El Gobierno de Javier Milei decidió poner fin a la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada tras la polémica por la memecoin $LIBRA. Esta criptomoneda que, promocionada públicamente por el propio mandatario, terminó desplomándose y provocando pérdidas millonarias entre los inversores.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 332/2025, firmado por el presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada en el Boletín Oficial durante la madrugada de este martes.
Según el documento oficial, “el Gobierno considera que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25”. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido datos concretos sobre los resultados de la investigación ni detalles sobre las acciones tomadas por la UTI.
El caso $LIBRA cobró notoriedad el 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei compartió información sobre la memecoin desde sus redes sociales oficiales, generando un furor inmediato. En pocas horas, el valor del token digital pasó de casi cero a superar los u$s5, impulsado por la especulación y el respaldo presidencial.
No obstante, el entusiasmo duró poco: días después, los desarrolladores abandonaron el proyecto sin previo aviso y el valor de la criptomoneda se desplomó casi por completo.
La abrupta caída de $LIBRA dejó a numerosos inversores afectados, quienes denunciaron el episodio como un posible “rug pull”, una maniobra fraudulenta frecuente en el mundo de las criptomonedas, donde los creadores desaparecen tras recaudar fondos.
El escándalo no solo tuvo repercusión local, sino que también trascendió fronteras: en Estados Unidos se presentó una demanda colectiva contra Milei, acusándolo de “promoción engañosa y negligencia”.
La UTI fue establecida a través del Decreto 114/2025 y estaba integrada por especialistas en activos virtuales, delitos financieros y lavado de dinero. Su objetivo principal era esclarecer si hubo conductas irregulares o maniobras fraudulentas en la promoción y el colapso de $LIBRA, así como determinar posibles responsabilidades de funcionarios vinculados al proyecto.
A pesar de la disolución de la unidad investigadora, fuentes judiciales aseguran que la pesquisa penal continuará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Por ahora, no se han publicado informes oficiales sobre las conclusiones de la UTI, ni se ha revelado la identidad de los desarrolladores originales de $LIBRA o posibles nexos con funcionarios del actual gobierno.
Fuente: Ámbito Financiero
