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Misiones, en el centro de nuevos esquemas fronterizos

La provincia será clave en la implementación del control migratorio unificado entre Posadas y Encarnación y en el operativo de seguridad lanzado por la Nación para combatir el crimen organizado en Bernardo de Irigoyen.

27 mayo, 2025
PLAN GUACURARÍ: El Gobierno reforzó la seguridad en Bernardo de Irigoyen.

PLAN GUACURARÍ: El Gobierno reforzó la seguridad en Bernardo de Irigoyen.

Misiones fue situada estos últimos días en el núcleo de dos decisiones estratégicas de alcance regional: por un lado, el relanzamiento del sistema de control fronterizo conjunto con Paraguay, que tendrá su fase piloto en el paso Encarnación-Posadas; por otro, el despliegue de fuerzas federales y provinciales en Bernardo de Irigoyen, como parte del denominado Plan Guacurarí, destinado a combatir delitos transnacionales.

La primera de las novedades fue oficializada en Buenos Aires, durante la reunión del Foro Especializado Migratorio del Mercosur (FEM), donde las autoridades migratorias de Argentina y Paraguay firmaron un nuevo protocolo que modifica el acuerdo vigente desde 2014.

El documento, titulado “Protocolo Modificatorio del Acuerdo Operativo entre las Autoridades Migratorias de la República Argentina y de la República del Paraguay para la Implementación de Nuevas Modalidades de Control Integrado de Fronteras”, fue suscrito por el director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, y su par argentino, Sebastián Seoane.

El nuevo modelo propone, entre otras medidas, el Reconocimiento Recíproco de Competencias (RRC), un sistema que permitirá realizar un único control fronterizo en lugar de dos. Es decir, en vez de registrar una salida de un país y luego una entrada al otro, se hará una sola detención por persona, con bases de datos integradas.

“Con esta actualización se va a integrar el sistema de manera que, al hacer la entrada a Paraguay, automáticamente se genera la salida de Argentina”, explicó Kronawetter.

Según anticipó, este nuevo sistema se aplicará inicialmente en Encarnación-Posadas a partir de agosto, como plan piloto, y luego se extenderá a Falcón-Clorinda. “Está en proceso de informatización. Trabajamos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación para poner en marcha el sistema antes del Rally Mundial”, agregó.

 

Plan Guacurarí

Mientras se avanza en una migración más coordinada, segura y ágil, el Ministerio de Seguridad argentino activó en paralelo un plan específico en la región noreste. A través de la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la creación del Comando Unificado Guacurarí, que concentrará acciones en la zona de Bernardo de Irigoyen, considerada uno de los tramos más vulnerables de la frontera con Brasil.

Según detalla la normativa firmada por la ministra Patricia Bullrich, se trata de un segmento de 25 kilómetros lineales sin barreras naturales, con múltiples pasos clandestinos y fuerte presencia del crimen organizado.

En particular, se menciona la actuación de bandas locales e internacionales vinculadas al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho, que utilizan la región para contrabando, trata de personas, narcotráfico y lavado de dinero.

“El comando estará conformado por efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, además de la Policía de Misiones como enlace”, indica la resolución. Su misión será coordinar los despliegues de seguridad e inteligencia durante un período inicial de 180 días, con posibilidad de prórroga.

Este operativo se articula con otras acciones similares que se vienen ejecutando en las provincias de Salta y Jujuy, como los planes Güemes y Roca. De hecho, más de 1.900 efectivos del Ejército Argentino fueron incorporados recientemente a la tarea de reforzar el control de fronteras en el norte del país. Para el Gobierno nacional, este despliegue se enmarca en una política de mayor firmeza en materia migratoria y de lucha contra el crimen organizado.

“Argentina fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, declaró el vocero presidencial Manuel Adorni al justificar nuevas exigencias para la residencia de extranjeros, tarifas diferenciales y mecanismos de deportación.

 

Fases

El Ministerio de Seguridad presentó las cuatro fases del Plan Guacurarí, destinado a reforzar la lucha contra delitos federales en la región.

La Fase 1, de planificación, contempla el alistamiento de unidades, capacitación del personal, equipamiento, seguridad en comunicaciones e intensificación de tareas de inteligencia.

Luego llega la Fase 2, que prevé el despliegue de efectivos y medios desde el 22 de enero de 2025.

Posteriormente, será el turno de la Fase 3 donde los controles entre Irigoyen y Dionísio Cerqueira se realizarán todos los días en horarios rotativos, priorizando operativos móviles y reforzando la vigilancia fronteriza en fechas clave.

Finalmente, la Fase 4 contempla el seguimiento y evaluación de los resultados de control; evitarán ser estáticos, motivo por el que deberán primar el dinamismo y la alternancia.

 

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Tags: FronterasMisionesPlan Gucuraríseguridad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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