Uno de los casos de ciberacoso a menores, principalmente a adolescentes varones y estudiantes de nivel secundario, que tuvo mayor repercusión durante los últimos años, fue solicitado que se esclarezca en juicio oral en la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.
Se trata del expediente en el que está encartado un contador público y asesor de Estudiantina de un colegio técnico de esta capital, por corrupción de menores y grooming desde septiembre de 2022 luego de ser denunciado por los padres de una de las posibles víctimas y el rector del establecimiento educativo al que asistía.
La aprehensión y la información sobre esta causa fueron publicadas de manera exclusiva por PRIMERA EDICIÓN y generaron una fuerte discusión sobre la situación de vulnerabilidad de los menores ante los acosadores en redes sociales, entre otras circunstancias.
El fiscal de Instrucción 6 de esta capital, René Germán Casals, solicitó esta semana que el acusado de 39 años responda en juicio oral por las imputaciones de “grooming y corrupción de menores” (artículos 13 y 125 del Código Penal Argentino).
El jueves 23 de septiembre de 2022, el juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, ordenó la detención del sospechoso tras las denuncias por grooming y corrupción de adolescentes, estudiantes secundarios mayormente.
El caso comenzó con la presentación policial y judicial que vinculó al contador con el acoso a cuatro adolescentes y un joven.
Se le habría detectado contacto fluido con adolescentes, alumnos de colegios secundarios de Posadas y jóvenes a los que habría ofrecido dinero a cambio de fotografías de sus cuerpos desnudos.
La denuncia fue encabezada por el director de una escuela técnica y los padres de un menor de 16 años y derivó en la aprehensión del señalado de las sospechas de “grooming y corrupción de menores”.
Como lo adelantó este Diario, de las requisas y rastrillajes que realizó la Dirección Cibercrimen a los perfiles de redes sociales y registros hallados en una computadora portátil y el teléfono celular del sospechoso, se habrían detectado coincidencias de los movimientos de dinero a través de la cuenta Mercado Pago del hoy exasesor en la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) hacia las cuentas de un joven y varios menores que le habrían enviado las imágenes digitales.
En el allanamiento a una vivienda en el barrio San Alberto (jurisdicción de la comisaría Decimoséptima de la Unidad Regional I) a la par de la detención, se incautaron 64 gramos de cogollos de marihuana, de acuerdo a lo certificado por la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía provincial.
Tanto el fiscal de Instrucción 6, René Germán Casals como el juez Balor, rechazaron el primer pedido de excarcelación del profesional de las ciencias económicas. En ese momento, porque podría entorpecer la pesquisa y el expediente, pero principalmente por el riesgo de fuga frente a la gravedad que habrían demostrado las evidencias de “grooming y corrupción”.
También se lo investigó por la presunta utilización de su vínculo laboral-profesional como contador de un boliche posadeño, al que permitía o facilitaba el ingreso de adolescentes varones a bailar sin abonar el precio de la entrada. Se apuntó que, este supuesto favor habría sido una de las estrategias para conocer otros menores estudiantes secundarios.
Como antecedentes en la Justicia misionera de casos y condenas por “grooming y corrupción de menores”, vale recordar los catorce años de prisión que firmó en abril de 2021 (juicio abreviado) un profesor de música de Posadas que fue denunciado en 2015 por la madre de un adolescente de 13 años. Este expediente también se instruyó bajo las órdenes del juez Balor y tuvo amplia trascendencia informativa.
Encuadre legal
De acuerdo al artículo 131 del CPA “será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. En el artículo 125 se destaca que al “que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años”.
