El Gobierno denunció a la jueza, Karina Andrade, que liberó a los detenidos por los incidentes en el Congreso durante la marcha de jubilados del miércoles pasado. La presentación la hizo Fernando Soto, funcionario del ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. Es por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
En la denuncia el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio mencionó la presencia de “grupos organizados de ‘barras bravas’ de diferentes parcialidades deportivas” como “Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, y Los Andes, entre otros clubes”, en la marcha de jubilados al Congreso, el miércoles pasado.
En la presentación se advirtió que “los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”. Mencionaron que estos grupos “incendiaron objetos de la vía pública, una moto policial y un patrullero de las Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías”. Sumado a lesiones a miembros de las fuerzas de seguridad.
Alertaron que estos grupos “actuaron clara y evidentemente en forma organizada, movilizando un gran número de personas que ejercieron actos de violencia de extrema gravedad”. Destacaron que “la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo ‘miguelito’ para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrulleros de las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones”.
Advirtieron que “la organización de la movilización, destinada a provocar disturbios enfrentando a la policía y generar ‘represión’, fueron ejecutados por grupos de ‘Barras Brava’, verdaderas asociaciones ilícitas que utilizan la violencia y la comisión de delitos para sostener sus ‘negocios’. La movilización, orquestada previamente para actuar en forma gravemente violenta, buscó impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional”.
Explicaron que “al evaluar que los delitos denunciados abarcaban la comisión de los delitos de Daño, Resistencia a la Autoridad y Lesiones, investigados en la Justicia de la Ciudad”, consideraron que “la Justicia Federal debería avocarse a la actuación en curso ante esa Magistratura Local, disponiendo la declaración de incompetencia por el sistema de ‘inhibitoria procesal”. Mencionaron que “los hechos allí investigados son un conjunto de acciones directamente relacionadas con los tipos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada”.
Las acusaciones del Gobierno a la jueza que liberó a los detenidos por los incidentes en el Congreso
El Gobierno mencionó entre las acusaciones a la jueza Andrade, que liberó a los detenidos por los incidentes en el Congreso del miércoles pasado:
• “Omitió la aplicación de las normas procesales (que son de aplicación diaria y común en todos los procesos) y ‘se inventó’ un procedimiento propio, por el cual se arrogó la facultad de entrometerse en la facultades del Fiscal, sin conocer el caso y sin tener habilitada la jurisdicción por una controversia entre las partes, otorgando la libertad de los detenidos en flagrancia. Además, la juez no intervino en las actuaciones que estaba labrando la fiscalía, sino que dictó su resolución a través de WhatsApp”.
• “Para recibir los avisos fiscales de detención, la juez (sin que esté previsto en la Ley) armó un grupo de ‘mensajería instantánea’ con la fiscalía y la defensa en turno. Pero fue mucho más allá de ‘recibir’ el formal aviso fiscal del trámite de detenciones por flagrancia, ya que permitió que la defensa (que no fue designada por ningún imputado y por lo tanto, no era parte en el proceso penal de flagrancia), hiciera planteos de nulidad”.
• “La resolución de la Juez Karina Andrade, que rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consistió en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia. Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervención de los representantes de las partes ni a las Personas Víctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las víctimas”.
• “Violando la Ley, omitiendo respetar el principio acusatorio emergente del artículo 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y avasallando el carácter de magistrados de los fiscales, ‘inventándose’ un Código Procesal Penal propio -y todo a través de WhatsApp-, decidió la inmediata libertad de 114 detenidos sin haber siquiera accedido a las actuaciones, sin haber controlado la prueba y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales de los detenidos (los que contaban con frondosos antecedentes por lesiones, atentado a la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos agravados, entre otros delitos). De los detenidos liberados ‘anticipadamente’ (y en forma absolutamente ilegal), muchos de ellos cuentan con antecedentes penales”.
• ”Cuando la Juez Karina Andrade dictó una resolución disponiendo la libertad de los 114 detenidos, sin que su jurisdicción hubiera sido promovida por partes legitimas, pasando por encima del rol de los magistrados fiscales y frustrando en gran medida la pesquisa, incurrió claramente en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento”.
• “La decisión de liberar a los detenidos fue un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología”.
• “Tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de ‘reclamar’ y, por el contrario, son constitutivas de delito”.
Fuente: TN.com.ar.
