El 22 de abril de 1985 comenzaba el juicio público a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares que condujeron el “Proceso de Reorganización Nacional” en Argentina, acusados por violaciones a los Derechos Humanos.
En las audiencias públicas, que finalizaron el 14 de agosto, declararon 833 personas, entre ellas
exdetenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y represores.
Durante el juicio, aunque no se abrieron los archivos de la dictadura, y menos aún se conoció la identidad de los niños apropiados que nacieron en cautiverio, quedó en evidencia que desde 1976 a 1983 hubo un aparato clandestino de represión.
La clandestinidad de las detenciones, las prácticas de interrogatorios bajo torturas, eliminación física de los detenidos y el saqueo de las viviendas de los detenidos, quedaron expuestos durante el juicio.
El 9 de diciembre del mismo año se dictó la sentencia que condenó a cinco de los nueve integrantes de las juntas militares a penas de prisión, incluyendo reclusión perpetua para Jorge Videla y Emilio Massera.
Roberto Viola fue condenado a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a 8 años y Orlando Agosti a 4 años y 6 meses. Otros cuatro acusados fueron absueltos.
Sin embargo, un año después de finalizado el Juicio a las Juntas, en diciembre de 1986 y ante una enorme cantidad de denuncias contra las FFAA, el Congreso aprobó la Ley 23.492, conocida como de Punto Final, cerrando la posibilidad de nuevos juicios.
Además, en 1987, se sancionaba la Ley de Obediencia Debida, que desvinculaba de los crímenes de la dictadura a los oficiales y suboficiales de menor rango, evitando el juzgamiento de toda la cadena de mandos.
En 2003, se derogaba la Ley de Punto Final y se abría la puerta a nuevos juicios, considerando los delitos de la Dictadura como terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad. La Justicia Argentina lleva desde entonces más de 1.000 condenas a represores.
