El juez de Instrucción 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Fernando Luis Verón, citó a ampliar indagatoria a las dos mujeres imputadas por los delitos contra la integridad sexual de dos niñas de 7 y 3 años, hijas de una de las sospechosas. Pero también y a instancias de la fiscal de Instrucción 3, Adriana Marcela Verónica Herbociani, llamó a declarar al novio de una de las señaladas, bajo las mismas presunciones delictivas.
Bajo advertencia de detención inmediata, los involucrados fueron notificados para presentarse en el juzgado de calle Santa Fe casi Rivadavia para la audiencia.
Vale recordar que, ambas mujeres ya fueron imputadas en la causa y se les otorgó el beneficio de la libertad supeditada al expediente y con restricciones de aproximación a las víctimas quienes están bajo la tutela de la abuela paterna desde marzo pasado cuando se denunciaron los hechos, como lo publicó PRIMERA EDICIÓN.
El juez Verón también solicitó nuevas entrevistas con profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) para las dos menores, con nuevas pericias solicitadas para sumar a la causa.
El CMF dispuso que los días 23, 24 y 25 de julio las niñas vuelvan a ser analizadas. También es pertinente agregar que, el 3 de abril pasado, las hermanas relataron ante las peritos forenses las circunstancias, tiempo y lugar en que fueron abusadas. De estos testimonios se amplió la denuncia y surgió el novio o pareja de una de las dos mujeres imputadas en la causa, como posible partícipe de los hechos de abuso.
Fuentes consultadas por este Diario reiteraron que las nuevas pericias a las menores podrían provocar daños psicológicos relacionados con los detalles de revictimización a las que quedarían expuestas.
Abusos
En febrero pasado, los juzgados de Familia 3 y de Instrucción Penal 3 de esta capital iniciaron las investigaciones y trámites luego de las denuncias realizadas por el padre y la abuela de dos niñas de 7 y 3 años que rompieron el silencio y señalaron que desde hace varios meses padecían situaciones de maltrato y abuso sexual en la vivienda que su madre comparte con su pareja en un barrio de la jurisdicción de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní, Unidad Regional X.
La denuncia penal se presentó el 28 de febrero y fue una mujer de 63 años, enfermera y técnica en higiene y seguridad laboral, quien contó lo que sus nietas le confiaron cuando viajaron a Buenos Aires a visitar a su padre de 38 años pocos días antes.
Las dos niñas tenían el cuero cabelludo y parte del rostro quemado por el insecticida que le habrían aplicado su progenitora y la respectiva pareja para combatir los piojos. No solo las menores continuaban con liendres en la cabeza sino que se evidenciaban temor y dolores en el cuerpo. Cuando llegaron a la casa de su padre, la mayor de las víctimas rompió en crisis de llanto y súplicas para no regresar a la casa de su madre porque ya no querían estar en contacto con la pareja de ella, una mujer de 34 años que la sometía a los abusos sexuales.
Al retornar a Posadas, la abuela solicitó una medida de “Protección Integral” para las dos víctimas. Por subrogación legal, intervino la jueza de Familia 1, Lidia Graciela Mana, y se ordenó que la abuela paterna tenga el resguardo de las menores.
A la par, en el juzgado de Instrucción 3 se realizaron las audiencias de indagatoria a las sospechosas y la Cámara Gesell a las víctimas.
La madre de las niñas ya en agosto de 2022 se presentó ante el juez Verón. Por entonces, la suboficial del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) debía responder por las denuncias en su contra por estafar a sus camaradas y allegados con gestiones en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) para obtener viviendas familiares.
Por esta calificación fue aprehendida por orden de Verón y pasó a disponibilidad de la fuerza de seguridad. La detención se produjo a la par que trascendieron los embargos en la Justicia Civil que la sospechosa acarreaba desde 2021 por similares episodios de engaños a terceros con ofertas de viviendas.
Denuncias por “estafas”
Fue una empleada pública provincial quien se presentó en septiembre de 2021 en un juzgado civil de la Primera Circunscripción e inició el embargo al salario de la agente involucrada luego que se negara a devolverle 200 mil pesos que le habría dado a cambio de una vivienda en el barrio Itaembé Guazú.
La hoy investigada e imputada por abuso sexual de sus hijas, antes de las denuncias por estafas, fue ascendida de agente a suboficial (cabo) en 2021, luego que sus calificaciones pasaran de 87.90 en 2019 y 77.90 en 2020, a 100. Y el mismo día de la denuncia penal, 16 de junio de 2022, fue ascendida de auxiliar a integrante del Centro de Atención Integral del Personal Penitenciario (CAIPP).
