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El Gobierno anunció la desclasificación total de archivos de la SIDE sobre la dictadura

Además, se condenó como delito de lesa humanidad el asesinato de la familia de Humberto Viola por el ERP.

24 marzo, 2025
Foto temática

Conmemorando el 49º aniversario del golpe cívico-militar liderado por Jorge Rafael Videla, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación total de información relacionada con las acciones de la dictadura, así como la designación del asesinato de la familia del capitán Humberto Viola por el ERP como delito de lesa humanidad.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró que “el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas”.

Adorni también comunicó que los archivos pasarán de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación. El Gobierno actual criticó el manejo anterior de estos documentos: “Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”.

Según la administración libertaria, “estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra”, y por instrucción del presidente Javier Milei pasarán “a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”. Adorni también señaló que, si bien en 2010 (gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) se dispuso la desclasificación de información por decreto, “nunca fue implementado completamente”.

En referencia al atentado contra la familia del capitán Humberto Viola, Adorni explicó que “en el año 2008, la justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda del capitán Viola apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia internacional”.

El Gobierno criticó que “la Secretaría de Derechos Humanos, en aquel entonces conducida por Horacio Pietragalla, remitió una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sostenía que el atentado contra el capitán y su familia no constituía un delito de lesa humanidad”.

Por su discurso, uno hubiera imaginado que en la era K se hubieran desclasificado los archivos de la SIDE 1976-1983. Sin embargo no ¿Que curioso no? El gobierno de Milei es el único que va por la transparencia y verdad completa, caiga quien caiga. pic.twitter.com/tUWq4uYC4k

— Santiago Oría (@Santiago_Oria) March 24, 2025

Bajo la presidencia de Javier Milei “se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70… Para el presidente del gobierno, Javier Milei, el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad”, señaló Adorni.

Argumentó que se trató de “un conflicto armado interno”. Además, se enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer “la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”.

Cabe señalar que, desde diciembre de 2023, la planta de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se redujo en un 60%, y el Ministerio de Justicia avanzó con el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños.

Las declaraciones de Adorni complementan un video emitido por la Casa Rosada, con la participación del escritor Agustín Laje, quien cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos. Mientras tanto, organizaciones sociales y políticas se preparan para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, en un acto que culminará en Plaza de Mayo.

pic.twitter.com/cUo8cFp3up

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 24, 2025

Fuente: Noticias Argentinas

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Tags: Archivo General de la Nacióndictadura cívico-militar en Argentina.Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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