El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, resolvió archivar la causa iniciada en junio de 2019 contra la exministra Patricia Bullrich, tras una denuncia presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La medida se basó en la inexistencia de delito.
La denuncia señalaba a Bullrich como responsable de un supuesto “plan criminal” que incluía violencia, amenazas, lesiones, homicidios y espionaje ilegal contra comunidades indígenas mapuches, con el objetivo de frenar reclamos territoriales y beneficiar negocios inmobiliarios. Sin embargo, el juzgado determinó que la evidencia recopilada no respaldaba esas acusaciones.
Resolución judicial
La jueza Capuchetti destacó que la investigación analizó una posible estrategia de persecución y estigmatización contra los reclamos mapuches, pero no halló pruebas suficientes para configurar un delito. Según el fallo, las acciones del Ministerio de Seguridad se limitaron a intervenir en casos específicos ya judicializados en instancias provinciales, actuando en coordinación con fiscalías y juzgados competentes.
El escrito señala que las decisiones del Ministerio “no fueron maniobras aisladas” sino parte de un esquema de control estatal que involucró autoridades de distintas provincias y jerarquías. En consecuencia, se descartó la hipótesis de una acción sistemática o delictiva por parte de la exministra y su equipo.
Investigación de múltiples hechos
El expediente, caratulado “Bullrich, Patricia y otros s/homicidio agravado fuerzas de seguridad y otros”, incluyó operativos realizados en la Patagonia. Se evaluaron 13 causas judiciales vinculadas a más de 50 hechos, entre ellos, usurpaciones de tierras, daños a propiedades, amenazas, lesiones, cortes de ruta y las muertes de Rafael Nahuel en Villa Mascardi y Santiago Maldonado en Esquel.
También se consideraron informes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y documentación del Ministerio de Seguridad, generada bajo distintas gestiones.
Conclusión de la jueza
Capuchetti concluyó que, aunque el conflicto territorial entre comunidades indígenas y el Estado persiste, no es posible atribuir responsabilidad penal a Bullrich ni a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad por la falta de pruebas que acrediten su participación en un plan sistemático de violación de derechos.
De este modo, el juzgado dio por cerrado el caso, aclarando que los hechos investigados responden a una problemática estructural más amplia que excede la responsabilidad de las autoridades acusadas.
