El fiscal federal Franco Picardi inició una investigación sobre los hechos de violencia registrados durante la marcha de jubilados realizada el miércoles último en las inmediaciones del Congreso Nacional. En ese marco, requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que aporte elementos de prueba que respalden las acusaciones formuladas en la denuncia oficial.
La investigación surge a partir de una denuncia presentada por el funcionario Fernando Soto, en representación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la delegación de la causa por parte del juez federal Sebastián Casanello. En su requerimiento, Picardi solicitó el acceso a los registros completos de llamadas recibidas en la Línea 134, donde ciudadanos habrían reportado la presencia de integrantes de barras bravas de distintos clubes, presuntamente armados y ejerciendo violencia en la manifestación.
Además, el fiscal pidió documentación sobre los supuestos grupos movilizados que, según la denuncia, no tenían vínculo con la convocatoria de jubilados. En concreto, solicitó pruebas de las agresiones contra las fuerzas policiales, que habrían incluido empujones, golpes, lanzamiento de piedras y el uso de armas blancas y de fuego.
Entre las acusaciones, también se menciona a Leandro Capriotti como el principal organizador de los incidentes, por lo que Picardi exigió al Ministerio de Seguridad información que sustente esa afirmación. Asimismo, reclamó registros sobre la supuesta participación de grupos de barras bravas provenientes de las municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, señalados como responsables de “actos de violencia de extrema gravedad”.
La denuncia del Gobierno sostiene que la violencia fue premeditada y organizada, alegando que los agresores asistieron a la movilización con palos, fierros, cuchillos, armas de fuego y clavos tipo “miguelito” para dañar patrulleros y motos policiales, además de elementos para iniciar incendios.
“Se deben aportar los materiales mencionados en la denuncia para evaluar la veracidad de los hechos denunciados”, concluyó el fiscal en su dictamen.
El caso, que involucra delitos como sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada, sigue en investigación mientras la Justicia analiza las pruebas disponibles.
Fuente: Agencia de Noticias NA
