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INTA: interventores ¡afuera!, por ahora no peligran estaciones de Misiones ni empleos

En el caso local se habló de cerrar las oficinas técnicas de Wanda y El Soberbio, para que sean reabsorbidas, pero nada está decidido.

1 marzo, 2025

Los trabajadores, los gremios, los productores y los representantes de los consejos locales y regionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) lograron frenar el pasado jueves más de 1.500 despidos a través del cierre total de las agencias del organismo. En Misiones, al menos por el momento, dejaron de correr peligro alrededor de 300 puestos de trabajo.

Sin embargo, aunque todavía es posible que se aplique una fuerte “motosierra” dentro del organismo de tecnología agropecuaria, donde el clima sigue siendo de fuerte expectación, otro de los logros alcanzados este jueves por los sectores en lucha es que se logró disolver la “Unidad de consultoría del Consejo Directivo” .

“Se trata de los cuatro asesores provenientes de AAPRESID, quienes fueron contratados por el Gobierno nacional para intervenir al INTA; llegaron con un objetivo claro de influir fuertemente en los consejeros, pero no lo lograron. En este tiempo esas cuatro personas únicamente cobraron el sueldo, muy importante por cierto, y ahora ¡afuera! No van a estar más y es importante poder destacarlo”, dijo a PRIMERA EDICIÓN la secretaria general de APINTA, Seccional Cerro Azul, Silvina Fariza, investigadora del campo de la genética e integrante del equipo de científicos que desarrolló la variedad de maíz Bautista INTA, no transgénica subtropical, desarrollada en la EEA Cerro Azul y reconocida por presentar tolerancia a estrés hídrico y un buen comportamiento a enfermedades.

Con la “motosierra”

“El presidente del INTA (Nicolás Bronzovich) vino con la motosierra, que involucraba el cierre de todas las agencias y el ajuste hacia los trabajadores a fin de dejar únicamente una planta de 4.500 trabajadores y trabajadoras. Por ahora se lo logró frenar, sabemos que con este Gobierno siempre estamos en el aire. Avanzan y retroceden, todo el tiempo, yo creo que no se van a quedar quietos ni conformes. Hay que ver qué va a pasar con los cargos del presidente y vicepresidencia (a cargo de María Beatriz Giraudo), porque son cargos políticos y al no poder cumplir con el objetivo de echar a todos, no sé cuál será el futuro de ellos”, acotó enfática.

A su vez, en medio de la jornada de protestas, el Consejo Directivo Nacional aprobó la propuesta integral de “Adecuación y Fortalecimiento de INTA” presentada por la Dirección Nacional, lo cual, a grandes rasgos significa que ningún investigador quedará sin trabajo, sino que serán reabsorbidos por las estaciones experimentales o agencias más cercanas.

“Si bien no habrá despidos, se cerrará la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), que brinda asistencia a 39 municipios y a la ciudad de Buenos Aires, cuyos empleados serán reabsorbidos. Ninguno de ellos quedará sin empleo, pese a la eliminación de 41 Agencias de Extensión Rural (AER), lo que reducirá la cantidad total de estas unidades a 258”, amplió la científica.

“En el caso de Misiones se habló  de cerrar dos oficinas técnicas (OIT),  en Wanda y en El Soberbio. Fueron propuestas, pero hay que seguir trabajando, porque no se cerró nada con respecto a eso y no hay nada acordado todavía”, dijo.

Y amplió: “También se redefine la Agricultura Familiar convirtiéndose como Producciones Regionales y de Pequeña Escala, con un plazo de 30 días para su adecuación por parte de la Dirección Nacional”.

La resistencia

Desde su asunción, el presidente Javier Milei implementó una política de “motosierra” y de achique al Estado, que lesionó a distintas instituciones, entre ellas el INTA.

“No nos olvidemos que en todo este transitar se aplicaron los retiros voluntarios, las intimaciones a retirarse a las personas que están con edad jubilatoria. Por ejemplo, acá en Misiones nosotros tuvimos cinco retiros voluntarios, que son despidos encubiertos básicamente, y se trata de personas muy instruidas, con mucha capacidad y esos cargos no se cubren más, son una vacancia que perdimos y un atraso para el desarrollo tecnológico”, dijo Fariza.

Y prosiguió: “El programa de pro-huerta de entrega de las semillas para los pequeños productores, eso se terminó. El cambio rural, el programa donde se trabajaba con los pequeños productores, donde se le daba apoyo técnico, apoyo de insumos, se presentaban proyectos de ayuda para los productores, eso se eliminó también. En el medio de todo esto, ya hubo mucha pérdida. No es que salimos airosos de todo esto”, lamentó la dirigente.

Hay que recordar que en este contexto, el 29 de noviembre de 2024 el Consejo Directivo (CD) solicitó a la Dirección Nacional, a cargo del Ariel Pereda, analizar y definir la “adecuación de la dotación del personal óptima” en un plazo de 75 días.

Cumplido el cuarto intermedio, el jueves el Consejo Directivo Nacional, el cual representa el máximo nivel de decisión del INTA se reunió en las oficinas de INTA Central.

Cabe aclarar que dicho CD se compone de un presidente y un vicepresidente (designados por el Poder Ejecutivo Nacional), y un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado, como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, más un representante de la Facultad de Agronomía y otro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales.

En esta reunión la Dirección Nacional del organismo presentó una propuesta que “fue ampliamente consensuada y debatida por directores de centros, dirección nacional y con el acompañamiento de los consejos regionales, cuyo objetivo es lograr un INTA moderno, eficiente y competitivo, acorde a las demandas del Gobierno nacional, pero capaz de continuar potenciando al sector productivo de nuestro país”, remarcó Fariza.

Según explicó a este Diario la propuesta surgió de un análisis pormenorizado de la estructura,  funcionamiento y cuestiones presupuestarias del organismo y concluyó en la propuesta de una disminución de la estructura de las Direcciones y Gerencias de INTA a diferentes niveles; fortalecimiento de la evaluación de desempeño; compromiso de seguimiento de la normativa referida a la gestión del personal; eliminación del total de las Plataformas de Innovación Territorial (PIT) y la disminución de 41 agencias de Extensión Rural, sin perder presencia territorial.

“Por otro lado, se presentó una contrapropuesta por parte del Gobierno nacional a través del presidente del INTA Nicolás Bronzovich quien pretendía un fuerte ajuste para el organismo, el cierre de todas las agencias de extensión rural, los institutos de la agricultura familiar, poner en disponibilidad a más de 1.500 compañeros y alcanzar una dotación del INTA a fin de año de 4.500 trabajadores”.

“Ante esta situación, los gremios Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de todo el país, nos concentramos desde temprano para dejar en claro que en INTA no sobra nadie y le dijimos no a este plan de ajuste. Por lo pronto seguimos con todos los trabajadores adentro, ahora se espera trabajar en la adecuación de las estructuras para si se puede reducir en coordinaciones, en las asesorías”, remarcó la mujer.

Pedido por las 2.000 hectáreas de San Antonio, en pausa

Desde su creación, hace 68 años, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria produce conocimiento, desarrolla tecnologías y crea innovaciones orientadas a potenciar y fortalecer al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial nacional. A partir del pedido del Gobierno, el organismo se enfrentó a un nuevo desafío: un cambio organizacional que implica modificaciones en la cantidad de personal y de las líneas de investigación, así como un incremento en la vinculación con el sector privado.

Sumado a esto, se había avanzado con la venta de los bienes inmuebles, el edificio de calle Cerviño en Capital Federal, 41 hectáreas en Salta. Y en Misiones, la propuesta de desprenderse de las 2.000 hectáreas en el Campo experimental de San Antonio, que al día de hoy, sigue en pausa la respuesta de la Nación al pedido de la Provincia para que el bien se contemple como canje de la deuda que tiene el Estado nacional con Misiones.

“Hasta ahora, con las 2000 hectáreas de San Antonio, por lo menos en lo que es Misiones, no se ha definido qué ocurrirá, lo cierto es que todavía está dentro de esa lista factible de ser rematada”, dijo Silvina Fariza durante la charla con este Diario.

A su vez, el pedido que hizo la Provincia, a fines del año pasado para que la Nación ceda ese predio como compensación de deuda y que no lo remate para poder hacer de alguna manera una suerte de rescate; pero “no hay respuesta al momento”.

Tags: cierres de agenciasDespidosInstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)Intamotosierra en el INTAtrabajadores
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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