En el municipio misionero de Puerto Piray, la relación entre el Poder Ejecutivo, encabezado por la intendente y el Concejo Deliberante se encuentra marcada por una creciente tensión que comenzó a principios de 2024.
Las diferencias políticas, administrativas y de gestión han derivado en una serie de desencuentros que, según los protagonistas, perjudican tanto al funcionamiento de los órganos gubernamentales como a la comunidad en general.
El pasado jueves se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia un veto, por parte de la intendenta de Puerto Piray, Mirtha Lezcano, a una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante del municipio, en la que se reglamentaba el Servicio Público de Transporte de Colectivos de Pasajeros en Puerto Piray.
Según justificaron desde la comuna, el Proyecto de Ordenanza es incompatible con las condiciones del contrato vigente al imponer regulaciones que alteran los términos y condiciones acordados en el contrato de concesión, además de que vulnera los derechos adquiridos de la concesionaria y no pueden ser modificados unilateralmente por una ordenanza sin afectar la legalidad del contrato.
Esta acción por parte del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), evidenció una distancia con un Concejo Deliberante que ya cuenta con disidencias internas entre los bloques que lo componen.
“Nuestra relación con la Intendente y su equipo lamentablemente no es buena, directamente no existe relación, desde hace por lo menos diez meses, desde marzo del año pasado”, indicó el presidente del Concejo Deliberante, Remigio Smith, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
Según Smith, el quiebre en la relación institucional se profundizó cuando el Concejo Deliberante decidió recuperar facultades que habían sido delegadas previamente al Ejecutivo.
“Estas facultades son propias y privativas del Poder Legislativo, y recuperarlas, desde nuestro punto de vista, contribuye a la transparencia y al equilibrio de los poderes del Estado”, afirmó.
Entre las facultades restablecidas destacó la reasignación de partidas presupuestarias, un poder que antes recaía exclusivamente en el Ejecutivo.
“Esto permitía al Ejecutivo disponer de las partidas sobrantes en algún área y destinarlas, mediante una simple resolución, a cualquier otro rubro sin consultar al Legislativo”, explicó.
Sin embargo, Smith denunció que esta decisión generó represalias: “El Ejecutivo ha tomado medidas que solo deterioran la relación entre los poderes. Durante todo el 2024, no abonaron los incrementos salariales a los empleados del Concejo, ni los haberes del asesor jurídico, ni los salarios de la Secretaría del Digesto Jurídico. Tampoco pagaron a proveedores, lo que afectó gravemente el funcionamiento del Concejo”.
Ordenanzas vetadas
Smith también criticó los numerosos vetos impuestos por el Ejecutivo a ordenanzas sancionadas por el Concejo. Estas iniciativas, según el presidente, tenían como objetivo resolver problemáticas de la comunidad y promover la transparencia en la gestión municipal.
“Las iniciativas vetadas iban desde la creación de una Secretaría de Seguridad, impulsada por vecinos preocupados por los hechos de inseguridad, hasta el Parlamento Estudiantil, que buscaba replicar la experiencia de la Cámara de Representantes provincial. También vetaron una ordenanza para la rendición de cuentas de la sobretasa destinada a los bomberos locales, que simplemente buscaba fomentar la transparencia”, detalló Smith.
El veto más reciente y, según Smith, el más perjudicial, fue el de un reglamento para el transporte de colectivos.
“La empresa encargada del servicio ha incumplido reiteradamente con sus obligaciones, perjudicando a los vecinos. Este reglamento buscaba establecer sanciones para frenar estos abusos, pero el Ejecutivo lo vetó, beneficiando a la empresa en detrimento de la comunidad”, enfatizó.
Smith también cuestionó la legalidad de algunos vetos realizados por el Ejecutivo, señalando que fueron emitidos fuera de plazo y sin cumplir las formalidades requeridas.
“Muchos de esos vetos fueron fuera de tiempo y, por ende, los consideramos inexistentes. A pesar de exponer los argumentos jurídicos, la Intendente se atribuye facultades que no le corresponden, como el aumento desmedido de tasas municipales, algo que ya no es parte de sus competencias”, afirmó.
Una defensa del Ejecutivo
Desde el bloque oficialista Refundar, el concejal Cristian Jiménez ofreció una visión opuesta a la de Smith. Según Jiménez, las acciones del Ejecutivo han sido legales y justificadas, especialmente en relación con los vetos a ciertas ordenanzas.
“El municipio vetó las ordenanzas que se extralimitaban en sus facultades para legislar. En algunos casos, pretendieron reglamentar normas dentro de los mismos articulados, lo cual es una facultad exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal”, explicó.
Jiménez también cuestionó la viabilidad de ciertos proyectos aprobados por el Concejo. “Algunas iniciativas no eran aplicables o eran incompatibles con contratos y ordenanzas vigentes. Por ejemplo, quisieron sancionar una norma en septiembre y hacerla retroactiva a enero, algo jurídicamente imposible por principios generales del derecho”, señaló.
En cuanto a la creación de una Secretaría de Seguridad, Jiménez sostuvo que se trataba de una extralimitación del Concejo, ya que la designación de cargos políticos corresponde exclusivamente al Ejecutivo.
Presupuesto 2025
Otro punto de conflicto importante ha sido la discusión del presupuesto municipal para 2025. Según Smith, el proyecto fue enviado al Concejo con dos meses de retraso y sin la presencia de funcionarios del Ejecutivo para brindar explicaciones sobre los destinos de los fondos.
“Aprobamos el monto planteado, que fue un poco más de 6.400 millones de pesos, un 247% más que el año anterior, pero nos opusimos a que se incluyeran facultades del Legislativo en el texto. No cederemos nuestras competencias; queremos trabajar, que es para lo que fuimos elegidos”, expresó Smith.
Por su parte, Jiménez minimizó las críticas y aseguró que el Ejecutivo actuó dentro del marco legal al presentar el presupuesto.
Bloques divididos y un Concejo fragmentado
El Concejo Deliberante de Puerto Piray está compuesto por tres bloques: Refundar, alineado con el Ejecutivo; Juntos Podemos, encabezado por Smith; y el bloque unipersonal Gestión y Trabajo, perteneciente a Juntos por el Cambio.
Esta configuración ha generado un equilibrio de fuerzas en el órgano legislativo, lo que, según Smith, ha dificultado la toma de decisiones.
“En la mayoría de los casos, el concejal de Gestión y Trabajo nos acompaña, lo que me permitió llegar a la presidencia, pero también tenemos muchas diferencias. Es una relación compleja”, reconoció.
Mientras las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo continúan, la gestión municipal de Puerto Piray se encuentra en un estado de incertidumbre.
La falta de diálogo, los conflictos legales y las disputas políticas generan un clima institucional que, según ambas partes, perjudica a la comunidad.
