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Se le suman causas y problemas: Elías Piccirillo podría ser el cerebro de una estafa al Estado

Acusan al ex-marido de Jesica Cirio de liderar una red que usó el SIRA para obtener dólares oficiales y defraudar al Estado mediante operaciones ficticias.

7 abril, 2025

El legislador liberal y candidato a renovar su banca, Yamil Santoro, junto al abogado José Lucas Magioncalda, presentaron este lunes una ampliación de la denuncia penal contra Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio, a quien señalan como pieza clave en una estructura delictiva que habría defraudado al Estado Nacional. Los delitos que se le imputan incluyen fraude, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La denuncia original, presentada en diciembre de 2023, advertía sobre irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Se investigaba el uso del sistema para obtener dólares al tipo de cambio oficial, que luego se comercializaban en el mercado paralelo. Ahora, con nuevas pruebas, los denunciantes señalan a Piccirillo como el actor central de la maniobra.

Un informe periodístico reciente expuso cómo operaba el esquema: empresas vinculadas a Piccirillo habrían obtenido divisas sin realizar importaciones reales, para luego venderlas informalmente a un precio superior. Esto habría generado un perjuicio millonario al Estado, y violaría el artículo 174, inciso 5°, del Código Penal.

Santoro declaró que “con esta ampliación de la denuncia, queda en evidencia que no solo había irregularidades, sino una organización delictiva que utilizó el Estado como herramienta de saqueo”.

Según la investigación, Piccirillo habría operado con la connivencia de funcionarios de la Aduana y del Banco Central, lo que podría configurar el delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal).

En junio de 2023, Piccirillo adquirió el 19% de las acciones de Valle Fértil S.A., empresa controlante del Banco Sucrédito, con fuerte presencia en Tucumán.

Además, durante un allanamiento en la casa de su suegra, se encontró un documento que registraba un gasto de $206 millones en su casamiento con Jesica Cirio, fondos que habrían salido de una fundación dirigida por él. Estos movimientos podrían ser constitutivos de lavado de activos (art. 303) y enriquecimiento ilícito (art. 268) del Código Penal.

Pero Piccirillo hoy en prisión tendrúa más problemaspor otras investigaciones en curso; más el pedido de medidas solicitadas por la justicia.

Entre las medidas judiciales solicitadas por los denunciantes se encuentran:

Informes sobre la composición accionaria de Valle Fértil S.A. y Banco Sucrédito.

Registros de operaciones de la fundación vinculada a Piccirillo.

Análisis de operaciones cambiarias del Banco Central entre 2022 y 2024.

Investigaciones de la AFIP sobre importaciones asociadas al acusado.

Reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre operaciones sospechosas.

Allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas a Piccirillo.

“Estamos ante un caso de una gravedad institucional sin precedentes. Un entramado de funcionarios y empresarios montó un esquema de desfalco al Estado. Exigimos una investigación profunda y que la Justicia actúe con celeridad”, concluyó Santoro.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el caso podría alcanzar a más figuras del sector público y privado, y revelar una red de corrupción sistémica con impactos severos sobre la economía nacional.

Fuente: Noticias Argentinas 

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Tags: Elías PiccirilloEstadoJésica CirioYamil Santoro
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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