Orlando Ariel Alfonso (56), Francisco Antonio Llorente (64), René Lorenzo Juárez (68) y Bernardino Castor Esquivel (51), los cuatro agentes aduaneros posadeños detenidos el 10 de octubre de 2017 como presuntos integrantes de una organización que facilitaba el contrabando de mercaderías en la cabecera argentina del puente San Roque González de Santa Cruz, serán juzgados a partir del próximo martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta capital.
Los funcionarios públicos fueron escuchados durante casi un año antes de ser aprehendidos por orden de la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata. Se los acusa de haber formado parte de una estructura montada para cometer delitos en la denominada “zona primaria aduanera” con la complicidad de “paseros” y miembros de fuerzas de seguridad, de acuerdo a informes, documentaciones, escuchas telefónicas y mensajes de textos incluidos como material probatorio y que en un primer momento de la pesquisa involucraron como sospechosos a una docena de aduaneros.
La organización operó en el puente Posadas-Encarnación y sus integrantes fueron encartados por los delitos de “asociación Ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho”, en calidad de coautores.
Vale aclarar que en el mismo debate y en virtud de haberse unificado a la causa, también se juzgará la intervención que tuvo el aduanero Orlando Ariel Alfonso, en el procedimiento llevado a cabo el día 13 de agosto de 2017 cuando personal de Gendarmería Nacional secuestró mercadería de origen extranjero sin el aval aduanero, en la rotonda situada a escasos metros de la estación del tren internacional, dentro de un vehículo conducido por Miguel Ángel Jara quien ya acordó un juicio abreviado.
Por este último hecho, Alfonso fue acusado como coautor de “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.
Martes 10/10/2017
Durante la mañana de este día, la cabecera del puente internacional fue copada por efectivos de la Policía Federal Argentina que llegaron hasta allí pero no buscaban descubrir un contrabando, sino a los encargados de frenarlo, los cuatro agentes de la DGA-Aduana sospechados de cobrar coimas a “paseros” para dejarlos ingresar al país mercadería de todo tipo y valor sin aval alguno.
Pero el escándalo no solo ocupó lugar en la cabecera argentina, sino también en la propia sede de la hoy ARCA DGA-Aduana, calles Santa Fe y Colón en el microcentro posadeño, donde se llevó a cabo otro allanamiento vinculado a la investigación. El trabajo se extendió a distintos puntos, entre ellos, las viviendas de los aduaneros y galpones de almacenamiento que serían de los contrabandistas, donde se incautaron productos variados, todos “sin papeles”.
La causa en manos de la jueza María Verónica Skanata derivó en los allanamientos y detenciones y fue resultado de una investigación que se inició a fines de agosto de 2017.
El operativo contó con colaboración de Prefectura con allanamientos simultáneos y la principal sospecha, que deberá esclarecer el TOF-Posadas presidido por Enrique Jorge Bosch (subrogante de Resistencia, Chaco) y los vocales Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Fabián Cardozo, apunta a que los aduaneros involucrados conformaban una organización que se dedicaba a cobrar coimas a los “paseros” para dejarlos ingresar al país mercadería sin aval.
Carriles y vehículos
De acuerdo a las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, se los sindica como quienes digitaban los carriles antes de los controles en el puente para que los automóviles que traían mercadería sin avales no fueran revisados a fondo y continuaran tránsito a los galpones de acopio, entre otros destinos.
En principio, la carátula de la causa fue la de “asociación ilícita, exacciones ilegales, favorecimiento y facilitación al contrabando, y participación en ese delito”, todo agravado por la calidad de funcionarios públicos de los involucrados. Sobre el delito de “asociación ilícita”, el mismo apunta a la existencia de una organización con persistencia en el tiempo y objetivos en común; sobre la “exacción”, en tanto, la misma tiene que ver con “exigir multas deudas o impuestos en nombre del Estado”.
