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Examen obligatorio para trabajadores del Estado: preguntas, puntaje y requisitos

Guía Completa de la Evaluación de Conocimientos en la Administración Pública.

5 diciembre, 2024
Imagen ilustrativa

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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó este jueves el denominado “Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, que indica el procedimiento para llevar a cabo la acreditación de idoneidad. Se trata de un requisito que deberán cumplimentar de manera obligatoria quienes quieran trabajar en la Administración Pública Nacional.

Así lo indicó la Resolución 26/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Narciso Fariña.

 

¿Qué es la Evaluación General de Conocimientos y Competencias?

De acuerdo con el reglamento, esta evaluación es un proceso obligatorio para aquellos interesados en ingresar al régimen de empleo público regulado por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su Decreto N° 1421/02. Según el Artículo 2° del reglamento, “la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias es un requisito de carácter previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público”.

Esta medida tiene como finalidad verificar los conocimientos y habilidades esenciales de los postulantes, asegurando que cumplen con los estándares necesarios para desempeñar sus funciones dentro del ámbito público.

 

¿Quiénes están a cargo de esta evaluación?

El diseño, organización y coordinación de la evaluación recaen sobre la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Asimismo, se establece que toda la información vinculada a la evaluación estará disponible en el portal oficial Argentina.gob.ar, promoviendo los principios de “publicidad y transparencia durante el proceso” (Artículo 4°).

 

¿Quiénes deben realizarla?

El reglamento distingue entre dos categorías de aspirantes:

1. Profesionales: Aquellos que aspiren a cargos que requieran un título universitario de al menos cuatro años o un título terciario oficial de al menos tres años.

2. No profesionales: Postulantes para tareas relacionadas con oficios, servicios generales, mantenimiento o tareas administrativas que no demanden títulos universitarios.

Según el Artículo 12, los aspirantes profesionales deberán rendir un examen de 24 preguntas, mientras que los no profesionales responderán 20 preguntas. En ambos casos, la puntuación mínima para aprobar es de 60 sobre 100 puntos.

 

¿Cómo se desarrolla la evaluación?

El proceso es presencial, anónimo y digital. Cada postulante deberá registrarse a través del portal oficial, proporcionando datos personales y solicitando un turno para rendir la evaluación. Una vez asignado el turno, se les enviarán credenciales personales e intransferibles que garantizan el anonimato del proceso. La evaluación tiene una duración máxima de una hora, consta de preguntas de opción múltiple y permite hasta tres intentos por año calendario.

El Artículo 10 especifica que “en caso de no presentarse en el turno asignado o concurrir sin la documentación especificada, la persona será considerada como ausente y no estará habilitada para rendir la evaluación”.

 

¿Dónde se realizan las pruebas?

En una primera etapa la realización de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias tomarán lugar en jurisdicciones, organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional, comprendidas en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los lugares estarán en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Belgrano, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Navarro, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate.

 

¿Qué sucede después de la evaluación?

Los resultados son informados de manera inmediata. Si el aspirante aprueba, podrá descargar un certificado digital en un plazo de tres días, el cual incluirá un código alfanumérico único para su validación. Este documento será indispensable para proceder con los trámites de incorporación al empleo público. Según el Artículo 13, “en caso de resultar necesario, podrá descargarse también un ‘Certificado de Asistencia’ desde el mismo portal”.

 

Implicancias de no cumplir con el reglamento

Los aspirantes que no se presenten, no cumplan con los requisitos o utilicen materiales no autorizados durante la evaluación serán descalificados. Además, el incumplimiento de este proceso impedirá acceder a los cargos que exigen esta evaluación como requisito.

 

Garantías de transparencia

El sistema de evaluación está diseñado para garantizar la imparcialidad. Las credenciales son válidas únicamente para el turno asignado, y las respuestas de los aspirantes solo son identificadas después de la calificación. Esto asegura que los evaluadores no tengan acceso a los datos personales de los participantes, preservando el carácter anónimo de las pruebas.

Con esta normativa, el Estado busca fortalecer la meritocracia en el ingreso al sector público, asegurando que los empleados tengan las competencias necesarias para cumplir con los estándares que los ciudadanos demandan. Además, la publicidad de los procesos y la digitalización representan un avance hacia una administración más transparente y moderna.

El reglamento, establecido como Anexo I del Decreto N° 1421/02, marca un paso significativo en la profesionalización del empleo público, alineándose con las políticas de transformación estatal. Como destacó el Ministerio de Desregulación, “este proceso refleja el compromiso del Gobierno con la mejora continua del sistema público de empleo”.

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Tags: Administración PúblicaEmpleados públicosEvaluación
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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