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La Procuración dictaminó que ninguna persona puede tener más de dos padres y ahora resuelve la Corte

La representante del Ministerio Público Fiscal defendió la constitucionalidad y el alcance del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación, luego de un caso muy particular.

18 noviembre, 2024

La procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Monti, dictaminó que es constitucional la disposición del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) que establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. El dictamen busca que la Corte Suprema revoque un fallo que permitió la inscripción de un niño, nacido a través de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) con tres padres.

Para la Procuración, no basta con sostener cuál es el interés de los deseos de paternidad de tres personas. Se desconocieron “las graves cuestiones de orden público involucradas” y se omitió “el principio insoslayable del interés superior del niño, que era el que debía primar”.

Ahora, la decisión quedara en manos de la Corte Suprema. Justamente hace casi un mes, el máximo tribunal resolvió por primera vez en una causa por gestación por sustitución. Fue al rechazar la demanda de un matrimonio gay que tuvo un hijo a través de una gestante y reclamaba que se hiciera una nueva partida de nacimiento en donde la mujer no figurara. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que no era posible en base al Código Civil y Comercial. “Es el Congreso de la Nación -y no los jueces- quien debe decidir la oportunidad y el contenido de una regulación sobre el tema, si es que decide hacerlo, pues se trata de una tarea ajena al Poder Judicial”. No había, subrayaron, una cuestión de discriminación porque sería lo mismo para una pareja heterosexual. En disidencia votó el juez Juan Carlos Maqueda.

 

El caso

El bebé nació el 13 de mayo de 2022. En la clínica, la mujer que lo habían tenido en su panza y la pareja que la acompañaba expresaron ante la clínica su voluntad concurrente de llevar adelante un proyecto de reproducción humana asistida de alta complejidad en virtud del proyecto de coparentalidad conjunta entre ellos trazado. El plan de parentalidad de los tres chocó con el último párrafo del artículo 558 del Código en lo Civil y Comercial que dice que “Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación.”

Entonces fueron a tribunales y el 22 de junio de 2022, una jueza decretó la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial. Y mandó a inscribir un bebé con triple filiación en forma inmediata y cautelar en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires.

En este caso, el fiscal y la defensora de Menores recurrieron la decisión. Según sostuvieron, aceptar la posibilidad de que se establezcan vínculos filiales con más de dos personas implica en sí mismo un cambio de paradigma complejo y trascendental con consecuencias incluso metajurídicas. Y advirtieron que todo se solucionaría si recurren a la adopción por integración que –según entienden- se trata de un instituto que facilita una solución conforme a derecho y acorde a sus pretensiones.

Pero la Sala E de la Cámara Civil confirmó la decisión. “Si bien ha establecido que una persona no puede tener más de dos vínculos filiales, no ha contemplado la situación en la cual, junto con la persona que ha dado a luz al niño, concurre la voluntad procreacional de otras dos personas”, se afirmó. El fallo tomó entonces el artículo 562 del CCCN, que establece que en caso del nacimiento mediante TRHA (técnica de reproducción asistida) la filiación es determinada por la voluntad de procrear, sin importar quién aportó los gametos. Los camaristas afirmaron que en la medida en que la ley no provea algún criterio razonable para preferir a uno u otro, no se advierte cómo puede seleccionarse a uno de los interesados sin incurrir en una arbitraria discriminación.

Los jueces Marisa Sorini, Ricardo Li Rosi y José Benito Fajre subrayaron el derecho de todo ciudadano a ser tratado con igualdad ante la ley y a no ser objeto de discriminaciones arbitrarias e injustificadas y afirmaron que el caso no podía resolverse mediante la adopción por integración, ya que “no otorga igual certeza y amplitud respecto de los derechos y deberes parentales”. ¿Por qué? Porque si hay un proyecto conformado por tres personas, hay dos que serán los padres y el tercero sería un padre adoptivo del hijo de su pareja.

El fiscal general ante esa Cámara, Javier Ignacio Lorenzutti, interpuso recurso extraordinario para que se revoque la sentencia, por considerarla arbitraria y que efectuaba una errónea e irrazonable interpretación de las normas constitucionales y convencionales. Dijo que con el argumento respecto a que la cuestión solo atañe al interés de los deseos de paternidad de tres personas se desconocieron “las graves cuestiones de orden público involucradas” y se omitió “el principio insoslayable del interés superior del niño, que era el que debía primar”.

Cuestionó las interpretaciones de “autonomía reproductiva”, derecho a “fundar una familia” y el derecho “de toda persona a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones”. Y entendió que la decisión carecía de fundamentación suficiente ya que aplicaba e interpretaba la norma erróneamente al calificar el caso como “un ámbito en el que debe regir la ‘autonomía individual’ por sobre una materia de evidente orden público familiar y, por lo tanto, indisponible para los individuos”.

Según se informó en la página fiscales, el dictamen sostuvo que la Cámara Civil contempló los deseos de conformar una familia pluriparental de los adultos, sin considerar el interés superior del niño, el cual está protegido por la respectiva Convención y se impone como un principio estructurante en lo relativo a la responsabilidad parental que obliga a diversas autoridades a estimarlo como una consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones, de modo que los niños tienen derecho a que se adopten las medidas que promuevan y protejan sus derechos.

“En orden a contestar la vista que el Tribunal me confiere, pongo de manifiesto que comparto la posición del fiscal general que actúa ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, quien solicita que se revoque la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 558 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales”, señaló Monti en su dictamen. El caso ahora quedó en manos de la Corte Suprema para ser resuelto.

 

Fuente: Infobae

Tags: Corte Suprema de Justicia de la NaciónTécnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA)
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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