El gobierno de Javier Milei disolverá de la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Estas competencias serán centralizadas en un nuevo organismo denominado Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
La AGP, que actualmente regula el puerto de Buenos Aires y se encarga del dragado y balizamiento de la Hidrovía, ha sido cuestionada por su desempeño financiero en los últimos años. En 2021, la entidad presentó un superávit de 28 millones de dólares, pero en 2023 registró un déficit de 45 millones de dólares, una situación que generó críticas y motivó su reestructuración.
Bajo la gestión de José Carlos Beni, designado en 2020 por Alberto Fernández, la AGP impulsó medidas como la estatización de la Hidrovía, pero también enfrentó acusaciones por gastos cuestionados y posibles irregularidades. Entre ellas, se destaca la impresión de mil libros fotográficos del puerto por un costo de 34 millones de pesos, bajo la dirección de la gerente general Verónica Piñero. Según la resolución, estos libros serían comercializados a través de un sitio web que nunca llegó a existir.
A pesar de que en la gestión actual se redujo la planta de empleados de 750 a 510, las bajas se enfocaron en trabajadores de planta permanente con años de experiencia, mientras que muchos contratados en la etapa anterior fueron ascendidos. Además, empresas proveedoras vinculadas a denuncias por sobreprecios continuaron operando con el organismo.
