El Gobierno nacional prorrogó hasta el 9 de julio de 2026 la emergencia en el Sector Energético Nacional mediante el Decreto 370/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta extensión incluye la generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como en el transporte y distribución de gas natural y sus sectores derivados.
Además, se prorroga la intervención de los entes reguladores ENRE y ENARGAS hasta la creación y designación del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que unificará ambos organismos.
Argumentan que la extensión de la normativa responde a la persistencia de las condiciones que motivaron la declaración inicial de emergencia en 2023, derivadas de una “herencia institucional, económica y social gravísima”.
Entre los puntos más preocupantes, señalan un sistema económico recaudatorio deficiente, instalaciones envejecidas que compromete el suministro, y la falta de señales claras de mercado para la oferta y demanda. El decreto subraya la necesidad de continuar adoptando medidas para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio energético.
Entre los riesgos que se busca mitigar con esta prórroga están la pérdida de previsibilidad en los flujos financieros del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la interrupción de mecanismos para contener la deuda de distribuidores y la mayor exposición al incumplimiento de contratos con generadores.
Por ello, se destacan acciones pendientes como mejorar la cobertura del costo del gas natural, limitar el aporte estatal solo a usuarios que realmente necesitan ayuda, y finalizar la implementación de medidas para asegurar capacidad suficiente de transporte de gas para demanda interna y exportaciones.
En materia eléctrica, se prevé abordar problemas estructurales como la antigüedad del parque generador, las limitaciones en el sistema de transporte y las deficiencias en la distribución. También se continuará con la reducción progresiva del subsidio al Precio Estacional (PEST), junto con reformas estructurales y la normalización del MEM, que entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2025.
Un eje central de la prórroga es la revisión y focalización del régimen de subsidios energéticos. Actualmente, cerca de 9,5 millones de hogares reciben subsidios en sus tarifas eléctricas, lo que representa aproximadamente el 60% de los usuarios residenciales del país.
El Gobierno avanza en un proceso de recategorización de hogares con subsidios que serán revisados para garantizar que solo los sectores realmente vulnerables mantengan la asistencia.
Asimismo, el decreto contempla la revisión de programas específicos vinculados a subsidios, como el régimen de Zona Fría, que otorga tarifas diferenciales en la Patagonia. También se revisarán los esquemas de ayuda para usuarios vulnerables sin acceso a la red de gas natural (Programa HOGAR), y se corregirá la inclusión indebida de instituciones no elegibles, como clubes y cooperativas, en registros de beneficios.
Fuente: Agencia de Noticias NA
