La última medición del Índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) reveló que el 58% de la renta agrícola se destina al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Si bien la cifra representa una disminución respecto a los 64,3% registrados en diciembre de 2024, sigue reflejando una fuerte carga impositiva sobre el sector.
“De cada 100 pesos generados por la producción agrícola, 58 van a impuestos. Aunque hubo una leve reducción en la carga tributaria, sigue siendo un peso significativo para el productor. Si esa mochila fuera más liviana, se fomentaría la inversión, la producción, el empleo y el consumo”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefe de la entidad.
El principal factor detrás de la reducción es la baja temporal de los Derechos de Exportación, comúnmente conocidos como retenciones. Además, una leve mejora en los precios de los granos contribuyó a este descenso.
Sin embargo, la pregunta clave que se hace FADA es qué ocurriría si esta reducción fuera permanente y las retenciones llegaran a eliminarse por completo.
“La baja de impuestos beneficia a todos. Menos presión fiscal se traduce en más inversiones, lo que a su vez genera más producción, empleo y dinamiza el consumo”, destacó Antonella Semadeni, economista del organismo.
Distribución de los impuestos
El informe detalló cómo se reparten los impuestos dentro del 58% de carga tributaria. Los tributos nacionales no coparticipables, encabezados por las retenciones, representan el 57,7%, los impuestos coparticipables el 34,2% y los tributos provinciales y municipales el 7,1%. La incidencia varía según el cultivo.
En el caso de la soja, el Estado se queda con el 62,4% de la renta; en el trigo, con el 72,6%; en el girasol, con el 55,1%; y en el maíz, con el 49,7%.
La alta proporción de impuestos nacionales no coparticipables tiene un impacto en el federalismo fiscal, ya que implica una transferencia de recursos desde las provincias productivas hacia el Estado nacional.
“Si se reducen las retenciones, el peso de los impuestos coparticipables aumentaría, permitiendo una distribución más equilibrada de los recursos entre las provincias”, explicó Semadeni en el informe de FADA.
Costos y desafíos
A pesar de la reducción impositiva, otros factores han amortiguado la caída del índice.
En marzo, los impuestos inmobiliarios rurales y las tasas viales municipales se actualizaron con subas dispares según la provincia, oscilando entre el 20% y el 190%. Estos aumentos, sumados a la inflación, incrementaron la presión sobre los productores.
El costo del transporte sigue siendo un desafío clave. En provincias como Córdoba, San Luis y La Pampa, 2 de cada 10 camiones de maíz se destinan exclusivamente a cubrir los costos de flete, mientras que en Buenos Aires y Entre Ríos la proporción es de 1,5 camiones cada 10.
En Santa Fe, en cambio, el impacto del flete es menor, con 1 de cada 10 camiones afectados.
“Hoy se necesitan menos toneladas de maíz o trigo para comprar una tonelada de UREA en comparación con el año pasado, lo que indica una reducción en la cantidad de producto requerido por cada unidad de insumo”, señaló Semadeni.
Diferencias por provincias
El Índice FADA no es uniforme en todo el país. Mientras que el promedio nacional es del 58%, hay variaciones significativas entre provincias: Córdoba: 59,1%; Buenos Aires: 55,9%; Santa Fe: 55,7%; La Pampa: 57,2%; Entre Ríos: 62,5% y San Luis: 56,1%.
“La diferencia en los índices provinciales se debe a múltiples factores, como los rindes, la estructura de costos y la carga impositiva local”, explicó el economista Pisani Claro.
