El paso de la “motosierra” presidencial para alcanzar mes a mes el superávit fiscal, fue generando polémicas sobre gastos que realiza el Estado en diferentes ámbitos. Es muy conocido que la poca actualización de las jubilaciones, fue tomada como la principal variable de ajuste de la Casa Rosada para lograr la finalidad.
Sin embargo, mucho se habló también de las pensiones por discapacidad que se están auditando, como si el problema del agujero fiscal estuviera en esa prestación.
Entre el discurso político, donde se sostiene que hay muchas pensiones mal otorgadas; que hay demasiados beneficiarios y que muchos trabajan y no deberían percibir ese ingreso, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró un documento para poner claridad a tantos mitos.
El eje central fue recordar que “desde que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene el deber de revisar todas las normas y políticas públicas dirigidas a este colectivo para saldar deudas históricas. Esto incluye avanzar en un sistema de protección social robusto que combata la pobreza y permita su inclusión real y efectiva”.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero, el abogado del programa de Derechos de Personas con Discapacidad de la ACIJ, Eduardo Quiroga, se refirió a los principales puntos tratados en ese escrito.
“Nosotros hemos visto muchas noticias con funcionarios públicos en el último tiempo que no se condicen con estos datos y suele ser el discurso hegemónico, el predominante, el de más repercusión. Lo cierto es que muchas cuestiones no son reales: no hay tantas pensiones mal otorgadas, no son representativas del total”, aseguró.
¿Son excesivas?
Por ejemplo, se dice reiteradamente que hay un exceso de pensiones por discapacidad: “Está basado en información que entendemos es confusa o mal interpretada y muchas veces se difunden, la gente lo cree y no se corresponde con la realidad de lo que pasa con las pensiones y las personas con discapacidad”, indicó.
Para poner en números, la ACIJ calculó que hoy perciben ese beneficio de apenas 170.000 pesos alrededor de 1,2 millones de personas. “Se cuestiona muchas veces como si el número fuera excesivo. Si observamos la población que vive con discapacidad en Argentina, debimos recurrir al censo de 2010 porque el de 2022 no tiene ese dato desagregado. De ese censo surgió que solo el 20% de personas con discapacidad cobra la pensión no contributiva. A priori, no parece excesivo porque todas las personas deberían cobrarlas porque representa menos de un cuarto de las personas con discapacidad que vive en Argentina”, aclaró Quiroga.
Para dimensionar que está lejos del “exceso”, según ACIJ el 12,9% de las personas tenía discapacidad, sobre una población total calculada en 40.117.096 habitantes hace 14 años atrás, lo que equivaldría ya en ese momento a 5.175.105 personas.
“Si bien esta cuestión amerita un mayor análisis, la cifra parece, al menos, poner en duda el argumento según el cual el número de pensiones es desproporcionado en relación con el número total de personas con discapacidad. ¿Por qué sería desproporcionado que un 20% de las personas con discapacidad cobrara una pensión? ¿En relación a qué parámetros? Creemos que desde el Estado se debe dar respuesta a estas preguntas”, sostuvo ACIJ.
Finalmente, respecto a si con el tiempo la cantidad se fue incrementando de manera excesiva, la ONG concluyó que “más allá de la situación actual, lo que también se cuestiona es su incremento en el tiempo. Sin embargo, dicho incremento, o al menos parte de él, responde a razones legítimas, no asociadas a maniobras de corrupción. Hasta 2003, regía un sistema de ‘alta por baja’, que implicaba que solo se podía acceder a una pensión nueva cuando otra se perdía. En dicho año, se decide dejar atrás ese mecanismo a fin de que el número de pensiones responda a la demanda real”.
¿Gasto o inversión?
Respecto al planteo sobre la masa de recursos que se deben destinar anualmente para solventar las pensiones por discapacidad, el referente del Programa de Derecho de Personas con Discapacidad de la ACIJ pidió analizar “cómo entendemos la inversión en políticas de discapacidad. Es un gasto elevado que se invierte en pensiones no contributivas. Estas pensiones van acompañadas del Incluir Salud, un programa de asistencia sanitaria para quienes reciben la prestación no contributiva”, explicó.
A la vez, Eduardo Quiroga advirtió que “cualquier ajuste que el Estado quiera realizar, no debería impactar en población vulnerable y que tienen poco acceso a otros recursos como salud, educación incluso o trabajo como las personas con discapacidad”.
“Hay más personas en situación de pobreza con discapacidad, están sobrerrepresentadas en estos grupos. De ninguna manera es una posibilidad retirarse de la inversión que debe hacer en materia de discapacidad”, sentenció.
Respecto a las prestaciones del Incluir, sostuvo que “vemos que el programa en particular tiene muchas dificultades desde hace bastante tiempo, para cubrir las prestaciones de manera adecuada a las personas con discapacidad. Obviamente que en lugar de quitarle recursos o dejar a personas sin cobertura, el Estado debería potenciarlo e invertir en el programa para mejorar los servicios que provee”.
¿Hay muchas mal otorgadas?
Otro punto abordado por Eduardo Quiroga, abogado del programa de Derechos de Personas con Discapacidad de ACIJ, fue si existen beneficiarios que no deberían serlo.
El referente recordó que “las pensiones se regulan por un decreto de 1997, que establece cuáles son los requisitos e incompatibilidades. Desde que se sancionó, tuvo dos modificaciones en 2023 y ahora se sumó otra que retrotrae los avances que se habían conseguido para alcanzar a más personas. Por ejemplo, establece la nueva modificación que las personas no podrían trabajar, se evalúa su capacidad laborativa, también establece que no debería haber otros sujetos obligados a alimentarlos. Esto fue hace menos de dos meses y que son incompatibles con avances dados desde 1997”.
“Este decreto tiene ya bastante tiempo, 30 años, por supuesto que los requisitos con los que se otorgaban las pensiones comenzaron a ser cuestionados como es la medición de la capacidad laboral, que es discriminatorio”, aseveró Quiroga.
En ese sentido indicó que “la idea de considerar si son válidas o inválidas es discriminatorio porque todos deberían poder trabajar, haciendo los ajustes, adaptando las condiciones para que lo hagan. No se debería considerar que hay personas improductivas o incapaces para el trabajo. Pero se volvió a establecer y nosotros lo cuestionamos desde ACIJ”.
En la nueva normativa nacional se estableció que las personas con discapacidad que tienen a alguien que las mantiene, no deberían percibir la pensión. Sobre el tema, el abogado aseguró que esto “va contra los derechos de las personas con discapacidad a recibir un ingreso que promueva su vida independientes. La modificación somete a esas personas al vínculo económico con otros, como las mujeres víctima de violencia que necesitan ingresos para salir de esa posición; o personas con discapacidad sin acceso a bienes porque se les quita la pensión por tener a alguien que podría ‘mantenerlos’”.
Cabe destacar que organismos internacionales especializados en la temática han instado a Argentina a modificar este tipo de regulaciones y a asegurar un sistema de protección social que garantice plenamente los derechos de este grupo.
A modo de ejemplo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano que supervisa la implementación de la Convención por parte de los Estados, lo hizo en sus evaluaciones a nuestro país en los años 2012 y 2023. En ellas, manifestó su preocupación por la regulación discriminatoria de las pensiones no contributivas, el poco acceso de las personas con discapacidad a este derecho, las demoras existentes en su tramitación, y también por su escaso monto y su insuficiencia para cubrir los costos adicionales de vivir con discapacidad. Por ello, solicitó al Estado que flexibilice los criterios para su otorgamiento, incremente su cuantía y elimine las incompatibilidades con otros ingresos.
Si trabaja ¿no debería percibir la pensión por discapacidad?
ACIJ reveló que con fecha 23 de septiembre de 2024 se dictó el Decreto 843/24, que restableció muchos de los requisitos de la primera regulación, es decir, retrotrajo los avances que se habían conseguido desde 2008 cuando se adhirió a la Convención Internacional hasta 2023.
“Entre ellos, el de acreditar un porcentaje de disminución de la capacidad laborativa (ahora fijado en 66%), que implica un retorno al modelo médico y desconoce la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso al mercado del trabajo, que no depende de porcentajes basados en criterios médicos sino de paradigmas culturales”, denunció la Asociación.
Para Eduardo Quiroga, “lo que se puede analizar es si el monto debería ser el mismo que quienes tienen un ingreso. De pronto podríamos analizar una diferencia entre quienes no tienen trabajo reciban un monto más elevado y las que trabajan o reciben un sueldo tengan otro tipo de pensión o monto menor”.
Y aseguró que “los gastos que tienen las personas con discapacidad por el solo hecho de enfrentar barreras en la vida cotidiana, llevó a la Convención a pedir que el Estado se haga cargo de, por ejemplo, gastos de transporte”.
ACIJ sostuvo que “la discapacidad trae consigo la necesidad de realizar gastos adicionales que no deben realizar otras personas. Por ejemplo, supone invertir en distintos tipos de prestaciones y equipamientos que suelen ser de alto costo (atención sanitaria, ayudas técnicas, asistencia personal, adaptaciones en la vivienda, entre otros) así como precios más elevados que enfrentan para acceder a bienes y servicios que utiliza el resto (por ejemplo, cuotas de obras sociales o empresas de medicina prepaga)”.
Respecto a los ingresos máximos para poder percibir la pensión por discapacidad, Quiroga recordó que quienes tienen un ingreso de más de 4 jubilaciones mínimas, no deben cobrarla. “En caso contrario sí, como compensación de gastos. Entonces, aunque trabajen podrían recibir la pensión, que es un monto de 170 mil pesos, es muy pequeño, es el 70% de la jubilación mínima. Ese monto es insuficiente para desarrollar una vida autónoma, para afrontar los gastos de la vida cotidiana, para ser independientes”, advirtió.
Sobre el mercado laboral, Quiroga indicó que “las organizaciones denunciamos que hay muchas barreras para acceder al mercado de trabajo. Desde las postulaciones ya se encuentran que no son accesibles. Los que ingresan tienen pocas posibilidades de capacitación, ascensos y perciben salarios más bajos por ser considerados menos competitivos. El mercado de trabajo no está preparado para ellos. Es una demanda muy grande y no cumple siquiera el cupo del 4% en el Estado. Siguen muy segregados del mercado”.
Auditorías
Sobre la decisión de auditar a los beneficiarios, Eduardo Quiroga de ACIJ admitió que no logran acceder a resultados de las auditorías: “incluso nosotros consideramos que el Estado tiene la facultad y la obligación de auditar que no se otorguen de manera irregular. En el caso a las personas con pensiones por discapacidad, realizamos un pedido de información pública donde se nos negaron datos de la muestra. No accedimos a esa información”, explicó.
Para el letrado, “el Estado está realizando una auditoría masiva que desconoce los derechos de las personas con discapacidad, que no es accesible, en lugar de hacerlo de manera focalizada. Cuando una persona con discapacidad interviene en un proceso administrativo como es la auditoría, debería contar con ajustes de accesibilidad pero la auditoría desconoce estos principios”.
“Se enviaron cartas documentos como notificación, que no es accesible por ejemplo porque no está en formato braille, está en lenguaje técnico, no está en formato digital para que muchas personas accedan al contenido que ya pone una barrera para su defensa de los derechos”, denunció Quiroga.
