La interna dentro del Concejo Deliberante de Garupá, municipio gobernado por Luis “Lucho” Ripoll, sumó un nuevo episodio. En esta oportunidad, el presidente del cuerpo, Miguel Rauber, fue denunciado por el concejal de Propuesta Republicana (PRO), Rodolfo Kuszack, por la presunta adulteración del presupuesto 2025.
Según manifestó a PRIMERA EDICIÓN el edil opositor, el presupuesto aprobado el pasado 18 de diciembre de 2024 en una sesión extraordinaria no coincide con el que recibió el Ejecutivo municipal, ya que se incorporaron cinco nuevos cargos a la estructura del Concejo Deliberante. Kuszack aseguró desconocer esta modificación, ya que no fue tratada en sesión.
“Eso no se habló, no se trató y, al no tratarse, no puede agregarse ni modificarse el presupuesto. Porque sumar cinco cargos implica otra erogación para el Concejo en concepto de pago de personal, ya que son contratos. Ahí está el delito”, advirtió Kuszack.
El edil precisó que radicó la denuncia en la fiscalía N° 6 por el delito de adulteración de documento público, tipificado en el artículo 292 del Código Penal Argentino. Además, afirmó que estos nuevos cargos no figuraban en el organigrama del Concejo y que habrían sido creados exclusivamente para esta ocasión, sin que se especifiquen sus funciones.
“Los cinco nuevos cargos no existían, él los iba a crear. Eran supuestamente nuevos contratos que otorgaría por alguna promesa política, porque no se entiende de otra manera”, señaló.
Entre los cargos incorporados, detalló que dos corresponden a la categoría 21 (la más alta y con mayor salario), otros dos a la categoría 15 (de nivel intermedio), y el último es un puesto cuya función y jerarquía desconoce.
“Lo que se denuncia es la adulteración de un documento público, porque la modificación no se trató ni se propuso en la mesa de debate. Sin embargo, llegó al Ejecutivo con estos cinco cargos que nadie votó”, insistió Kuszack.
Actas cuestionadas
El conflicto no se limita a esta denuncia, sino que Kuszack también advirtió sobre irregularidades en las actas de las sesiones del Concejo. Según afirmó, las dos primeras actas del año no reflejan fielmente lo debatido, omitiendo sus objeciones sobre el presupuesto y las de otros concejales, como “Chelo” Viera y Marina Rodríguez, quienes también habrían señalado modificaciones que no quedaron registradas.
En contraste, la última acta del año, de cuatro páginas, detalla exhaustivamente lo ocurrido en la sesión, mientras que las anteriores apenas superaban media carilla. Para Kuszack, esta disparidad es una clara muestra de falta de transparencia y un intento de encubrir las acciones de Rauber.
“Nuestra honorabilidad quedó manchada con la actitud de Rauber de alterar esto. Porque así parece que todos somos delincuentes. Lo que hizo es un delito gravísimo para la administración pública”, reclamó.
Además, recordó que el artículo 292 del Código Penal establece penas de uno a seis años para la adulteración de documentos públicos, una sanción más severa que la contemplada para documentos privados, cuya pena varía entre seis meses y dos años.
“No sé de qué se trata”
Ante las acusaciones, el presidente del Concejo, Miguel Rauber, aseguró en un medio radial que no tiene conocimiento formal de la denuncia y descalificó a su colega opositor. “El concejal Kuszack es el mismo que el año pasado presentó una comisión investigadora contra el intendente y, a las dos semanas, dijo que no iba a acompañar su propio pedido. También hizo un reclamo de mejoras salariales y luego retiró el proyecto”, apuntó.
Rauber, quien responde políticamente a Rolo Roa (el excandidato que quedó a cien votos de arrebatarle la intendencia a Ripoll en las últimas elecciones), sugirió que esta maniobra podría estar motivada por intereses políticos.
“Si efectivamente hay una denuncia, accionaremos legalmente. Esto no es más que animosidad por el año electoral”, aseguró.
Asimismo, cuestionó la coherencia política de Kuszack y dejó entrever sus dudas sobre su alineación partidaria. “No sabemos a qué espacio responde: al PRO, a La Libertad Avanza, al bullrichismo. Tiene un problema de identidad y ese problema lo está afectando”, concluyó.
Balance desaprobado y sanciones
Semanas atrás, el Tribunal de Cuentas de la provincia había rechazado el balance de la Municipalidad de Garupá tras detectar serias irregularidades en la contabilidad.
Tal situación terminó en un escándalo tras filtrarse, por ejemplo que entre los incumplimientos aparecen pagos irregulares de seguros y obras que figuran como finalizadas, aunque no se pudo comprobar siquiera que iniciaron.
La sentencia trata sobre la rendición de cuentas 2023, la cual expuso un manejo poco transparente de los fondos públicos y por esa razón se establecieron sanciones económicas contra el intendente Luis Armando Ripoll, la tesorera Susana Beatriz Flores y el contador municipal Víctor Hugo Alvarenga.
Cada uno de los funcionarios fue multado con $543.000, mientras que, en conjunto, se les impuso otro cargo pecuniario superior a los $14 millones.
