beneficiarios.
Desde UxP aseguran que hay “una mayoría amplia” para aprobar el miércoles la ley de emergencia en Discapacidad, y mencionan la posibilidad de que el presidente Javier Milei posteriormente vete la ley.
Más allá de que el proyecto obtenga el número en ambas cámaras del Congreso para ser aprobado, en el caso de que el Gobierno use la facultad del veto, la oposición deberá reunir una mayoría de dos tercios para insistir en su validez.
El año pasado, luego de que Milei vetase las leyes jubilatoria y universitaria, el oficialismo logró blindar esos vetos al conseguir que más de un tercio de los diputados, a los que el presidente denominó “héroes”, levantara una barrera contra dichas iniciativas en una sesión especial.
A diferencia de esas oportunidades, para la oposición ahora hay diputados vinculados a gobernadores -que en aquel momento se alinearon al Poder Ejecutivo- que en esta ocasión apoyarían la emergencia en discapacidad y permitirían superar los dos tercios necesarios para insistir con la ley.
Preocupación oficial por el costo fiscal
Para el Gobierno, la sumatoria de estas iniciativas generan un gasto excesivo que el Estado no puede afrontar y que desestabilizan la sustentabilidad de las cuentas fiscales, que son las tablas sagradas de la Biblia en la consideración libertaria.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía y de allí surgió que el conjunto de estas propuestas tienen un costo fiscal de unos 12 mil millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI.
Sin contar la moratoria, el resto de las iniciativas previsionales, que incluyen el bono complementario y el incremento del 7.2% en los haberes supone un costo fiscal del 1.3% del PBI, según el equipo económico.
Las cifras no coinciden con las aportadas por la OPC, que calculó que el gasto anualizado por el pago del bono supondría un costo de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.
En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.
En relación al aumento de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, junto al fortalecimiento de los prestadores y el presupuesto para el ANDIS, el equipo del ministro Luis “Toto” Caputo calcula que tendría un costo fiscal del 0,3% del PBI.
En este caso, la estimación coincide bastante con la realizada por la OPC, que calculó entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo de la cantidad de altas de pensiones que hubiera.
Fuente: Noticias Argentinas.
